Es impensable que el papa Francisco se implique en una disputa que está costando serios disgustos a sus jerarcas en España
Ni el pontífice romano, como suele decirse, puede evitar ya que los restos de Franco terminen, si lo desean sus nietos, en la cripta de la catedral de la Almudena, donde ya están enterrados su hija Carmen y su yerno Cristóbal Martínez-Bordiú. Pero es impensable que Francisco se implique en una disputa que está costando serios disgustos a sus jerarcas en España, comprometidos casi solemnemente a acoger al dictador donde mande su familia. Lo ha dicho el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el sacerdote del Opus Dei José María Gil Tamayo: “La Conferencia Episcopal no tiene competencias (sobre enterramientos), ni es un departamento de defunciones. La Iglesia no puede negarle ese derecho a un cristiano, si la familia tiene un derecho adquirido. Los muertos no tienen carnet político, nosotros rezamos por el difunto”.
Pese a que ya no hay obispos en activo nombrados por Franco en uso de unos privilegios que le cedió el Vaticano en 1941 para que el dictador se sintiera tan reconocido como los Reyes Católicos, los prelados con mando siguen pensando lo que Pío XII proclamó urbi et orbi en abril de 1939: que “España es la nación elegida por Dios como baluarte inexpugnable de la fe después de dar a los prosélitos del ateísmo la prueba más excelente de que por encima de todo están los valores eternos de la religión”. A cambio de semejante exaltación, el Vaticano consiguió una exigente confesionalidad católica del Estado; la creación de un patrimonio que le asegurase “una congrua dotación del culto y del clero”, además de “indemnizaciones por pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos” (así reza el Concordato de 1953); la enseñanza en universidades, colegios y escuelas públicas y privadas conforme a la doctrina de la religión católica, y una severa vigilancia sobre la pureza de las costumbres de todos los españoles y sobre la educación religiosa de la juventud.
Era para estar agradecidos. En pesetas, según las cuentas que le hizo en 1973 Carrero Blanco al cardenal Tarancón, presidente de la CEE, la dote/congrua ascendió en cuatro décadas a 300.000 millones, más 14.000 millones habilitados por el Ministerio de la Vivienda para la restauración de los templos destruidos durante la Guerra Civil y la construcción de otros nuevos.
Eran los tiempos del nacionalcatolicismo. Se suponía que la jerarquía actual los ha superado, pero el episodio de la exhumación de Franco deja al descubierto lo contrario. Aún peor: los sectores conservadores del episcopado están aprovechando la situación para atacar con gran severidad al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el hombre de Francisco en España y, por ello, objeto preferido de los ataques de los críticos del pontífice argentino. Osoro, en minoría en la CEE pese a que el Vaticano lo querría presidiéndola, tiene el apoyo de la Comisión Permanente episcopal, de la que es miembro nato por su cargo en Madrid, pero está siendo acusado por los sectores nostálgicos del nacionalcatolicismo, que son legión, de no acoger con entusiasmo los restos del dictador.
