Representantes de agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres realizaron hoy un plantón frente al Congreso de Guatemala para rechazar lo que calificaron como injerencia de sectores religiosos en el organismo legislativo.
Las féminas criticaron la presencia en el recinto parlamentario del obispo Víctor Palma y de Darío López, presidente de la Alianza Evangélica, durante la firma por varios diputados del denominado “Libro de la Vida”.
Ese documento tiene como objetivo recolectar un compromiso simbólico de los legisladores centroamericanos de no aceptar, promover, ni aprobar ninguna normativa que tienda a despenalizar el aborto en el istmo.
“Como es lógico estamos en contra de la firma de este libro porque es un atropello de nuestras garantías sexuales y reproductivas”, declaró Eugenia Mijangos, del Comité de América Latina y el Caribe de defensa de los derechos femeninos.
Además, dijo la activista a Prensa Latina, el hecho de que la rúbrica se realice dentro del Congreso atenta contra la laicidad del Estado como lo garantiza la Constitución de la República.
“Se nos ha vilipendiado diciendo que estamos a favor del aborto cuando en realidad luchamos por toda una gama de servicios para que las mujeres puedan ejercer su derechos con absoluta libertad y con plena responsabilidad”, destacó Mijangos.
La activista Evelyn Morales señaló que las iglesias tienen sus propios espacios donde pueden desarrollar sus actividades, pero sin interferir en las instituciones públicas.
Por su parte, la diputada Maura Estrada aseguró que la firma del referido documento es totalmente voluntaria y reiteró el carácter laico del Congreso tal y como está asentado en la Carta Magna.
Reconoció Estrada la ausencia de una estadística confiable de mujeres fallecidas por la práctica de abortos clandestinos, aunque calificó de preocupante el elevado índice de 153 muertes maternas por cada 100 mil niños nacidos vivos.
Una ley donde se garantiza el libre acceso a la educación sexual y a métodos de planificación familiar fue aprobada hace un par de años, pero aún está sin vigencia por falta de fondos para su ejecución.
