Se nos antojaba imposible que aflorara de nuevo, siquiera levemente, el principio segundo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional (de 17 de enero de 1958), refrendado por la Ley Orgánica del Estado (de 10 de enero de 1967). Me refiero exactamente a este precepto: “La Nación Española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación”.
Franquismo clerical
Sabemos, claro está, que la sentencia del TC avalando el despido de profesores/as de religión en función de su vida privada es una minucia si se compara con el texto que acabo de transcribir. Pero conceptualmente esa sentencia parece inspirada más en aquellas teorías del franquismo clerical que en la Constitución de 1978. ¿Por qué sostiene usted, doña María Emilia Casas –ponente de la sentencia- que es constitucional pedir que “los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana”?
La recta doctrina
No deja de ser el colmo que el Estado pague a esos profesores/as –con los impuestos de ciudadanos creyentes, no creyentes y medio pensionistas- y que sea la Iglesia la que contrate docentes y pueda despedirlos en función no de los conocimientos de la religión católica, sino en función de “la recta doctrina” y “del testimonio de su vida cristiana”. A María del Carmen Galayo Macías, profesora de religión católica en Canarias la jerarquía eclesiástica no le renovó el contrato alegando que vivía con un hombre distinto a su marido.
Fernández de la Vega
Si usted, doña María Emilia Casas, entiende que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos determinados conocimientos, le confesaré que somos muchos los que no la entendemos. No entendemos nada. Tampoco el pronunciamiento de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. ¿O es que hemos de colegir que este género de razonamientos se aproximan más al fundamentalismo musulmán (para no volver al nacionalcatolicismo) que a una Constitución, inspirada en la Ilustración, la Enciclopedia y los valores de la Revolución francesa? A los profesores/as de Religión católica se les ha de exigir conocimiento de la asignatura y capacidad pedagógica. No catequesis, ni adoctrinamiento, ni proselitismo.
Presión agobiante
Cuando la presión episcopal empieza a ser agobiante; cuando la poderosa plataforma mediática de la Iglesia ha sido puesta –desde hace casi dos décadas- al servicio de la injuria, la mentira y la desestabilización democrática; cuando resuenan cada dos por tres voces de obispos, o de portavoces autorizados, alertando que España se halla en “la antesala del totalitarismo”, el Tribunal Constitucional aprueba una sentencia que -aparte de lo ya expuesto- subraya que la Iglesia no es “una empresa al uso”. ¿Es quizás la excepción a proteger?
Estatuto de los Trabajadores
¿Sus empleados no se han de regir por el Estatuto de los Trabajadores? ¿Han de regirse por su adhesión ideológica a la doctrina de la Iglesia y por su conducta ajustada a tal doctrina? ¿Hemos retrocedido a las épocas del absolutismo, a los tiempos de la unión del trono y el altar o a los de la Cruz y la espada? Lamento, respetada presidenta, que tras el aborrecible episodio sufrido por el magistrado Pérez Tremps -destinado a derribar el Estatut y, a ser posible, el Gobierno Zapatero-, el TC haya regresado a primera plana por una cuestión como ésta. ¿Qué está pasando, doña María Emilia?
