La ya inminente visita de Benedicto XVI a España vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la no confesionalidad o la laicidad. A muy pocas horas de la llegada del Papa a nuestro país, el debate está abierto. Como lo estuvo ya en las anteriores visitas pontificias, tanto las de Juan Pablo II como la realizada en Valencia por el propio Benedicto XVI en 2006. Y como sucederá también el próximo mes de agosto, con motivo de la nueva visita papal a España, en este caso a Madrid.
A diferencia de lo que sucede en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno, en España seguimos sin precisar los límites exactos de la relación del Estado con las distintas confesiones religiosas, y de un modo muy particular con la católica, sin duda alguna la de mayor tradición histórica y mayor número de seguidores en nuestro país. El Estado español, cuya no confesionalidad constitucional parece mucho más teórica que real, sigue sin definir sus relaciones institucionales con las diversas confesiones religiosas pero al mismo tiempo otorga un trato singular y preferente a la iglesia católica, con la concesión de todo tipo de prebendas, especialmente económicas pero también de toda índole. Un muy buen ejemplo de este tipo de trato preferente a la iglesia católica lo tenemos en todas las visitas pontificias a nuestro país. En concreto, lo tenemos en la visita que Benedicto XVI realizará el próximo fin de semana, con sus breves estancias en Santiago de Compostela y en Barcelona, en ambos casos con la participación de gran número de autoridades civiles en los actos religiosos presididos por el Papa.
Más allá de las elevadas dotaciones presupuestarias destinadas por las administraciones públicas a esta nueva visita pontificia –se estima que los gastos serán de 3 millones de euros para las 8 horas de la breve estancia de Benedicto XVI en Santiago de Compostela y de 2,4 millones de euros para su estancia de poco menos de 24 horas en Barcelona-, incluso más allá de las importantes restricciones de todo tipo impuestas por motivos de seguridad en las zonas por donde pasará el Papa, lo que sin duda alguna es más cuestionable es la presencia y participación institucional de las autoridades civiles en unos actos de carácter exclusivamente religioso. Nadie puede poner nunca en cuestión la presencia ni la participación personal de ningún ciudadano en un acto religioso, pero no parece adecuado, al menos en un Estado no confesional como constitucionalmente es España, que las autoridades públicas asistan o participen como tales en dichos actos.
Jordi García-Soler es periodista y analista político
