El ejercicio de un derecho, ¿debe implicar un castigo? Un alumno, o su familia, que – en ejercicio de sus derechos constitucionales (libertad de creencias religiosas) – no quiere cursar Religión, ¿debe verse obligado a tener, en su lugar, otra asignatura? Este debate, que no hemos sabido resolver en España, aparece redivivo con motivo de la propuesta de nueva Ley Educativa. Porque unos tienen derecho a elegir, los restantes se ven obligados a cursar una asignatura formal. De este modo, un Estado no confesional impone obligaciones a los que no optan confesionalmente. Parece como si, para asegurar la clientela a la clase de religión, hubiera que encarecer la alternativa. Toda una paradoja. No confiando en lo atractivo de la Religión, se amenaza a quienes no la cursen, como desde hace tiempo reclaman los prelados. Una vuelta atrás, en un cierto “reducto de constantinismo”, volviendo a la polémica en un asunto delicado. No se cuestiona, por tanto, el derecho a recibir una formación religiosa, cosa que nunca ha estado amenazado, cuanto el empeño en poner deberes a quienes no hagan tal elección religiosa. El derecho cursar a Religión por unos, en un estado aconfesional, no debiera generar ningún deber para aquellos otros que no quieran
ejercerlo.
Como es conocido, la cuestión proviene del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, a unos días de la aprobación de la Constitución, que ahora Rubalcaba declaraba estar dispuesto a denunciar, cuando no lo hicieron en los veinte años anteriores de gobierno. De dudosa constitucionalidad, el Estado asume la obligación de proporcionar religión en los centros públicos “en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales”. Para que los que optan voluntariamente por la asignatura de religión no se vean cargados con una asignatura más, de rechazo, se obliga a los demás cursar otra una materia alternativa. Pero como señalaba Gustavo Suárez Pertierra (“El País”, 19/12/12), Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y exMinistro de Educación, “el Acuerdo de 1979 nada dice de una alternativa a la asignatura de religión. En mi criterio, nada justifica un modelo que obliga a los alumnos a cursar una asignatura formal derivada del ejercicio por otros de su derecho a elegir y que, además, permita la instalación en nuestro sistema de una doble moral pública, una religiosa y otra ciudadana”. Es una opción política e ideológica recuperar la alternativa evaluable bajo la forma de una asignatura sobre valores éticos, al tiempo que hace desaparecer la Educación para la Ciudadanía.
En la campaña del Partido Popular contra la Educación para la Ciudadanía primero vino una oposición y boicoteo a la asignatura (objeción de conciencia, impartición en inglés, etc.), hasta la Sentencia del Tribunal Supremo que declaró que no se podía objetar, porque la moral común de la ciudadanía no vulnera el derecho de los padres a la educación religiosa y moral que quieran para sus hijos. Ya en el gobierno, en el actual curso 2012-13, se cambiaron los contenidos con el objetivo de expurgar el nuevo temario de “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Tras prometer cambiarla por otra referida a valores constitucionales (“Educación cívica y constitucional”), finalmente se la hace desaparecer de todos los lugares en que estaba presente en el currículum: último ciclo de Primaria, en uno de los tres primeros cursos de Secundaria, la Ética de 4º de la ESO, “Filosofía y ciudadanía” de 1º de Bachillerato y dimensión de transversalidad que había tenido hasta la fecha. La Liga de la Educación y la Cultura Popular y el Proyecto “Cives”, junto a otro conjunto de organizaciones firmantes, han hecho un Memorandun en que denuncian ante el Consejo de Europa el incumplimiento de las orientaciones de dicho Consejo sobre la Educación para la Ciudadanía.
Volver ahora a la alternativa (“Valores culturales y sociales” en Primaria, y “Valores Éticos” en la Educación Secundaria) a los que no cursen Religión (católica, evangélica, musulmana o judía), es reproducir los problemas que ya vivimos. No hablo de oídas, puesto que fui profesor de la Ética como alternativa a la Religión como Catedrático de Filosofía desde 1979-1990. Dividir al alumnado en función de sus creencias generó un conjunto de problemas didácticos, condicionando su elección y trabajo a lo que en cada centro se hace en la otra materia. En ese período, si bien la Ética se configuró como un espacio curricular no academicista para el aprendizaje de valores sociales y cívicos, también en otros casos se convirtió en una “maría” (en paralelo a lo que ya era la religión). El factor político-ideológico del currículo condicionó, en gran parte, la actitud del profesorado y la vida de la Ética en los centros. Además, al situar a los valores cívicos como alternativa, parecería que sólo una parte de la población requiere ética cívica, cuando ésta debe ser compartida por toda la ciudadanía.
Desde luego, como parece evidente, todas las personas deben educarse en los valores cívicos; no así las creencias religiosas, que son propias de cada individuo. Eso es lo que se quiso resolver a partir de 1990 y, más decididamente, con la LOE.
(*) ANTONIO BOLIVAR. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada
Antonio Bolívar Botia
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