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Las órdenes religiosas que gestionaron el Patronato de Protección a la Mujer han anunciado que pedirán perdón públicamente a las supervivientes de los centros donde, entre 1941 y 1985, miles de jóvenes fueron internadas sin juicio ni condena, muchas veces por desafiar el modelo de mujer impuesto por el franquismo o por proceder de familias desfavorecidas.
Sin embargo, para muchas víctimas este perdón será percibido como insuficiente o insincero si no va acompañado de una verdadera transparencia: la apertura de los archivos de las congregaciones religiosas es fundamental para documentar los beneficios económicos que obtuvieron a través de la explotación laboral de las internas.
Muchas fueron obligadas a realizar trabajos no remunerados, como labores domésticas, costura o tareas en talleres, cuyos productos eran comercializados por las órdenes religiosas. Los beneficios económicos generados por esta explotación, así como su destino, siguen siendo en gran medida un misterio, ya que los archivos de estas instituciones permanecen cerrados o son de difícil acceso. En ciudades como Vigo, la documentación histórica revela que las jóvenes no solo eran obligadas a realizar trabajos manufactureros en los propios centros, sino que también eran enviadas a servir en casas de familias de clase media, y a trabajar en fábricas locales, como las conserveras. Las órdenes religiosas, que controlaban estrictamente estos destinos laborales, se quedaban con un porcentaje significativo de los salarios de las jóvenes, justificándolo como parte de la disciplina interna. Además, los expedientes muestran cómo médicos, policías y otros profesionales vinculados al Patronato también recibían compensaciones económicas adicionales por sus servicios, creando así una microeconomía basada en el control y la explotación de estas mujeres.
Por tanto, la petición de perdón solo será un primer paso hacia la reparación si va acompañada de la desclasificación de los archivos y la investigación rigurosa sobre el lucro generado a costa de las víctimas. Sin acceso a estos documentos, la sociedad no podrá conocer la magnitud real de los abusos económicos y laborales cometidos.
Las disculpas, aunque necesarias, serán percibidas como un gesto vacío si no van acompañadas de medidas concretas que permitan esclarecer la magnitud de los abusos y reparar el daño causado. Abrir los archivos históricos de los centros religiosos que trabajaron para del Patronato es un paso indispensable para documentar no solo los abusos cometidos, sino también los ingresos obtenidos a costa del trabajo forzado de las internas. Estos documentos podrían revelar el alcance de la red económica que sustentó estas instituciones, incluyendo posibles conexiones con empresas, donaciones privadas o incluso el apoyo estatal durante el régimen franquista. Sin esta apertura, las disculpas corren el riesgo de interpretarse como una maniobra para aplacar la presión social sin asumir una responsabilidad plena.
Además, la reparación no puede limitarse a un acto simbólico. Las víctimas del Patronato, muchas de las cuales aún viven, merecen no solo el reconocimiento de su sufrimiento, sino también medidas concretas de justicia, como indemnizaciones, acceso a sus expedientes personales y el apoyo necesario para sanar las heridas psicológicas y sociales que aún persisten. La sociedad española, por su parte, tiene derecho a conocer esta parte oscura de su historia. La transparencia documental es, por tanto, un acto de justicia histórica que las órdenes religiosas no pueden eludir si desean que su petición de perdón sea creíble y significativa.
La apertura de los archivos del Patronato no solo permitiría cuantificar los beneficios económicos derivados de la explotación laboral, sino que también contribuiría a dignificar la memoria de las mujeres que sufrieron bajo este sistema. Solo con verdad, justicia y reparación integral será posible avanzar hacia una reconciliación genuina y cerrar las heridas de un pasado que aún clama por ser escuchado.
