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Reclaman amparo contra la enseñanza religiosa en las escuelas de Tucumán (Argentina)

Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema de la Nación en Salta, diversas organizaciones políticas, sociales, padres y docentes sumaron esta mañana su adhesión al recurso de amparo colectivo que exige la inconstitucionalidad de la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas primarias.

El recurso de amparo se presentó en abril con la firma de 6 madres de estudiantes afectadxs, nucleados en la comisión por Educación Laica en Tucumán. Tras múltiples chicanas judiciales que entorpecieron el proceso esta mañana se incorporaron a la causa docentes, padres y organizaciones sociales y políticas.

En su adhesión como partido el PTS – Frente de Izquierda fundamentó la necesidad de romper el vínculo existente entra la Iglesia y el Estado amparado en leyes que vienen desde la dictadura y que le garantizan distintos “privilegios que van desde el pago de dietas, jubilaciones especiales, becas y pasajes para obispos y arzobispos a cesiones inmobiliarias, exenciones impositivas y otros beneficios”.

También en el escrito presentado, se denunció el rol que jugó la Iglesia en impedir la aprobación del derecho al aborto legal y además el hecho que “junto a funcionarios, desplegando su poder político y social, presionó para que sectores de la sociedad, realicen persecuciones violentas a quienes portaban un pañuelo verde”.

Mercedes Lizondo, referente de la agrupación Marrón Docente sumó su adhesión y declaró: “Tucumán es la única provincia del país donde Religión es una materia obligatoria en la currícula del nivel primario. Pero además, la influencia de la Iglesia en la educación se extiende a todos los niveles. Tenemos una de las tasas de embarazo adolescente más altas del país y nos siguen negando la plena implementación de la Educación Sexual Integral. El amparo presentado señala la responsabilidad del ministerio de Educación, Litchmajer y del Gobierno provincial”.

En el amparo se solicita la inconstitucionalidad de los artículos, que en la Ley de Educación Provincial y en el texto de la Constitución Provincial de Tucumán, garantizan la enseñanza religiosa en el ámbito escolar. Ambas normativas fueron aprobadas durante el gobierno de Alperovich años antes de la reforma del Código Civil impulsada por el Kirchnerismo que le otorga autoridad a la Iglesia para inmiscuirse en la educación.

Por su parte, Juan Luis Veliz dirigente del PTS, quien también se adhirió, hizo extensivo el reclamo a las conducciones sindicales: “Los docentes junto a nuestros estudiantes vivimos en las aulas las consecuencias aberrantes de cada medida que toman los funcionarios desde sus oficinas. La deserción escolar, el bulling y la discriminación fomentada por estereotipos heteronormativos y patriarcales que impone la Iglesia. Mientras los sindicatos ATEP, UDT y SADOP siguen dándole la espalda a estos reclamos, desde las aulas junto a otros colegas nos hacemos eco de esta demanda que los y las jóvenes supieron instalar con sus fuerzas en las calles.”

Luego de que en Salta se hiciera efectivo el fallo de la CSJN que ordena el cese de la enseñanza religiosa obligatoria, sólo el 8,6% del alumnado se inscribió para cursar la materia a contraturno. El amparo colectivo presentado en la Justicia tucumana, cuando se encuentra presente todavía el debate por el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el reclamo sobre la Separación de la Iglesia y el Estado, tiene como objetivo brindar una educación laica, científica, y de calidad.

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