Reclaman un compromiso a los pre-candidatos a la presidencia de la República del Uruguay por la laicidad, la justicia, la igualdad, la libertad…

La Asociación Civil 20 de Setiembre es una asociación de ciudadanos uruguayos, creada en el año 2005, con Personería Jurídica, miembro de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores y de la Asociación Internacional del Librepensamiento.

Tiene por propósito difundir los principios del libre examen, el anti-dogmatismo y la tolerancia. Busca también defender la paz, la libertad, los derechos humanos y ciudadanos, así como la laicidad y la libertad absoluta de conciencia. Se opone a toda opresión espiritual, ideológica, intelectual y política.

Estimando que la obra de la emancipación humana debe proseguirse en todos los terrenos, entendemos nuestra Misión como un aporte al progreso humano a través del desarrollo de una moral racional, de la búsqueda de la felicidad colectiva, de la promoción de la dignidad humana, del fomento de la justicia social y del incremento de la libertad y la responsabilidad ciudadanas.

Por ello, nos comprometemos y trabajamos por el Bien Común, en el contexto de las realidades sociales actuales, y en relación a las grandes problemáticas que aquejan a la Humanidad.

Nos inspiramos en el “Manifiesto Humanista 2000” y el “Manifiesto 2000 por una Cultura de Paz y de No Violencia”. Nuestros emblemas son: el Librepensamiento, la Tolerancia y el Humanismo. 

Es desde esta perspectiva humanista, que nuestra Asociación se dirige a los candidatos presidenciales, a través de esta carta abierta, a efectos de ofrecerles algunas de nuestras opiniones y aspiraciones para nuestra sociedad a la luz de nuestros ideales.

Nuestro objetivo al hacerle conocer estas opiniones, es poder colaborar de una manera positiva y basada en valores, con el desarrollo del Bien Común de nuestra Sociedad, para que ella pueda hacer frente de la mejor manera a los grandes desafíos que se nos plantea, a la humanidad y a nosotros, en este primer cuarto del Siglo XXI.

I) Nuestro país tiene un patrimonio importante, construido por nuestra sociedad a lo largo de su historia, que es un sistema político que concilia la libertad del individuo con el orden político. Por ello, es que el Estado, y en su nombre cada Gobierno en particular, debe no sólo reconocer, sino que tiene como obligación garantizar los debidos requisitos para la concordia y la paz social, y eso sólo puede manifestarse en el cumplimiento estricto de los Derechos Humanos, así como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normas constitucionales de nuestro país.

El Estado tiene un rol protagónico en la búsqueda de una convivencia armónica y pacífica, teniendo como prioridad brindar seguridad, orden y tranquilidad para el libre desarrollo de sus ciudadanos en sus quehaceres particulares y en el espacio público. El Estado posee la potestad para poder construirlas, porque está sujeto a un orden jurídico con procedimientos regulados por la Ley. Los derechos fundamentales de las personas sin distinción, son inviolables. Es un deber primordial, respetarlos y protegerlos para garantizar la libertad e igualdad de sus ciudadanos, que son condiciones necesarias para garantizar la paz pública y la democracia.

II) Nuestra historia ha demostrado, asimismo, que nuestro país ha avanzado, no sólo cuando los indicadores económicos han estado más o menos bien, sino cuando se han efectivizado verdaderamente políticas de integración social en el cuadro de una sociedad bien ordenada. Este concepto no es limitativo sino abarcativo de lo económico, social, cultural y moral en una sociedad dada. Nuestra sociedad, tal vez con menos índices económicos, fue sin embargo ejemplo de integración.

Nuestra propia y exitosa historia, nos ha enseñado que necesariamente el punto de partida para avanzar hacia la integración social, es la instrumentación de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, de forma tal que todas las personas, sin que importen sus particularismos, formen parte del entramado social. Con tales condiciones nadie debiera quedar excluido de la sociedad.

Por ello, a nuestro criterio, debe existir un compromiso claro de nuestros referentes políticos y en particular de nuestros gobernantes: el punto de partida como aspecto de justicia, es ético, y está en la id ea de que nadie debería ser excluido por ninguna causa de la sociedad en que vive. Cuando esta idea se transforma en el valor esencial de una sociedad, tan fuerte como para ser un valor identitario sobre el cual nadie es indiferente, es cuando la proyección social tiene un sentido común que está más allá y más acá de las diferencias políticas o sectoriales. Por ello, rescatar una sociedad en vías de fragmentación acelerada, como entendemos que se encuentra la nuestra actualmente, es de una urgencia extrema, e implica un gran esfuerzo en la promoción de valores y un gran compromiso de respetarlos y hacerlos respetar. Y con ellos deberían estar comprometidos todos quienes aspiran a dirigir nuestros destinos. Desde los más altos exponentes políticos y sociales, debe derramarse sobre nuestra sociedad desprendimiento del interés personal, transparencia, honestidad, frugalidad y respeto por los intereses públicos, para que ello sea ejemplo, cumpliendo y hacer cumplir con firmeza esas conductas.

III) Hacia los grupos vulnerables o débiles de la sociedad, deben orientarse políticas claras de integración social, evitando el mal tan actual del paternalismo demagógico que no integra socialmente, sino que crea una cultura asistencialista, muchas veces manipulable. Por esta razón, hay que desechar o modificar aquellos programas que fueron creados con el único objetivo de cubrir carencias, más concebidos como acciones compensatorias, muchas veces, del fracaso de estrategias económicas, que como instrumentos de promoción social temporal, a los efectos de permitir que las energías creativas se activen y manifiesten en emprendimientos redituables no sólo en lo económico sino en lo moral y social. Sólo desde este enfoque, un programa de integración social puede proporcionar una garantía de satisfacción personal, ampliando al tiempo la justicia social.

IV) Una estrategia de crecimiento económico con finalidad humanitaria, debe contener intrínsecamente políticas sociales en concordancia para que la hagan viable, y convierta al individuo, sea cual sea su estatus o posicionamiento en la sociedad, en un actor integral de la misma, en el entendido de que los beneficiarios últimos de las estrategias económicas deben ser los ciudadanos, en un objetivo global que es vencer las desigualdades y promover un modelo de desarrollo equitativo y duradero.

La equidad social no implica una mera compensación de los desequilibrios sociales, sino que constituye el medio para lograr objetivos de crecimiento y desarrollo. La equidad social ejerce efectos sobre la dinámica general de la sociedad, evita la fractura social, así como el descontento individual o político de las personas que pertenecen a los grupos excluidos socialmente.

V) Trabajar una estrategia de desarrollo equitativo y durable, no debe ser resorte exclusivo de los técnicos estatales, empresas y/o corporaciones gremiales. Hay que darle voz a los ciudadanos que son los más directamente interesados en que se generen instancias de bienestar social. En este sentido, deberán idearse formulas creativas de participación, donde paulatinamente se genere el interés ciudadano por los temas económicos. Las cuestiones económicas no deben ser temas del solo resorte técnico y quedar en las manos de los expertos. Democratizar el saber económico puede contribuir notablemente a potenciar una estrategia de desarrollo durable, un consumo racional, y un desarrollo ambientalmente sostenible. Y sería una de las maneras de avanzar hacia una profundización democrática responsable de nuestra sociedad. Incorporar nuevos temas que vayan en ese sentido, como es el de la Renta Básica, la participación de los asalariados en la rentabilidad y tomas de decisiones empresariales, entre otras formas, permitirían nuevas e interesantes perspectivas a este debate social para las tomas de decisiones colectivas.

VI) La dignidad es un valor inherente al ser humano, y es el deber del Estado, garantizar lo dispuesto en el Artículo N.º 7 de la Constitución de la República: el derecho a gozar de la vida, de la libertad, del honor, seguridad, trabajo y la propiedad.

Cuando la dignidad humana se resiente, y cuando aumenta la frustración de sectores sociales dejados de lado, una de las posibilidades de respuesta es la violencia social. En tales circunstancias, la sociedad a través del Estado, tiene el imperativo ético de mantener la cohesión social, garantizando la paz y los derechos de todos, pero fundamentalmente debe actuar para prevenir esas posibles fracturas, actuando para proteger los derechos de los sectores y colectivos sociales en situación de vulnerabilidad y contribuir decididamente a su bienestar. Esto implica asimismo avanzar en el terreno de los derechos individuales.

VII) Uno de los campos en donde la sociedad está pronta a avanzar, y donde debe predominar la moral racional por sobre la impuesta por los grupos ideológicos o religiosos, es el de la muerte digna. El derecho humano a la libertad debe incluir sin dudas aquel a no sufrir de manera innecesaria las consecuencias de la enfermedad, el de decidir sobre las actuaciones médicas y terapéuticas que se desea recibir, incluyendo las propuestas de cuidados paliativos, pero sobre todo incluyendo el derecho a disponer de la propia vida y a ser ayudado compasivamente a morir con dignidad. Ha habido avances en los últimos años, sin embargo urge en nuestra sociedad la vigencia de leyes que permitan la eutanasia regulada.

VIII) El punto de partida para un proyecto de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, debe ser la educación. Es por eso que las políticas educativas deben ser centrales.

Se trata no solamente de formar o instruir, sino de educar para la vida digna. Esto se logra a través de la planificación de estrategias que fomenten y promuevan la tolerancia, la libertad, la igualdad de oportunidades y la fraternidad. Educar seres con capacidad de discernimiento y de desarrollar el pensamiento crítico, para construir una cultura de paz, un porvenir más justo, de progreso y libertad.

En ese sentido, un aspecto sustancial, debe ser potenciar la educación para la ciudadanía, en el mejor entronque con el proyecto de educación varealiano, y esto implica, entre otras cosas, trabajar por una cultura donde impere el respeto del otro. En particular – y al tiempo de combatir todo tipo de discriminaciones – hay que fomentar entre nuestras nuevas generaciones, el respeto por las niñas y las mujeres, para avanzar hacia una efectiva igualdad de derechos.

IX) Una educación pública que sea acorde y respete nuestra tradición laica y republicana, deberá estar basada en la tolerancia, en la igualdad, en la justicia, en la democracia, en la defensa irrestricta de los derechos humanos, así como en el respeto de las leyes. El fortalecimiento y desarrollo de la educación pública es clave para promover la integración social. En consecuencia, el Estado solo debe financiar a las instituciones educativas públicas y debe evitar la transferencia de sus recursos – que por su naturaleza son de toda la sociedad – a las instituciones educativas privadas, sea de forma directa o indirecta a través de los mecanismos de exoneraciones y renuncia fiscal. Estos mecanismos generan lo contrario de lo que debería promover y garantizar el Estado; provocan la injerencia de intereses particularistas y corporativos en los asuntos públicos, la fragmentación o formación de guetos, y la competencia institucionalizada y abierta de intereses en el propio seno del Estado.

X) Uruguay es un Estado Laico desde 1919, cuyos preceptos constitucionales de libertad de cultos y de separación del Estado y de las iglesias, son garantía de paz y convivencia tolerante. Por esta razón, todas las personas tienen plenas garantías para expresar libremente sus convicciones, pero los espacios públicos en general y las instituciones estatales, deben preservar la neutralidad, tal como lo sintetiza y preceptúa doctrinariamente el artículo 5º de la Constitución de la República en su parte medular: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna”.

En este sentido, resulta sumamente preocupante la formación e intromisión de grupos religiosos en el ámbito político, más específicamente en la actividad parlamentaria, pues constituye una amenaza, no sólo a la libertad de acción de los actores políticos, sino a la independencia que este Poder debe resguardar, ante toda injerencia religiosa. Como Estado republicano, nuestras Instituciones deben garantizar la libertad de pensamiento y de expresión, pero simultáneamente, evitar su colonización por parte de las corporaciones –entre ellas las religiosas- que conciben al Estado como un altar privilegiado a partir del cual se arrogan el derecho de imponer sus preferencias el conjunto de la sociedad.

Finalizando:

Estos planteos que realizamos los creemos posibles, y constituyen el camino que conduce al desarrollo humano y al perfeccionamiento de la sociedad, proyectada en la convivencia armónica y pacífica, en el espíritu fraterno y en el respeto mutuo.

La contingencia y demás aspectos coyunturales, no deben hacer olvidar que en los ámbitos públicos las corporaciones religiosas, como las político- partidarias, políticas o ideológicas no deberán en ningún caso sustituir la labor estatal. Los gobiernos, una vez elegidos, se deben a los ciudadanos todos, sin distinciones.

Por todo lo expuesto, es que nos dirigimos a ustedes en quienes el soberano, – en el ejercicio de su derecho político y constitucional del sufragio – en breve depositará su confianza para presidir el país. Por este medio les exhortamos a comprometerse públicamente a promover un orden social que otorgue garantías a una vida digna, a nuestros derechos fundamentales, a la libertad individual y a la justicia social.

También exhortamos a respetar y hacer respetar la ley por encima de intereses sectoriales-particulares, para que el Estado no se constituya en un escenario de competencias entre intereses corporativos, de cualquier índole. En un Estado Laico, no existe ley superior más que la de la República. Ni otro soberano que sus Ciudadanos.

Y como ciudadanos comprometidos con el destino de nuestra República es que les saludamos fraternalmente y con la más alta consideración.

Comisión Directiva de la Asociación Civil 20 de Setiembre

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