Religión y política

Frente a la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y la subsecuente autorización de ese mismo órgano colegiado para que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos, la reacción de la Iglesia católica mexicana no se hizo esperar. La clerecía se opone a esas disposiciones tachándolas de inmorales. Con esto se ha reavivado la polémica en torno a la relación entre la religión y la política.
    Estamos delante de un tema que ahonda sus raíces en la historia del mundo occidental y, particularmente, en la forma en la cual el cristianismo, no sólo como un conjunto de preceptos teológicos, sino también como práctica política, se abrió paso en medio de la caída del imperio romano.
    La disputa entre los poderes espiritual y temporal se hizo explícita desde el siglo V, d.C, cuando el papa Gelasio I utilizó la figura de “las dos espadas”. ¿Cuál de ellas debía prevalecer sobre la otra? El argumento a favor de la supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal se centró en la necesaria subordinación que a la autoridad pontificia, como representante de Dios, le debían los gobernantes de esta tierra. La tesis gelasiana prevaleció a lo largo de la época medieval; Tomás de Aquino fue uno de los más firmes partidarios de esa postura. En su estudio sobre La monarquía sostuvo: “al romano Pontífice todos los reyes del pueblo cristiano deben ser súbditos, como del mismo Señor Jesucristo”. Y esta jerarquización repercute en los ordenamientos legales. Como se lee en Malaquías (2:7): “Los labios de los sacerdotes guardan la ciencia y en su boca se ha de buscar la ley”.
    El mundo moderno surge cuando se rompe el monopolio político e ideológico de la Iglesia católica. Fueron dos las alternativas de cambio que se presentaron respecto de la antigua ponderación entre la autoridad espiritual y la autoridad civil: o la subordinación de la jerarquía eclesiástica al poder civil (Inglaterra) o la separación entre la Iglesia y el Estado (México). La ruptura del monopolio ideológico de la Iglesia implicó que se dejara de imponer una sola y exclusiva pauta moral a la sociedad y que la ley civil alcanzara la supremacía. De esta forma, la moral dejó de ser mezclada o confundida con la legislación del Estado.
    Fue Immanuel Kant quien distinguió los dos tipos de vínculo que cualquier persona establece en este mundo: de una parte, consigo misma; de otra, con los demás. La ley moral rige la relación conmigo mismo; en contraste, la ley jurídica regula la relación con los demás. Con esta sencilla diferenciación, Kant le quitó un espacio de control tanto a la Iglesia como al Estado que hasta entonces se habían inmiscuido en asuntos de conciencia para juzgar punitivamente tanto a los fieles como a los infieles. Delante de mis actos morales (y sexuales) soy responsable frente a mí mismo; de mis actos jurídicos soy responsable frente a la ley del Estado.
    Veamos lo que sucede hoy en México: al juzgar una ley jurídica, que se interesa por la forma pero no del contenido de la acción regulada, como inmoral y llamar a la desobediencia, la jerarquía católica además de violar la ley civil también pone en peligro la laicidad del Estado. Quiere retrotraernos a épocas ya fenecidas. Es curioso y no carente de significado que, en este intento, los jerarcas eclesiásticos cuenten con la aquiescencia de un gobierno de cepa confesional.

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