Hace tiempo que Juan Esquivel viene investigando la relación entre la religión y el sistema político. Sociólogo, se doctoró en la Universidad de San Pablo, Brasil, con una tesis sobre los obispos católicos y la política en la Argentina en tiempos de las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. También ha realizado estudios sobre laicidad y la presencia religiosa en el sistema jurídico y en las políticas públicas. En una entrevista con Página/12 desgranó los principales hallazgos del estudio sobre Religión y política: Influencia de las convicciones religiosas en los y las diputadas y senadoras nacionales.
–Del análisis de la encuesta, ¿dónde se visualiza la presencia del factor religioso en la construcción de la praxis política?
–Se visualiza con claridad en la percepción de los legisladores sobre la influencia de las convicciones religiosas en el colectivo parlamentario. Apenas el 3 por ciento de los parlamentarios considera que las convicciones religiosas de sus pares no influyen en la elaboración de proyectos y en las propias votaciones en el recinto. O en los posicionamientos individuales que se sustentan en valores religiosos, incluso para quienes avalan la aprobación de proyectos ligados a los derechos civiles (recordemos que cuando en 2010 se discutió en el Parlamento el matrimonio entre personas del mismo sexo, las apelaciones a la Biblia, a Jesús y a otras referencias religiosas estuvieron presentes tanto por quienes se oponían, como por quienes defendían la iniciativa); o en la lógica parlamentaria, no ajena a las redes de sociabilidad y de influencia de las instituciones religiosas, que explica la disonancia entre las posturas individuales y las percepciones colectivas.
–Pareciera que es más fácil que leyes resistidas por la Iglesia Católica pasen el filtro del Congreso que el de los gobernantes provinciales. Un ejemplo es la resistencia en algunas jurisdicciones a cumplir con la Ley Nacional de Educación Sexual.
–La brecha existente entre la aprobación de normativas en el campo de la salud, familia y educación que amplían los márgenes de ciudadanía y el grado de aplicación de las mismas advierte la mayor eficacia de la influencia de los poderes religiosos sobre los poderes ejecutivos locales que sobre los ámbitos parlamentarios nacionales, fundamentalmente cuando los debates asumen un carácter público. Este desfasaje o dislocación entre normas vigentes y el retraso de su reglamentación o implementación abre nuevas líneas de indagación sobre la cultura dominante en la gestión de lo público.
–¿Le resulta llamativo el contacto frecuente entre líderes religiosos y parlamentarios, tal como surge de la encuesta?
–Los legisladores fueron consultados sobre si habían entablado encuentros con líderes religiosos en su condición de parlamentarios en el último año y sobre las causas que motivaron tales reuniones. Apreciemos aquí la naturalización del vínculo entre lo político y lo religioso a la hora de abordar cuestiones de políticas públicas. Los encuentros estuvieron motivados por la definición de los contenidos de educación sexual en colegios públicos; la discusión en torno del matrimonio entre personas del mismo sexo; informar de la agenda legislativa en temas de interés de la Iglesia, acciones conjuntas, temas sociales y pobreza. En la tradición política argentina, la búsqueda de legitimidades en el campo religioso está registrada como parte del ADN de la praxis política. No sólo en períodos preelectorales; la forma de organizar la política pública contempla en sus instancias de intermediación las estructuras religiosas presentes en los barrios.
La esfera privada y lo público
“¿Por qué piensa que a pesar del insistente lobby de la Iglesia Católica hay una escasa influencia de la doctrina católica sobre el posicionamiento político de las y los legisladores, según surge de la encuesta?”, le preguntó Página/12 al investigador Juan Marco Vaggione, codirector del estudio sobre “Religión y Política: Influencia de las convicciones religiosas en los y las diputadas y senadoras nacionales”.
–Es posible hipotetizar sobre dos situaciones coexistentes en las formas de negociación de las creencias religiosas por parte de los y las legisladores/as que podrían explicar esa situación. En primer lugar, en ciertos parlamentarios existe un proceso de “privatización” de las creencias religiosas, ya que aunque pueden identificarse con una tradición como la católica en su vida privada, esto no implica que defiendan estas creencias en su rol como legisladores. Este modelo implica una clara distinción entre lo religioso y lo político, siendo el espacio legítimo para lo religioso la esfera privada. En segundo lugar, junto a esta privatización de lo religioso, es también importante hipotetizar que existen legisladores/as que aunque se identifiquen con una tradición religiosa conservadora como la católica pueden, desde sus mismas creencias, apoyar reformas legales favorables a los derechos sexuales y reproductivos. Así quedó demostrado en el debate por el matrimonio igualitario cuando diversos senadores y diputados citaron sus creencias religiosas (mayoritariamente católicas) en defensa de una reforma legal que contradecía la postura oficial de la Iglesia. Este tipo de articulación pone en evidencia: a) la distancia existente entre la postura de la jerarquía religiosa y la reconstrucción por parte de los fieles y b) que la influencia religiosa en la política sexual es compleja y que, sin desconocer que suele tener consecuencias conservadoras, también puede ser un factor favorable al cambio social y legal necesario para la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.
Tensiones por el aborto
El inicio del debate en torno de la despenalización del aborto en noviembre en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados mostró las tensiones que genera el tema. La discusión quedó pendiente. Las mismas tensiones surgieron en la investigación del Conicet sobre la influencia de las convicciones religiosas en las decisiones parlamentarias. Entre las 23 preguntas que les hicieron a los y las legisladoras, se incluyó la siguiente: si en la próxima sesión se presentara un proyecto de ley que despenalice al aborto en las primeras doce semanas de gestación, ¿cómo votaría usted? El 64 por ciento respondió que votaría a favor. Pero hubo otras preguntas que indagaron sobre el posicionamiento frente a la despenalización del aborto. En esas respuestas surgieron contradicciones en las propias posturas de los legisladores. Por ejemplo, un 30 por ciento dijo que aunque está de acuerdo con la despenalización, no la votaría.
“Independientemente de si consideran correcto o no que la religión ejerza un papel preponderante en la actividad legislativa, la mayoría de los legisladores encuestados afirmó, de manera contundente, que las convicciones religiosas influyen en los contenidos de los proyectos legislativos. Esta percepción generalizada de la influencia de la religión limita la posibilidad de avance en algunos proyectos ligados a la ampliación de derechos en materia de sexualidad y reproducción”, consideró la becaria del Conicet Gabriela Irrazabal, docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y parte del equipo de investigadores que llevaron adelante el estudio. A su entender, el caso de la despenalización del aborto “ilustra las tensiones entre la percepción de pertenecer a un cuerpo de representantes con una alta influencia religiosa y las propias convicciones personales de los legisladores”.
La imagen de la Virgen
Con la llegada del diputado Julián Domínguez a la presidencia de la Cámara de Diputados, se instaló en el recinto una imagen de la Virgen de Luján, según reveló la Coalición Argentina por un Estado Laico (CEAL), uno de cuyos referentes es Fernando Lozada, de la Asociación Ateos Mar del Plata. En una carta enviada a Domínguez en diciembre, la CEAL expresó su “preocupación” e “inquietud” por la novedad y le solicitaron que esa imagen sea retirada por violar “el principio de neutralidad religiosa del Estado y el principio constitucional de igualdad y no discriminación respecto del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia”.
En la carta, la CEAL le señaló a Domínguez que “la tradición de nuestro país es laica, democrática y se basa en los valores republicanos de libertad e igualdad. Existen suficientes antecedentes históricos, criterios doctrinarios y jurisprudenciales que evidencian que la Constitución Nacional no adopta religión de Estado, ni religión oficial alguna”. Más adelante, la entidad advirtió al presidente de la Cámara que “los símbolos religiosos como el de la Virgen de Luján representan a sólo un sector de la población argentina”. “Entronizar una imagen que alude a un culto que se opone firmemente a varias de las leyes que actualmente se encuentran en debate dentro del Congreso de la Nación Argentina puede leerse como un mensaje coercitivo, por lo tanto el Estado deja de ser equitativo y no protegería así a las minorías del daño que puedan causarle las decisiones o actos de las mayorías o de los poderosos”, consideró.
