Es inaceptable que el temario de la asignatura de Religión cuestione la evidencia científica
La Conferencia Episcopal Española no solo logró que la Lomce volviera a incluir la Religión como materia evaluable; ahora ha logrado imponer un temario retrógrado que entra en conflicto directo con otros contenidos del currículo escolar basados en la evidencia científica. Como no ocurría en España desde 1990, con la nueva ley la Religión contará para la nota media y también para obtener una beca. Según los contenidos publicados en el BOE,en la evaluación de la asignatura en Bachillerato se valorará si el alumno “reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y distingue que no proviene del caos y el azar”.
El temario parte de la revelación como fuente de verdad, y, entre otras cuestiones absolutamente cuestionables, quiere que el alumno acepte que “Dios interviene en la historia” y reconozca “la incapacidad de la persona para alcanzar por sí misma la felicidad”. También trata de relativizar errores cometidos por la Iglesia en la persecución de quienes han defendido postulados científicos que colisionaban con la fe, como es el caso de Galileo Galilei. Que a estas alturas España incluya en el currículo escolar postulados basados en dogmas de fe que pretenden discutir los principios científicos es un disparate especialmente grave.
Es, sobre todo, una anomalía que en un Estado que se declara aconfesional el currículo escolar incluya una asignatura de adoctrinamiento de una confesión religiosa, por mucho que sea la principal de las que existen. Es también una anomalía que se confíe a la jerarquía de la Iglesia católica el contenido de una parte del currículo escolar y se le conceda además la potestad de nombrar a los profesores que han de impartirlo, cuando los honorarios corren a cuenta del contribuyente. Se da la paradoja de que entre todos pagamos una actividad escolar que no responde al interés general, sino de parte, y que está concebida como una catequesis —oraciones incluidas— que no oculta su voluntad de proselitismo.
Todas las creencias religiosas merecen respeto y deben poder ser vividas por quienes las siguen con plenitud y libertad. Pero en el ámbito de lo privado. La Iglesia católica se ampara en el Concordato firmado en 1979 entre España y el Vaticano para preservar este trato privilegiado. Si el Concordato se utiliza para abusos tan manifiestos, habrá que denunciarlo.
