El viernes pasado se aprobaba en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Una Ley que algunos denominan, haciendo un uso denotativo del lenguaje, “Ley de Represión Ciudadana”, o Ley mordaza, a la vista del gran interés que parece guiar a los señores ministros del gobierno del PP en amordazar las libertades democráticas básicas de los españoles. ¿Les guía el afán de proteger a los ciudadanos, o les guía, por el contrario la inquietud de protegerse de ellos en el ejercicio legítimo de sus derechos? Pregunto, sólo pregunto, como suele decir Rafael Fernando Navarro cuando se enfrenta ideológicamente a alguno de los tantos disparates con los que, desde el poder, se nos atenaza últimamente.
Y es que, en este Anteproyecto de Ley, el Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las “ofensas” o “ultrajes” a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos, cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito. Es decir, nos quieren con la boca cerrada y bien cerrada. Y nos quieren sometidos, anulados e inermes. Nos quieren robotizados e idiotizados. Nos quieren estúpidos y acríticos. Para no levantar la voz ante los abusos, ni los expolios, ni los robos a mano armada que están llevando a cabo de todo lo que es público, es decir, de todos los españoles.
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, reza el artículo 19 de la Carta Magna de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. Aunque ya sabemos que los del PP se pasan la Carta Magna y todos los derechos humanos, habido y por haber, por el forro del abrigo, de marca cara, por descontado; y ya sabemos que, desde aquel nefasto 22 de noviembre de 2011, no han hecho otra cosa que despreciarlos, anularlos y vulnerarlos con alevosía y de manera sistemática.
Tan es así que, incluso, la prensa internacional ya está empezando a hablar de los tintes de dictadura que impregnan el panorama español. El diario The Guardian afirmaba hace escasos días que “España es un país que está siendo arrastrado vuelta atrás hacia el fascismo”; y también afirmaba en la misma editorial que “La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el Gobierno español es un ataque a la democracia…; no se trata sólo de medidas para disuadir a los ciudadanos para que no protesten, sino de domesticar a los que, pese a todo, se decidan a hacerlo”. Y es que esta nueva Ley, encaminada a dar una vuelta más de tornillo en lo que se refiere a constreñir la libertad ciudadana, junto a la surrealista reforma del Código Penal, la Ley de Tasas judiciales, aprobada en 2012, y el muy probable endurecimiento de la Ley de Huelga, lo que buscan es anular el derecho de los españoles a protestar en defensa de sus conquistas democráticas e históricas.
Es decir, estamos ya, a todas luces, traspasando el umbral de lo que es un país totalitario o, dicho de otro modo, una dictadura. Y ello por obra y gracia del Partido Popular y de sus adláteres ideológicos, que están siendo muy diestros en conseguir un país donde los mayores crímenes, los de los políticos y los poderosos, queden impunes, mientras se criminaliza hasta el derecho legítimo de los ciudadanos de protestar ante el abuso de los legisladores.
Así las cosas, no podremos protestar ante el Congreso, bajo multa de 600.000 euros, ni increpar a un policía bajo multa de 30.000 euros, ni decir “ni mu” de España ni sus instituciones, bajo multa de 30.000 euros, ni dar ayuda a un sintecho, bajo multa de 3.000 euros, ni tocar la guitarra en las calles de Madrid, si no se quiere acabar en el calabozo.
Eso sí, si se tiene un cargo público, preferiblemente militando en la derecha, se podrá prevaricar, robar de lo público, destruir televisiones públicas, actuar en sintonía con mafias inmundas, cometer fraudes, recibir sobres millonarios en B, recibir dineros de empresarios a cambio de favores, enriquecerse con cargos públicos, practicar el nepotismo de forma infame y descarada, dar o recibir comisiones millonarias con dinero recaudado a los españoles, construir aeropuertos que no funcionen, destruir la sanidad que no sea negocio privado, convertir la educación en campos de adoctrinamiento, dejar a miles de españoles indigentes y durmiendo en la calle, evadir millones de euros a cuentas en Suiza o Islas Caimán, etc.,etc., etc., y aquí no pasa nada, no, ¡qué va!, eso forma parte de lo que es ser un español patrio, y olé, como dios manda. Esos que nunca “ofenden” ni “ultrajan” a España.
