La lucha por el derecho al aborto ha puesto en discusión una vez más la relación de la Iglesia católica con el Estado argentino. Los primeros capítulos de esta alianza ya se escribían en aquellas jornadas de Mayo.
El papel político de la Iglesia católica y su presencia en estas tierras es historia conocida. La conquista y colonización española del territorio americano, la expoliación de los territorios de los pueblos originarios y su usurpación contó con el aval de la Iglesia católica durante los siglos que se extendió. Lejos de una nación cuya esencia religiosa se fundó en el catolicismo, América “se convirtió” al cristianismo colonial luego del genocidio indígena y la destrucción de las creencias autóctonas y de origen africano y en algunos casos, en una especie de sincretismo, los ídolos autóctonos terminaron absorbidos al imaginario católico del régimen de dominación colonial.
Desde el inicio de la conquista, el Papa como vicario del mundo, concedió el derecho de soberanía sobre los territorios conquistados y luego el derecho de patronazgo a una de las monarquías europeas más confesionales de la época, la española. El trato era el siguiente: a cambio de consagrar el catolicismo como única religión permitida en los territorios encontrados y el compromiso de evangelizar a su población, el rey quedaba habilitado a intervenir en asuntos religiosos, como la designación de los cargos eclesiásticos (obispos, canónigos y párrocos), en consulta y aprobación de la autoridad religiosa, incluyendo la habilitación de parroquias, misiones, la recaudación del diezmo y la gestión de sus recursos económicos. Lo que se dice, un buen negocio para todos.
Repasemos. Los sucesos de Mayo por el cual las elites criollas se hicieron del poder político fue el inicio de un proceso más amplio de carácter continental cuyos objetivos independentistas respecto de España no se definieron en forma inmediata, ya que la Primera Junta actuaba como heredera de la legalidad colonial frente a la capitulación de la monarquía española ante Napoleón y se había constituido en nombre del monarca prisionero Fernando VII. En ese sentido, la Revolución de Mayo no fue una revolución social sino un recambio político de la élite gobernante que, limitando el español, daría mayor relevancia al comercio inglés. Fue el comienzo del proceso de construcción de una élite criolla vinculada a la dominación del capital británico, proceso que se profundizará durante la segunda mitad del siglo XIX.
La ruptura con la España colonialista que se inició el 25 de mayo de 1810 no abolió aquel derecho regio sino que lo mantuvo en manos criollas. Tampoco fue anticlerical – se dice que el mismo Mariano Moreno suprimió de la traducción del texto El contrato social de Rousseau todas las referencias críticas hacia la religión. Por el contrario, como veremos, el nuevo gobierno apeló al poder de la Iglesia católica como una institución privilegiada para asegurar la contención social del nuevo orden en construcción. Si durante los siglos previos la Iglesia católica había hecho posible la dominación colonial, ahora se ponía al servicio de las nuevas elites. Se alineó con los nuevos “mandones” protegiendo algo más que la continuidad del mundo espiritual… más bien la fuente de su poder y recursos.
Su papel fue fundamental para los grupos dominantes. Garantizó, en un contexto de perspectivas políticas inciertas, los lazos de integración y disciplinamiento durante la primera etapa de la formación nacional. Como señala María Elena Barral, “En el proceso de cambio político que se abrió en 1810, los curas se encontraron disponibles y con un conjunto de recursos en sus manos, de gran valor para las tareas que el flamante contexto político necesitaba; liderazgo, conocimientos y vínculos.”(Curas con los pies en la tierra. p. 70).
La presencia del clero en las jornadas de Mayo fue indiscutible. Muchos de sus integrantes provenían de las familias criollas, ilustradas, que limitados para ocupar cargos políticos encontraron en las milicias, después de las invasiones inglesas de 1806-1807, y la Iglesia una vía de ascenso social.
El apoyo del clero criollo se inspiró en diferentes movimientos ideológicos de la Ilustración europea, entre los que se destacaba el del jesuita Francisco Suárez, quien sostenía que el poder temporal no emanaba en forma inmediata de Dios sino radicaba en el pueblo. Como señala Fortunato Mallimaci, el cristianismo colonial ibérico se continuó en los catolicismos latinoamericanos proindependentistas pero debía presentarse como distinto para seguir legitimando y legitimándose en el largo plazo. Claro que hubo voces disonantes, como la del obispo de Buenos Aires, el español Benito Lué y Riega defensor de la sujeción colonial a toda costa – incluso británica como había declarado durante las invasiones inglesas – quien en el Cabildo del 22 de mayo había sostenido que: “El mando sólo podrá a venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un solo español en América”.
Su respaldo se expresó en los diferentes espacios a los que el proceso de 1810 dio lugar. Fueron parte del elenco gobernante, incluyendo representantes en los gabinetes de los años inmediatos a la ruptura colonial. No debería sorprendernos que casi treinta sacerdotes, entre los “vecinos decentes”, hayan accedido al Cabildo abierto del 22 mayo y la Primera Junta contara con la presencia del sacerdote Manuel Alberti como uno de sus vocales.
O que la Junta Grande a finales del mismo año, reuniera a un importante grupo de clérigos como Gregorio Funes de la provincia Córdoba, Juan Ignacio Gorriti de Jujuy, Francisco Uriarte de Santiago del Estero, Juan Paz de Mendoza o Manuel de Molina de Tucumán, entre otros. Unos años más tarde, en el Congreso constituyente de 1816, en Tucumán, que declaró la independencia, después de los letrados en leyes, la delegación que le seguía en número fue la de los sacerdotes.
El clero urbano y rural politizó abiertamente sus prácticas y los discursos religiosos según las necesidades políticas de los poderosos. A pocos días del 25 de Mayo de 1810 en la catedral de Buenos Aires se realizó una celebración de gracias, el llamado Tedéum (en latín: “A ti, Dios”). Desde el púlpito el deán del cabildo eclesiástico, Diego Estanislao de Zabaleta dirigió a los presentes una “exhortación cristiana”: “debéis tranquilizaros, después de haber instalado vuestro gobierno (…) Debéis estrecharos con los fuertes vínculos de la paz y la caridad para disfrutar, bajo el nuevo gobierno, las ventajas de una amable sociedad”, apelando a la obediencia en momentos de incertidumbre.
Esta ceremonia, que recuerda el 25 de Mayo, es casi la única que se conserva con suficiente fidelidad desde 1811. Un rito medieval en pleno siglo XXI cuya vigencia se explica por su poder simbólico e instrumental en manos de la retrógrada curia argentina: reforzar la creencia de una esencia católica inalterable desde los primeros días de la patria y mantenerla como una formidable tribuna política. Si quedaran dudas, basta un repaso de su uso y abuso del por entonces cardenal Bergoglio en sus cruzadas políticas antes de ser elegido como Papa Francisco.
La Iglesia católica prolongó su influencia como grupo de poder. Producida la Revolución de mayo, la Junta emitió un oficio en el que señalaba que los días festivos, luego de las misas, los sacerdotes debían propiciar la lectura de la Gaceta de Buenos Aires, el periódico impulsado por Mariano Moreno, secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Así decía: “todo ciudadano, después de instruido de los dogmas de la religión que profesa, debe también estarlo del origen y forma del gobierno que se ha constituido y a quien ha de prestar obediencia; (…) se sirva expedir circulares a los curas de la diócesis, para que en los días festivos, después de misa, convoquen la feligresía y les lean la Gaceta de Buenos Aires”.
No era una medida más. Las celebraciones religiosas y la prédica desde el púlpito, que eran claves para llegar a todos los grupos de la sociedad, especialmente analfabeta, expresaban el punto de vista de la nueva elite. Tuvo un propósito estratégico, pacificador: el de limitar y controlar la movilización popular generada por la ruptura con los realistas para someterla política y socialmente, pues el gobierno recién constituido debía consolidar su posición en el poder, ganar el apoyo de lo que quedaba del antiguo virreinato y asegurarse la adhesión de los plebeyos, empezando por la ciudad capital.
Las parroquias eran una bisagra que comunicaba la ciudad con la campaña. Contaban con un capital invalorable: no solo la posibilidad de control de los llamados vagos y sectores pobres de la sociedad sino el conocimiento exhaustivo de los habitantes pues, en ausencia de registros civiles, las confesiones y bautismos mediante, funcionaron como censos de población y de parentesco. Aprovechando la confluencia de los pobladores, las elecciones aún restringidas durante las primeras décadas posteriores a la revolución se realizaban los días domingos o festivos convocadas en conmemoración de algún santo. En ellas no fueron pocos los curas y sacerdotes candidatos al servicio de la elite.
Como señala la historiadora Marcela Ternavasio, la ruptura política iniciada en Mayo implicó el abandono del principio monárquico sobre el que se fundaban las relaciones de obediencia y mando. Por eso, el poder eclesiástico fue una pieza esencial para crear una liturgia de legitimidad de los nuevos grupos de poder y en los años siguientes, se ocuparon de darle un carácter sagrado al proyecto que emprendieron las elites dominantes.
Desde los “primeros días de la patria” hasta la actualidad la Iglesia católica ha trazado un firme recorrido: el de representar una milenaria y oscurantista institución al servicio de los poderosos, predicando la resignación para asegurar el sometimiento de los oprimidos en épocas de paz pero especialmente en épocas de crisis.
