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Religión: “El Estado debe ser neutral”

Durante el reciente debate sobre la despenalización del aborto, se pudo advertir que se volvía sobre la discusión y la necesidad de separar la Iglesia del Estado, y se fomentó fuertemente la apostasía. “No cabe seguir aceptándose en estados democráticos y republicanos, religiones que intervengan en asuntos públicos que justifiquen o rechacen proyectos políticos”, sostiene Ricardo Cheli, quien a su vez plantea que el Estado por esencia debe ser “religiosamente neutral” pero “sin apoyar ni financiar a ninguna en especial”.

El profesional, en diálogo con LA ARENA hizo una larga reflexión acerca de la relación Estado e Iglesia y expresó que debates como aquel que se dio en los últimos meses deben ser “dados en un ámbito democrático, plural e igualitario sin presiones confesionales para que el Estado y sus Gobiernos, legitimados por la soberanía popular, puedan aplicar las políticas públicas correspondientes”.

-Usted se pronuncia por un Estado laico.
-El Estado laico es el único que garantiza que la ciudadanía pueda desarrollar el plan de vida que considere más apropiado para sí. Durante el tratamiento del tema del aborto, la discusión sobre la separación de la Iglesia del Estado estuvo fuertemente presente, fomentando la apostasía. Se representó con pañuelos naranjas, que se replicaron luego de que el Senado de la Nación desestimara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Aborto seguro y gratuito.

-La Iglesia influye a veces fuertemente en temas que después terminan siendo controversiales.
-Sí, la Iglesia se ha opuesto a todas las iniciativas de reconocimiento y ampliación de derechos, como el voto femenino, el divorcio vincular, el matrimonio civil y el igualitario, la identidad de género, la fertilización asistida y la legalización del aborto. El Estado laico es el único que garantiza que la ciudadanía pueda desarrollar el plan de vida que considere más apropiado para sí.

-¿Los medios qué papel juegan?
-Hoy en los medios, en un altísimo porcentaje, los temas en exposición son los vinculados a la involución de la economía y sus derivados y los procesos judiciales que involucran a la dirigencia política y empresarial. Pero es cierto que a la gente, más allá de su preocupación para solventar su subsistencia, en gran medida le interesan menos esos debates y su mira está puesta en la defensa y protección de sus derechos por los que militan en el espacio público y, entre ellos, los que se vinculan con las libertades individuales.

-Una suerte de respuesta de la sociedad.
-Claro, se trata de una reacción social frente a la inoperancia estatal que avasalla sus derechos personales y a la declinación del poder judicial como garante de su ejercicio. Ese fenómeno social, en el indicado marco, se ha potenciado con el debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde sin banderías políticas de por medio y sólo atraídos por la naturaleza del derecho en juego, millones de personas se movilizaron a lo largo y ancho del país. El eje de esa controversia tuvo de un lado a quienes apoyaban la sanción de la ley reclamando por el derecho a decidir en el marco de un tema de salud pública derivado o no de un delito; y por el otro a quienes se oponían -en franca confusión de moral y derecho- y, cambiando el eje de la discusión dilemática, alegaban en favor del derecho a la vida, respecto del cual nadie está en contra.

-Considera que se condicionó a los legisladores.
-Se logró que los legisladores, olvidando su condición representativa del pueblo todo, se vieran impelidos a rehusar su sanción por virtud de la presión de distintas iglesias -en su mayoría cristianas católicas- que los ponían en situación de verdaderos homicidas enrostrándoles una hipócrita violación al derecho a la vida.

-¿Y las mujeres desamparadas que apelan a una práctica clandestina no corren riesgos?
-Se omitía deliberadamente considerar que al mismo tiempo (quienes no querían la legalización) permanecían indiferentes frente al sufrimiento inútil de los sectores más vulnerables y el desamparo legal que tal imposición moral provocó, provoca y seguirá provocando a miles de mujeres compelidas a someterse obligatoriamente a la práctica clandestina del aborto, con riesgo de muerte. Y ello sin perjuicio de liberar el oscuro negocio de quienes, médicos o no, atienden tales prácticas. Peor aún, como resultado de esa postura dogmática, pretenden que los comportamientos que la religión considera inmorales o pecaminosos sigan siendo tratados como delitos por parte del Estado.

-Digamos que no hay respeto al disenso.
-El fin del Derecho no es ofrecer un brazo armado a la moral, solo los Estados Laicos garantizan el respeto a la igualdad en la diversidad y la convivencia pacífica entre quienes tienen distintos planes de vida y distintas opiniones. Una sociedad democrática supone un ámbito de tolerancia y respeto al disenso y al libre pensamiento, en el cual los sujetos puedan desarrollar sus vidas como portadores de sus propias y singulares ideas y convicciones. Por eso si nos golpeamos el pecho invocando nuestra calidad de demócratas, las decisiones de los poderes del Estado no se deben tener como fuente legitimadora de dogmas o elementos sustentados o extraídos de la religión, sino que la fuente de legitimidad última debe ser la voluntad popular.

-Pero hubo una arista impensada: se disparó una andanada de apostasía colectiva.
-Fue como un bumerang… Esa conducta, francamente interventora de las jerarquías eclesiásticas, en un tema que se vincula a una política de Estado en materia de salud pública y de legislación penal, reinstaló en la opinión pública el tema de la separación entre Iglesia y Estado y, como consecuencia disparó una andanada de apostasía colectiva. Hizo que miles de bautizados hayan renunciado a la creencia religiosa y, en particular, a la Iglesia Católica, que además, al igual que otras iglesias o cultos, hoy en todo el mundo, están atravesadas por una crisis moral derivada de cientos de denuncias de abusos y violaciones de menores por parte de sus sacerdotes o pastores que, en su mayoría, se ocultan al conocimiento público.

-Entonces el Estado debe ser neutral.
-Por esencia debe ser laico secular o aconfesional o religiosamente neutral en cualquiera de sus versiones.. O sea admitiendo todas las religiones, con amplia libertad de cultos como todo derecho humano y tal como está regulado por la Constitución Nacional, pero sin apoyar ni financiar a ninguna en especial. Así está plasmado en más de 140 constituciones de los distintos Estados del mundo, entre las que se pueden citar por proximidad territorial, idiomática o histórico afectiva, la de Chile, Uruguay, México, Perú, Paraguay, Cuba, Brasil España, Italia, donde las tres primeras tienen más de un siglo, desde que lo dispusieran en sus textos.

La “ética religiosa” que no respeta.
Para Ricardo Cheli sostener el Culto Católico tal como lo prevé la Constitución Nacional, vuelve a estar en discusión. Mencionó como “un arma de doble filo la victoria pírrica de los pañuelos ‘celestes’ en el reciente debate”, que “preanuncia un nuevo desafío para la Iglesia Católica argentina que históricamente ha exigido la imposición de criterios morales en los temas de familia, educación y hasta políticos”.

Recordó que la Iglesia se opuso en 1884 a la educación laica, al matrimonio civil que se rigió por la ley canónica hasta 1888, a las luchas femeninas contra el patriarcado y al voto femenino hasta 1947; y luego a la legislación sobre divorcio en 1954 y su reedición en 1987, y también a las leyes de educación sexual integral en 2006 y a la de matrimonio igualitario en 2010.

El profesional apuntó que lo mismo pasó en la reforma constitucional de 1994, que “si bien eliminó las referencias al Patronato y asimismo suprimió la evangelización de los aborígenes como un mandato institucional y el requisito de pertenencia al catolicismo para ser presidente o vicepresidente de la Nación, mantuvo ese privilegio como el establecimiento del Catolicismo como religión oficial del Estado Argentino”.

Cheli puntualizó que la función del Estado “es garantizar derechos y libertades, entre ellas la libertad religiosa, pero no es función del Estado dar catecismos religiosos. Un Estado no es neutral en asuntos éticos, tiene su propia ética, la ética pública. Y cuando un Estado asume una ética religiosa no respeta a la pluralidad de sus ciudadanos en relación con la libertad de cultos y de conciencia”.

“Al César…”.
Explicó que “Estado e Iglesia tienen ámbitos diferentes, misiones diferentes, tal como lo sostiene el propio texto bíblico ‘Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’. Esta reflexión atribuida a Jesús por (Mateo 22, 15:21) señala claramente la imprescindible separación del Estado de la religión. Lo que pertenece al César, en el contexto del debate, son los símbolos del poder político y económico y que se expresan en las ideologías y esto nunca puede ser absoluto ni sacramental. El hombre podrá participar de estas realidades, pero no como individuo portante de una creencia religiosa, sino con espíritu crítico del ser político-social que es, como lo sostiene la filosofía Aristotélica”.

Reflexionó diciendo que no cabe seguir aceptando en Estados democráticos y republicanos, religiones que intervengan en asuntos públicos que justifiquen o rechacen proyectos políticos, pues las esferas de influencias son –como dice la sentencia bíblica– absolutamente diferentes”, concluyó.

El marco del debate.
El abogado Ricardo Cheli afirma que “el marco de tolerancia y respeto, de no discriminación, de igualdad y de autonomía personal que nos da la Constitución debe garantizar que los debates que exigen la sociedad y la realidad sean en un ámbito democrático, plural e igualitario. Sin presiones confesionales para que el Estado y sus Gobiernos, legitimados por la soberanía popular, puedan aplicar las políticas públicas correspondientes –relativas a la salud sexual y reproductiva, a la prevención de la mortalidad materna, al aborto o muerte digna, por citar algunas–, sin bloqueo por parte de actores que se amparen en razones religiosas”.

En ese sentido, el letrado añadió que “es la condición fundamental para asegurar una verdadera Libertad de Conciencia, que tiene jerarquía constitucional como valor superior encarnado en el conjunto de los derechos humanos”.

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