¿Qué dicen los programas electorales para las elecciones generales del 28-A sobre los temas que preocupan a la Iglesia?

Hace apenas unos días comenzaba la campaña electoral para las elecciones generales del 28-A. Ante ella, después de meses de mensajes muy diversos por parte de los distintos partidos políticos, los programas electorales sientan las bases de lo que PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox sueñan para el futuro de nuestro país.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, han sido numerosas las voces dentro de la Iglesia que se han alzado, llamando a los cristianos a votar “desde las enseñanzas del Evangelio”, como decían los religiosos españoles esta misma semana. Y es que no solamente es la cuestión del IBI y las inmatriculaciones lo que preocupa a la Iglesia española –cuestiones ante las que solo Unidas Podemos se ha manifestado, proponiendo recuperar los bienes inmatriculados y eliminar la exención del IBI a los edificios religiosos–.

Ante esto, Vida Nueva hace un repaso de los principales temas que preocupan a la Iglesia y a los cristianos, y cómo piensa afrontarlos cada partido a partir de sus programas electorales.

Educación, asignatura de Religión y enseñanza concertada

Este es uno de los principales temas que preocupa a la Iglesia, tanto por los valores que se imparten en las aulas como por el futuro de la educación concertada. En este ámbito, el Partido Popular señala que “el derecho a la educación pertenece a las familias”, por lo que aseguran que apoyarán por completo la “libertad de elección de las familias”, dando prioridad a sus deseos a la hora de elegir colegio. “Son las familias quienes deben elegir el modelo que deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias y respetar el carácter propio de cada centro”, añaden, lo cual se contrapone a la postura del PSOE, que apuesta por fomentar la enseñanza pública. Además, el PP propone ampliar a todas las comunidades autónomas la educación concertada al Bachillerato y la formación profesional.

En este aspecto coincide con Ciudadanos y con Vox, que apoyan la libre elección de colegio por parte de las familias, si bien el partido de Albert Rivera matiza que defenderá “que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos” y que garantizará “la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas”.

Esta postura difiere de la de Unidas Podemos, que hace hincapié en la necesidad de “garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria”. De la misma manera, aseguran que un gobierno de Unidas Podemos acabaría con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada”.

Mientras, el partido de Pablo Casado propone modificar la Ley “de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, con el fin de reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la dedicadas a la educación concertada, sean deducibles. “Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos”, asevera el programa de Ciudadanos.

En cuanto al estudio y evaluación de la asignatura de Religión, el Partido Popular asegura que garantizará “el derecho de las familias” a que puedan estudiarla “en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter voluntario y evaluable”. Mientras, Vox propone “exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales”, así como la “exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública”.

Por su parte, Ciudadanos, Vox y PSOE coinciden en la necesidad de impulsar un Pacto de Estado por la Educación. En el caso del partido de Pedro Sánchez, coincide también con Unidas Podemos en acabar con la LOMCE, a lo que este último añade que es necesario “eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo”.

Eutanasia

‘Medidas de humanización del Sistema Nacional de Salud’ es el título del apartado en el que el PSOE apunta la necesidad de “aprobar una ley para regular la eutanasia y la muerte digna, defendiendo el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto de nuestra vida, y el derecho a recibir la mejor atención médica en su tramo más difícil”. Algo en lo que coincide con Unidas Podemos y con Ciudadanos, de los cuales el primero subraya que esta ley debe ser aprobada “con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten”.

“Despenalizaremos esta práctica para los profesionales sanitarios que participen de la misma, garantizando en todo caso el respeto a su derecho a la libertad de conciencia”, inciden en Ciudadanos. Por su parte, los populares tan solo reconocen que impulsarán “la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal”, mientras que Vox no se manifiesta sobre el tema.

Aborto, gestación subrogada y familia

Ciudadanos tiene el objetivo de ser “el mejor país del mundo para las familias”, para lo cual proponen una serie de medidas económicas que impulsen la natalidad y los beneficios para las familias numerosas. Vuelve, además, el ‘cheque bebé’, pero esta vez por parte del Partido Popular y Ciudadanos.

Por otro lado, mientras Vox se manifiesta completamente a favor de la “defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y propone suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud como el cambio de sexo o el aborto”, los populares aseguran que pondrán en marcha “oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar”.

Unidas Podemos defiende, por su parte, el acceso a “una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres”. Asimismo, la coalición morada cree necesario “facilitar el acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud”.

El Partido Socialista recuerda en su programa electoral que, desde que fuera aprobada en 2010 la última ley de interrupción voluntaria del embarazo, estos casos se han “reducido en casi un 17%”, lo que significa, aproximadamente, 19.000 abortos menos. Por este motivo, los socialistas continúan defendiendo “una maternidad libremente elegida”, para lo que impulsarán “políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados a través de campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar”.

En cuanto a la maternidad subrogada, los únicos partidos que la mencionan en sus programas son Ciudadanos y PSOE. El primero, para defenderla, para lo que aprobarían “una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia” basada en el modelo de Canadá y Reino Unido. Por otro lado, el Socialista “rechaza la gestación por sustitución o gestación subrogada, eufemismo de vientres de alquiler, porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas”.

Igualdad y colectivo LGTBI

Ligada a la gestación subrogada, Ciudadanos señala la importancia de promover una “Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI”, por la cual se acabe “con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o condición sexual”, en la que incluso se contemplaría “un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual”. Además, se muestran partidarios de “blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual”. En la misma línea, el Partido Popular garantiza que trabajará “por la igualdad en todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, raza o creencia religiosa”.

En esto coinciden los populares con Unidas Podemos, que señala que “todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de género”. Para garantizar este derecho, el partido de Pablo Iglesias “pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo”, además de que se compromete a “ampliar los derechos” del colectivo LGTBI.

Mientras, PSOE se muestra muy crítico con “el auge, a nivel nacional e internacional, de organizaciones que difunden discursos de odio dirigidos a determinados colectivos, basado en el origen racial o étnico, la orientación sexual o identidad de género y la religión o creencia de las personas”, lo que para los socialistas “requiere una respuesta firme del Estado de Derecho que garantice la convivencia de todas las personas que viven en España y prevenga la difusión de mensajes que cuestionen la igual dignidad de las personas”. En consecuencia, proponen impulsar “la aplicación efectiva de la Ley de Partidos para ilegalizar los partidos racistas, xenófobos, y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia”.

Migraciones

“Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo”, cubriendo “únicamente servicios de urgencia” es lo que propone Vox en relación al fenómeno migratorio. Además, propone que un inmigrante ilegal nunca pueda alcanzar la nacionalidad española y fortalecer las fronteras, levantando “un muro infranqueable en Ceuta y Melilla”, dando a policías y cuerpos de seguridad “todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia, junto con el amparo legal correspondiente”.

Contrarios a ello, Unidas Podemos eliminaría los centros de internamiento de extranjeros (CIE), argumentando que “ningún modelo de privación de la libertad de las personas según su situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes”. Por otra parte, coinciden con Ciudadanos, PSOE y PP en la necesidad de reforzar las medidas de salvaguarda de los menores extranjeros no acompañados (MENA), así como de establecer actuaciones que persigan las redes de trata y tráfico de personas, y de impulsar una “inmigración legal y ordenada”.

Abusos a menores

El PP asegura que aprobará “un plan contra la Violencia sobre la Infancia y adolescencia, que incluya medidas de prevención, detección, protección y sanción con especial atención a los grupos más vulnerables”, que contemplará, además, “los plazos de prescripción para algunos delitos como, por ejemplo, la pederastia”.

En esto coincide el PSOE, que señala que “los menores en España todavía gozan de una protección insuficiente frente a situaciones de maltrato, abuso y violencia”, por lo que propone la “aprobación parlamentaria de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia”. Una Ley en cuya necesidad también incide Ciudadanos, que también propone modificar el Código Penal “para retrasar la prescripción de los delitos de agresiones y abusos sexuales que sufran los menores de edad para asegurar que no queden impunes”.

Solo Unidas Podemos hace referencia a los posibles ámbitos donde se puede dar el abuso a menores, como puede ser “el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito”, reconociendo que se trata de “un crimen muy grave que compromete su futuro”. Así, el partido de Pablo Iglesias apuesta por suspender “el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años”, además de eliminar “la distinción entre agresión y abuso sexual” y crear “una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos”. También hacen referencia a la necesidad de mejorar la prevención, para lo cual se destinarían “más recursos en el entorno educativo, social y sanitario y se creará una línea de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas atendida por un equipo profesional y multidisciplinar”.

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