La separación de religión y política siempre fue un proceso complejo en Argentina. Los íntimos lazos entre esas esferas se remontan a la colonización española. En la actualidad, la relación de la Iglesia Católica con la Alianza Cambiemos tiene vaivenes. El larvado enfrentamiento entre el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco es un dato conocido. La primera entrevista protocolar entre ambos, celebrada el 27 de febrero de 2016 en el Vaticano, fue un duro golpe para el gobierno.
El pontífice redujo el encuentro a escasos veinte minutos y se fotografió con gesto adusto. Ese “marcado de cancha” se reforzó, unos días más tarde, cuando recibió a líderes de organizaciones sociales. Estos se encargaron de transmitir a los medios un mensaje papal: “ustedes son muy jóvenes y no lo han vivido, pero esto que está pasando en la Argentina lo veo como una especie de revanchismo hacia los sectores populares y los trabajadores, como fue en 1955”.
En ese contexto, la vicepresidenta Gabriela Michetti admitió que la relación con el Vaticano era “bastante complicada”. El 30 de mayo de 2016, el gobierno dispuso –a través del decreto 711/96– una donación de 16.666.000 pesos para la pontificia Fundación Scholas Ocurrentes. La sorpresa gubernamental fue mayúscula cuando el Papa instruyó a sus colaboradores a devolver el dinero porque temía que “comiencen a resbalar en el camino hacia la corrupción”.
Un nuevo encuentro bilateral, celebrado el 16 de octubre de 2016, disminuyó un poco los niveles de tensión entre Francisco y Macri. Más allá de eso, el Papa continuó emitiendo mensajes (carta y rosario bendecido a Milagro Sala, invitación a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó) que disgustaron al gobierno nacional.
El 9 de enero de 2017, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires concedió un subsidio de 15 millones de pesos a Scholas Ocurrentes, algo menos de la mitad de los 31,5 millones que había solicitado la Fundación. El periodista Horacio Verbitsky comentó en el artículo “Doble juego”, publicado en este diario el 26 de marzo pasado, que “ahora queda claro que no le molestó la donación (se refiere a la de mayo de 2016) sino que se publicara que era el precio de la distensión con el gobierno, luego de la gélida reunión con Macrì del 27 de febrero del año pasado, un castigo que le impuso para establecer las reglas del juego que se iniciaba” .
Más allá de esa donación, el financiamiento estatal a la Iglesia Católica (o instituciones relacionadas) continúa siendo muy importante. La Constitución Nacional garantiza el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. Los aportes financieros se cristalizan a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, la ley 21.950 establece asignaciones mensuales para obispos titulares, obispos eméritos, seminaristas, parroquias de frontera y sacerdotes ancianos sin cobertura. El costo mensual total de ese financiamiento es de poco más de 10 millones de pesos. La transferencia de recursos estimada para 2017, por ese concepto, ascenderá a 123.528.000 pesos.
Además, el Estado aporta recursos adicionales para financiar acontecimientos religiosos (viajes pastorales, sínodos, conferencias regionales, tribunales eclesiásticos), tareas de ayuda social realizada por instituciones ligadas a la Curia y subvenciones a colegios privados católicos. Por último, la Iglesia también es beneficiaria de numerosas exenciones impositivas. Los bienes y recursos que recauda el clero están exentos del pago de distintos tributos nacionales y provinciales.
