Referéndum 18-F: Fe en la enseñanza pública

En un texto que pretende servir de marco jurídico a una sociedad plural y diversa son importantes las matizaciones para no herir susceptibilidades. Esto se percibe cuando se analiza la redacción de algunos de los artículos más polémicos a lo largo del proceso de negociación. Sobre todo los concernientes a los derechos sociales. Ayer hablaba del derecho a una muerte digna y apuntaba en este sentido. Igual ocurre con el Artículo 21 referido al derecho a la Educación.

A priori nadie discute ya los principios básicos en este sentido, recogidos por la Constitución de 1978. Pero el andar de los tiempos y el ímpetu progresista que socialistas e IU (en un principio también el PA) quisieron otorgar a este capítulo llevó a abordar el laicismo de la enseñanza pública como nuevo principio básico, lo que obviamente no era bien visto a ojos de los sectores conservadores. Sabida es la posición furibundamente contraria de la Iglesia católica en este aspecto. El texto aprobado en mayo de 2006 por el Parlamento decía al respecto: «La enseñanza pública es laica, sin perjuicio del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones».

La redacción está inspirada en el artículo 27 de la Constitución, pero con el añadido de la enseñanza laica. Tras pasar por el filtro del Congreso y su negociación con el PP el artículo ha quedado definitivamente así: «Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica». La primera frase, hasta 'la enseñanza pública', está tomada literalmente del citado artículo 27 de la Constitución. Pero, como se dice, el orden de los factores no altera el producto y el resultado debe ser el mismo: una enseñanza laica que no puede ir en detrimento de la voluntad de recibir clases de Religión, o viceversa, pero la matización ha jugado el papel de conciliar posturas diferentes. Ahora bien, para los poderes públicos sí se plantea un reto. Andalucía es mayoritariamente católica, pero conocida es la creciente pluralidad de credo religioso que está trayendo la inmigración. Las escuelas de este Estatuto serán multiculturales y la Administración (autonómica y estatal, pues los planes de estudios son competencias compartidas) deberá garantizar a cada uno, por minoritario que sea su grupo, los mismos derechos.

Un reto que se acompaña a otro que deberá hacer felices a muchos padres y que ha sido promesa electoral de varios partidos, incluido el PSOE. Me refiero a la gratuidad de los libros de texto. Así dice el nuevo Estatuto: «Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza en los niveles obligatorios y, en los términos que establezca la ley, en la educación infantil».

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