Relaciones entre el Estado y la Iglesia católica en Bolivia

Hoy como todos los años, 60 días después del “Domingo de Resurrección”, como todos los jueves que siguen al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte, es feriado en Bolivia. Y lo es porque la de Corpus Christi es desde tiempos medievales una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico católico.

Nada hay que objetar a la devoción con quienes sinceramente profesan la fe católica dedican este día “a proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento”, dándole públicamente el culto de adoración.

Lo que es no sólo muy objetable, sino incluso inadmisible a estas alturas de la historia, es que se confunda el calendario litúrgico de una confesión religiosa con el civil y se imponga a toda la sociedad, independientemente de sus creencias, la obligación de suspender sus actividades. Peor aún si, como en este caso, no es ni siquiera una fiesta que abarque a todas las confesiones cristianas, sino solo a una de ellas, la católica.

El asunto ya fue motivo de severos cuestionamientos hace muchas décadas en nuestro país, como en todo el mundo, como parte esencial del proceso de separación entre la Iglesia y el Estado. En nuestro caso, el tema adquiere una especial relevancia si se considera que desde 2009, hace ya nueve años, está vigente una Constitución Política del Estado que en su artículo 4 (Modelo de Estado) establece que “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.

Eso quiere decir que Bolivia adoptó, a través de su Asamblea Constituyente, la sana fórmula de fortalecer la independencia del Estado en su relación con la religión. Lo que no es un pequeño detalle pues la libertad de culto está íntimamente ligada a la libertad de conciencia y de pensamiento.

Un segundo hecho que da especial actualidad al siempre candente asunto relativo a las relaciones entre el Estado y la Iglesia es la decisión del Presidente Evo Morales de hacerse presente en el acto de investidura de monseñor Toribio Ticona como Cardenal de la Iglesia católica.

En otras circunstancias, el asunto podría quedar relegado al plano de lo anecdótico y no merecer más que sonrisas burlonas de quienes algo saben de las normas del protocolo diplomático y de la institucionalidad eclesiástica. Pero no conviene llevar el tema al plano de las bromas pues nada bueno se puede esperar cuando gobernantes y autoridades eclesiásticas pierden de vista los límites que separan las funciones que les corresponden.

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