Apuntes sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) desde el prisma religioso. De nuevo, otra ocasión que pasa sin que se atienda al meollo del asunto, que son los privilegios de la Iglesia y de sus adláteres en este país.
Tal cual rebaño congregado por su pastor, la grey catolicona, apostólica y romana ha tomado de nuevo las calles para balar al unísono desde sus vehículos, a golpe de bocina, contra una hipotética desaparición de la religión en la escuela, los colegios privados-concertados y los colegios de educación especial, y al grito de “¡Dios lo quiere!”, traducido en un berreante “¡Libertad, libertad!” que suena a miel en la boca del asno, amenaza con encender la hoguera donde quemar a masones, herejes y precitos, enarbolando la bandera de un conservadurismo político y terruñero que mezcla, en un totum revolutum, a nostálgicos neofranquistas, pijos liberales de la cosa económica y patriotas de banderita en el balcón, unidos ahora ante la amenaza de la hecatombe educativa.
Obcecados, obnubilados, ciegos y movidos por la ira divina, a la voz de sus obispos, de ciertos medios de comunicación que huelen a clerigalla y de la patronal del negocio de la privada-concertada (llamémosla así, pues no deja de ser privada que chupa de la teta pública), claman en el desierto de su ignorancia sin apenas haber leído un resumen de una ley que no es ley, sino reforma de otra ya existente y que mantiene, con muy escasas variantes que no vienen a suprimir nada, los privilegios y el derecho de pernada que la Iglesia goza sobre la educación en España.
Como ya ha denunciado Europa Laica, la reforma de la reforma de la ley de educación mantiene a la religión en el horario lectivo, es decir, no la saca de la escuela, segregando al alumnado desde los tres años, pues obliga a diferenciar a unos alumnos de otros en función de sus creencias religiosas, entre quienes las tienen (de diversas confesiones) y quienes no las tienen, una segregación que se mantiene a lo largo de todas las etapas.
La única novedad que se introduce y que no es tal, es que de nuevo la religión deja de ser evaluable, tal y como sucedía antes de la Ley Wert, y se suprimen las asignaturas espejo: no es obligatorio cursar otra asignatura si no se cursa religión, algo que, a la larga, hace difícil cuadrar el horario lectivo entre quienes asisten y quienes no a la materia de religión.
La reforma de la Ley no cuestiona en ningún momento el concordato, aquellos tejemanejes cuasi preconstitucionales que firmó la Iglesia franquista con los llamados “padres” de la Transición, ni amenaza la supervivencia de los colegios privados-concertados, a los que considera “servicio público” y refuerza como modelo dual educativo. Por último, reafirma en su puesto al profesorado de religión, los “delegados diocesanos” designados por el obispado y pagados con dinero público, un elemento más que extraño en la escuela pública tanto por el régimen de contratación al que se acoge como por el de selección mediante el que opta, sin haber pasado oposición pública alguna. En cuanto a la simbología religiosa, fundamentalmente católica, se sigue permitiendo en los centros educativos como seña de identidad de la misma, mientras el laicismo como valor educativo, duerme el sueño de los justos. De hecho en el texto de la ley en ningún momento aparece esta palabra o alguna de sus derivadas.
En lo que toca a la región extremeña tenemos religión en la escuela para rato, con unos gobernantes políticos que se declaran fervientes católicos y defensores de la fe, beatos de capilla y relicario y amigos de acudir a procesiones, rogativas y misas solemnes, en compañía del señor obispo, curillas y esclavas del Señor. Basta con verles en semejantes ceremonias, donde se les hace el culo pepsicola, para adivinar el percal del que están cortados y a quien sirven.
No en vano en Extremadura el 86,9% de la población escolar menor de 12 años cursa religión en la escuela. Somos la segunda región española con mayor número de estudiantes religiosos en primaria, después de Ceuta, mientras que en la secundaria nos llevamos la palma: somos los primeros, con un 87,7% del alumnado cursando religión en las aulas (Informe Ferrer Guardia 2020 sobre educación laica en el Estado español). No es de extrañar que estos índices se correspondan con aquellos que señalan a la región extremeña como la comunidad autónoma donde menos se lee.
De nuevo otra ocasión que pasa sin que se atienda al meollo del asunto, que son los privilegios de la Iglesia y de sus adláteres en este país. Atrás quedó —en agua de borrajas— la PNL que los grupos parlamentarios que respaldan esta nueva reforma ya aprobaron el 18 de febrero de 2018, en la que exigían al Gobierno “garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar”.
Donde dije digo…digo Diego.
Chema Álvarez Rodríguez
