Religión contra educación

En la Religión los asuntos de Dios son asuntos del Diablo. Viene el comentario con lo sucedido en la comunidad de Nueva Jerusalén del municipio de Turicato, en el hermano estado de Michoacán en el que se han venido suscitando hechos que atentan contra el estado de derecho y violan los más elementales preceptos constitucionales de derecho a la educación. En su seno convergen 2 corrientes un grupo religioso –católicos radicales- no reconocidos por la Iglesia Católica quienes se oponen a la impartición de la educación laica ya que solo apoyan a su escuela parroquial, esta facción el 6 de Julio pasado incendió y destruyó las instalaciones de las dos únicas escuelas oficiales de la comunidad y otra facción denominados los “laicos” que sin ser propiamente “laicos” están en desacuerdo con los radicales y a favor de la educación oficial.

Siempre los terrenos y temas de la religión han sido de los más delicados, nada tuvieran de extraordinarios los hechos en mención si no se estuvieran violando los derechos de terceros consagrados por nuestra Carta Magna violentando con ello, preceptos constitucionales tales como: El artículo 3º. Que habla sobre el derecho de la educación; el artículo 24º. El cual garantiza la libertad de creencias estableciendo que la educación será laica y se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; El artículo 31º. Que obliga a los mexicanos en su fracción I hacer que sus hijos concurran a las escuelas, además caen en lo mencionado en el artículo 16 que entiende como delincuencia organizada aquella organización de 3 o más personas que se unen para cometer delitos en forma permanente o reiterada (Tal es el caso). En total, la actitud beligerante, antipatriótica y anticatólica de estas personas, ha causado malestar general en todos los mexicanos. El gobierno Michoacano, en una forma civilizada de llevar las cosas en paz, ha tolerado en demasía la actitud adoptada por estas personas convirtiéndose con ello en cómplice de tales acciones. La actitud retadora de este grupo faccioso podría desatar graves consecuencias, acordémonos de que cosas parecidas en otras latitudes terminan en suicidios colectivos o pudiera darse lo escrito por el dramaturgo español Lope de Vega Carpio en su obra de “Fuenteovejuna” donde el pueblo habiendo tomado la justicia por su propia mano y a la pregunta de, ¿Quién mato al Comendador? Al unísono gritaron “Fuenteovejuna Señor”, por lo que el Estado deberá garantizar la integridad física de todos los pobladores de la Nueva Jerusalén en especial la de los maestros y los de la población escolar.

Hasta donde se sabe, el grupo Religioso causante de estos desmanes no cuenta con un Registro Constitutivo como Asociación Religiosa por lo que la Secretaría de Gobernación ha dicho que es una problemática entre particulares y que su solución corresponde al Gobierno de Michoacán, aun así y señalada la violación impune de los derechos humanos y constitucionales, los ciudadanos Michoacanos ven con asombro la pasmosa pasividad de sus gobernantes que, ante la destrucción de las escuelas no llamo a cuentas a ninguno de los causantes que estaban plenamente identificados; tan solo este acto genera prisión de varios años por ser recintos de propiedad federal, por lo que de manera inmediata debieron, con estricto apego a la ley, mandarlos arrestar y seguir las averiguaciones correspondientes para señalar y condenar a los culpables.

Ahora bien ¿Es válido que unos ciudadanos por cuestiones religiosas violenten y aborten los derechos constitucionales de la mayoría?, caemos en el precepto bíblico de “Dar al Cesar los que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” lo que equivale a decir que se deberá respetar la leyes del hombre y cuidar el sano deber espiritual para, combinados, dar buenas cuentas gobernantes y gobernados en el ámbito terrenal y cumplir fielmente con los preceptos divinos.

Respetar la justicia es un deber del hombre digno y acatar la ley es un acto de disciplina, así como educar significa capacitar al hombre para su buen desempeño en la vida civil. Las autoridades por ningún concepto deben negociar ni bajar la guardia, ni autorizar que los educandos reciban clases en otras comunidades porque se sentaría el peligroso precedente para que otras facciones religiosas hicieran lo mismo con lo que se caería en un anarquismo religioso y social.

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