La ley en cuestión pretende prohibir a cualquier empresa de fuera del Espacio Económico Europeo ser propietaria de más del 50% de un canal de televisión.
¿Por qué es polémica?
La ley ha sido apodada por sus críticos como Ley TVN porque denuncian que ha sido diseñada ad hoc contra TVN, el mayor canal privado del país y propiedad al 100% de una empresa estadounidense. Fakty, su programa de noticias vespertino, ha sido en la primera mitad de 2021 el más seguido del país, por encima de la televisión pública. TVN es una voz crítica con el Gobierno liderado por la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS).
“Es una ley diseñada para TVN porque no hay actualmente otro canal de televisión que caiga bajo esta legislación”, dice Joanna Szymańska, miembro de la organización defensora de la libertad de prensa Article 19 y especializada en Europa Central y del Este. La cadena ha sido atacada por el partido gobernante por su cobertura.
El Gobierno polaco “sigue el escenario húngaro e incluso ruso: hace lo posible por tomar el control de los medios de comunicación críticos. Si esta ley entra en vigor, cuenta con que la empresa estadounidense dueña de TVN tenga que vender y que alguien cercano al PiS lo compre”, según Szymańska.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este jueves que su Gobierno está “profundamente preocupado” por una ley “que amenaza la libertad de los medios”.
¿Qué dice el Gobierno?
El Gobierno de Polonia argumenta que este tipo de legislación ya existe en otros países europeos y que su objetivo es impedir que potencias extranjeras enemigas, como podrían ser Rusia o China, tomen el control de cadenas de televisión.
“Hasta ahora, países como China o Rusia no han querido comprar medios en Polonia y si realmente hubiesen querido proteger el mercado mediático de estos dos países, no habría necesidad de intentar hacerlo tan rápido como lo están haciendo. La razón de su prisa es que a finales de septiembre, TVN24 –el canal de noticias 24 horas de la cadena– tiene que renovar su licencia. Quieren aprobar la ley antes de ello para imposibilitar que la cadena siga emitiendo. No hay otra explicación lógica”, dice Szymańska.
“Además, el Gobierno ignora que esas leyes similares que existen en otros países europeos no se aprobaron para atacar licencias existentes. TVN lleva operando 20 años y de pronto es posible que ya no pueda hacerlo”.
¿Es parte de una estrategia más amplia?
“Esta ley es parte de una estrategia más amplia en relación a la libertad de prensa”, dice la experta de Article 19. De hecho, miembros del PiS han mencionado en varias ocasiones la idea de “repolonizar” y “desconcentrar” el escenario mediático del país.
Uno de los impulsores de esta idea ha sido el propio Jarosław Kaczyński, presidente de la formación ultraconservadora y percibido como el líder en la sombra del país. “Los medios en Polonia tienen que ser polacos”, dijo después de las elecciones del año pasado tras criticar la cobertura de algunos medios. “Ganamos a pesar de una campaña muy dura en la que se rompieron todas las normas. El ataque contra nosotros estuvo coordinado por un poderoso frente mediático también inspirado desde fuera”, dijo.
Los críticos con el Gobierno señalan que esta nueva ley abriría el camino a que una empresa controlada por el Estado tome el control de TVN y cambie su línea editorial. Y existen precedentes cercanos.
En diciembre de 2020, la poderosa empresa estatal de refinería de petróleo PKN Orlen compró el 100% de Polska Press (propiedad de una empresa alemana). Polska Press tiene 20 de los 24 periódicos regionales del país, además de 120 revistas semanales y 500 portales online.
“El Gobierno ahora tiene un acceso sin igual a una media de 17 millones de lectores mensuales. Aunque el CEO de Orlen lo presente como una simple inversión de negocios, parece claro que su propósito real es ayudar al PiS a nacionalizar la prensa extranjera y poner en jaque a los medios independientes”, dijo entonces Scott Griffen, vicedirector del International Press Institute.
¿Cuándo entra en vigor?
Ahora la ley tiene que pasar por el Senado, donde es probable que sea rechazada, ya que la coalición conservadora gobernante solo controla 46 de los 100 escaños. En ese caso, el proyecto volvería al Parlamento, donde tendría que recibir una mayoría absoluta –al menos 231–. Esto también es complicado, y más tras la salida del partido Acuerdo de la coalición gobernante. Con la ruptura de Acuerdo, que tiene 13 diputados, el PiS mantiene una mayoría simple de 198 de los 460 escaños, aunque en total controla 222 votos.
La crisis estalló esta semana, cuando el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cesó al líder de Acuerdo, Jaroslaw Gowin, que ejercía como viceprimer ministro en el Ejecutivo, por su actitud “poco leal”.
Gowin había afirmado que la ley de medios de comunicación “viola claramente el principio de la libertad de prensa”. El hasta ahora viceprimer ministro también había criticado el programa económico del PiS, denunciando que supondría una subida de impuestos para la clase media. Poco después de su destitución, Acuerdo anunció públicamente su ruptura con el PiS.
¿Ha habido otros ataques a medios?
En 2015, el año en que el PiS llegó al poder, Polonia estaba en el puesto 18 de 180 del ranking de Reporteros Sin Fronteras de libertad de prensa. Seis años de Gobierno del PiS lo han llevado al puesto 64.
En palabras de RSF, la televisión pública se ha convertido en “portavoz del Gobierno” que repite “sus mensajes de odio”. “La propaganda en este canal es increíble”, dice Szymańska. “A veces tengo la sensación de que el relato de Rusia es más sofisticada y su propaganda está más escondida que en la televisión pública polaca”.
“Atacan a opositores y activistas. Mucha gente cree que la razón por la que el alcalde de Gdansk fue asesinado en 2019 es por la televisión pública, que lanzó cientos de ataques muy agresivos contra él”, dice. “No se ha establecido formalmente porque la Fiscalía está retrasando la investigación, pero esa es la idea a nivel general”.
Szymańska también denuncia los ataques del Gobierno a medios privados críticos a través de la estrategia conocida como SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública) y cuyo objetivo es silenciarlos mediante procesos legales.
“Article 19 ha investigado este fenómeno y hay centenares de demandas contra periodistas y medios presentadas por el Gobierno, miembros del partido gobernante o empresas controladas por el Ejecutivo”, dice. “Por ejemplo, Gazeta Wyborcza, que es el principal periódico independiente, tiene actualmente 60 demandas. Los costes legales son enormes y se está volviendo demasiado para ellos aunque los tribunales sigan siendo bastante justos en este tipo de casos. El PiS no ha conseguido todavía acabar totalmente con la independencia judicial. Pero esa es la estrategia que utilizan para atacar a estos medios que son demasiado grandes y poderosos como para adquirirlos”.
