El PSOE pedirá al Pleno del Congreso de los Diputados que rechace la anunciada reforma por el Gobierno sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010 y éste no se modifique hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos presentados por el Gobierno de Navarra y el PP, un mes antes de que entrara en vigor la normativa.
Se trata de una moción, consecuencia de la interpelación urgente que debatió en la Cámara Baja el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la portavoz socialista en la materia, Carmen Montón, y que previsiblemente se debatirá y votará en la segunda semana del mes de mayo, dado que hasta entonces no habrá Pleno en el Congreso.
En junio de 2010, seis días antes de la entrada en vigor de la vigente Ley del Aborto, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los citados recursos de PP y Gobierno de Navarra. En el de los ´populares´, se denunciaban ocho preceptos de la ley, entre los que figura la liberalización del IVE hasta la semana 14 de gestación.
Este recurso de inconstitucionalidad estuvo promovido por más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados y, en su representación y defensa, por el Comisionado Federico Trillo, actual embajador de España en Reino Unido.
Por su parte, el promovido por el Gobierno de Navarra rechazaba que fueran las comunidades autónomas las que tuvieran que sufragar en sus redes sanitarias públicas el aborto, siempre que la embarazada así lo solicitase, y el artículo sobre el que los profesionales sanitarios directamente implicados en el aborto tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia.
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La iniciativa socialista solicita así que se respete la legislación de plazos actual, combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión "libre y formada" en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la "autodeterminación consciente" sin interferencia de terceros, como recogió el TC en su sentencia de 1985, previendo que tras los plazos de gestación fijados en la ley se determinen los requisitos y condiciones de la protección que deba prestarse ante los supuestos de indicación terapéutica que procedan.
De igual forma insta al Ejecutivo a garantizar legalmente el acceso al IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, además de que se mantenga la derogación de la tipificación penal, tal y como fue expresamente contemplada en la disposición derogatoria de la Ley de Aborto de 2010.
Pide también al Ejecutivo que considere que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, reconocidos por la ONU, la OMS, el informe del Consejo de Estado a la normativa de 2010, entre otros expertos.
Igualmente, quiere que el Gobierno asuma que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva que, entre otros puntos, implique el acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad.
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