Rajoy no quiere ver al cardenal Rouco

El líder de los obispos y el Vaticano presionan al PP para forzar la derogación de varias leyes del Ejecutivo de Zapatero. La jerarquía vuelve a la calle en Madrid contra el desprestigio eclesiástico

Este último domingo de 2012 se representa en Madrid un acto más de la crisis por la que atraviesa la Iglesia romana en España, una casa muy dividida. Se trata de la fiesta de las familias, organizada por el cardenal Antonio María Rouco con el apoyo estelar del fundador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, popularmente los Kikos.También se mide hoy la temperatura de las relaciones del episcopado con el Gobierno del PP, poblado de ministros que se dicen católicos practicantes. Entre los discursos que se oirán toda la mañana, al cardenal de Madrid le corresponde la homilía de la misa. Hay pocas dudas de que Rouco aprovechará la ocasión para desgranar de nuevo su visión desoladoramente pesimista de la actual sociedad española.

Transcurrido un año en el cargo, el presidente Mariano Rajoy aún no ha recibido al líder de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Rouco. Es una circunstancia extraordinaria. Nunca se había producido en legislaturas anteriores, ni siquiera con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tachado por el Vaticano de “laicista radical”. En su último mandato, Rodríguez Zapatero recibió a Rouco el 1 de agosto de 2008, cuatro meses después de ganar por segunda vez las elecciones generales. Ambos “constataron sus diferencias en un clima de cordialidad”, se escribió entonces, oficialmente.

“No hay comentario sobre esas cuestiones", contesta ahora la Oficina de Comunicación episcopal sobre posibles reuniones de obispos y ministros. Ni se quiere hablar sobre si el presidente de la CEE tiene solicitada audiencia a Rajoy. El Gobierno también guarda silencio. En cambio, el PP es un mar de hipótesis e, incluso, de ironías. “No descarte que quien no haya querido esa entrevista sea Rouco. Su modelo de gobernante católico es Esperanza Aguirre”, dice un diputado.

Rajoy y el cardenal de Madrid, gallegos los dos, rompieron abruptamente relaciones cuando el PP estaba todavía en la oposición y se reunieron para hablar, entre otros temas, de una supuesta campaña de la cadena de emisoras Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal, contra el líder conservador y en apoyo de Aguirre, siempre según la versión del partido.

El conflicto, con el periodista Federico Jiménez Losantos por medio, llegó incluso a Roma y provocó también un distanciamiento de los cardenales Rouco y Antonio Cañizares, ya entonces miembro de la Curia romana. “De aquellos polvos vienen estos lodos. Hay difícil arreglo”, remacha el diputado del PP.

Debilitado también por la división interna, el sector más conservador del episcopado termina este año con el mismo desánimo que le embargó durante los Gobiernos de Aznar (1996-2004). “Deben pensar que llevarse bien con los obispos quita votos”, se quejó entonces Rouco. La jerarquía del catolicismo esperó esos años, en vano, que el Ejecutivo, que en su segunda legislatura tuvo mayoría absoluta, derogase o rectificase a fondo algunas de las leyes de los Gobiernos de Felipe González (1982-1996). Salvo en materia educativa, sus reclamaciones fracasaron.

Esta vez podría ocurrir otro tanto. Pese a no ser pequeña la cosecha ya recogida (la promesa oficial de que la enseñanza de religión y moral católicas tendrá en las escuelas públicas el mismo rango que otras materias curriculares, a costa de los Presupuestos del Estado), los prelados recelan de que el Gobierno cumpla pronto con lo que, según ellos, “cabe esperar de personas que militan en un partido que se proclama democristiano”: es decir, la total derogación de la ley del aborto; suavizar la ley del divorcio; eliminar el matrimonio entre personas del mismo sexo; que el Ministerio de Educación urja a las Administraciones regionales a que paguen los atrasos de los conciertos educativos, que están ahogando a miles de escuelas cristianas; y la eliminación de raíz, no solo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como les ha prometido el ministro José Ignacio Wert, sino de cualquier otra materia que compita con el añorado monopolio eclesiástico en materia de moral.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también está decidido a atenerse a lo que prometió cuando asumió el cargo. Reformará a la baja la llamada ley del aborto, pero está muy lejos de derogarla como le reclaman a su derecha (tampoco es seguro que cumpla la palabra, por divergencias dentro del PP; en todo caso, nada será suficiente para quienes, sin rubor, califican de asesinato cualquier despenalización). Y ha zanjado con contundencia el debate del matrimonio gay. Prometió que se atendría a lo que dijese el Tribunal Constitucional, y este ha cerrado la disputa. Así que no hay caso, pese a las presiones a que está siendo sometido también dentro del Ejecutivo.

Dicen ahora los prelados que nunca se hicieron muchas ilusiones. Para ello, recuerdan que la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, está casada solo por lo civil, y que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, es madre soltera grcias a la reproducción asistida, y divorciada y vuelta a casar con un divorciado.

Antes del triunfo electoral de la derecha, los obispos imaginaron una situación en la que el poder político les ayudaría a aplacar la corriente de opinión, muy creciente, contra el paraíso fiscal en que vive la Iglesia católica. Han perdido la esperanza, también. Cuando el Gobierno presentó su proyecto de Presupuestos para 2012 corrió este chiste: “Recortes en ciencia y sanidad: 600 millones de euros. Recortes a la Iglesia católica: 0 euros. Cuando tengas un cáncer, no faltará un ensotanado para darte la extremaunción”. El PP no reaccionó y los obispos se disgustaron.

Se dice que el dinero es muy católico, así que, pese a tener resueltos a su favor todos los temas pendientes en ese campo, los prelados se sienten maltratados por la opinión pública y publicada. La presión ahora es para que paguen el IBI, como en Italia, y por la reforma de la ley que les permite inmatricular bienes que son del pueblo. Está en marcha una masiva recepción de firmas promovida por Europa Laica y un centenar de organizaciones sociales, muchas de ellas católicas.

Además, está el estado general de la religión católica, al margen de ayudas o zancadillas del poder terrenal. “Los tiempos son recios”, reconocen los obispos recurriendo al famoso suspiro de Teresa de Ávila. La Iglesia romana está en franca retirada y los jerarcas no encuentran la manera de frenar el declive. “Una viña devastada por jabalíes”, definió la situación Benedicto XVI hace cuatro años. En palabras de Rouco, 2013 será “un año de misión” para recuperar España para el catolicismo.

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, percibe así la situación: “Llevamos una buena temporada empalmando chaparrones, uno detrás de otro. ¿Qué actitud deberíamos tener? ¿Repetir el dicho erróneamente atribuido al Quijote de Cervantes: ‘Ladran, luego cabalgamos’?… ¿O, tal vez, hacer nuestro el pensamiento de Kierkegaard: ‘Toma consejo de tu enemigo’?”. Como “la respuesta correcta no habrá de ser simplista”, el prelado advierte, inmediatamente, que “no hay que confundir una actitud humilde con el miedo a expresarnos sin complejos, ni con la pretensión de dar por bueno el asfixiante clima anticlerical en el que estamos inmersos”.

Según Munilla (“a los hechos me remito”) en España existe “estrangulamiento de la escuela católica; imposición de un proyecto ideológico anticristiano; linchamiento de los obispos y trato vejatorio hacia la Iglesia; acusaciones de robar al pueblo por el simple hecho de inscribir bienes eclesiales en el registro de la propiedad; manipulación de datos fiscales hasta el punto de presentar a la Iglesia como heredera de unos privilegios franquistas…”.

El recuento es demoledor, si fuese cierto. Munilla también mira hacia dentro. “España necesita ser misionada. El 50% de los jóvenes no cree en Dios”. Ocurre pese a que millones de chicos y chicas estudian cada año religión y moral católicas bajo vigilancia episcopal, con profesores (30.000) pagados por el Estado pero seleccionados por cada obispo como si fuesen catequistas. Este año lo hacen 1.434.524 alumnos en 2.620 escuelas cristianas, y otros 3.261.823 en los centros públicos.

Pero lo peor de todo es la división interna, el cisma cada vez más visible en que se desarrolla la vida eclesial. Hoy es un ejemplo. Después de dos jornadas de adoración eucarística en una carpa instalada en los Jardines del Descubrimiento, la mañana se abre en la plaza de Colón con la gran ceremonia de las familias. Es su séptima edición, las anteriores muy críticas con el Gobierno de Zapatero. Esta vez, las diatribas se centran en las políticas de familia, con la esperanza, todavía, de torcer el brazo del Gobierno de Rajoy para que derogue leyes que “promueven el asesinato” (en referencia al aborto) y “acaban con la familia”, con la mirada puesta en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al menos la mitad de los eclesiásticos no comparte ese diagnóstico tremendista sobre la sociedad española. Es la Iglesia de base que hoy no acude a la plaza de Colón.

La jornada de las familias se abre con la intervención estelar de Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal, ultraconservador, con una visión apocalíptica de los tiempos modernos. Él hará el anuncio del kerygma (del griego, “proclamar como un emisario”), según el programa. En realidad, se trata, sobre todo, de la presentación de su último libro, El Kerigma, en las chabolas con los pobres, editado por BuenasLetras.

Su sonada presencia, jaleado por el cardenal Rouco, ahonda la división del catolicismo. Ninguna iglesia de base, ni el foro de Curas de Madrid, ni los teólogos de la Asociación Juan XXIII, ni, lo que es más llamativo, la inmensa mayoría de los obispos españoles estarán en la plaza de Colón. Rouco concita hoy más presencia de jerarquías del resto de Europa, entre otros varios prelados de la Curia vaticana.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, con el cardenal Bertone.

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