Los niños no son creyentes o no creyentes, a lo sumo, hijos de católicos, musulmanes, judíos, agnósticos….
Desde hace unos días se ha armado un gran revuelo con la proposición no de ley aprobada el miércoles pasado por la Comisión de Educación del Congreso que insta al Gobierno a que se retiren los símbolos religiosos de los centros educativos, trasladando así también una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos. Algunos interpretan equivocadamente que se trata de un atentado contra la libertad religiosa, cuando en realidad pretende solo clarificar la función universal y equitativa que debe desempeñar el Estado y sus instituciones (entre ellas, sus centros de enseñanza) respecto de cualquier opinión, símbolo, ideología o creencia de colectivos o personas individuales, que pertenecen al ámbito privado.
EN EFECTO, las instituciones públicas representan y están al servicio de todos los ciudadanos, y por consiguiente deben respetar por igual la libertad de conciencia de todos y de cada uno de ellos. El principio de igualdad y el derecho a la libertad de conciencia son, pues, los dos pilares sobre los que debe asentarse el Estado respecto de las ideas y las creencias presentes en la sociedad, ya que el Estado ha de ser autónomo y estar por encima de cualquier creencia o institución privadas. Precisamente este marco de neutralidad, sostenido sobre la libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos, es la garantía para que todas las creencias, ideas y convicciones morales sean respetadas y puedan desarrollarse sin problemas y sin privilegios. De hecho, los minaretes, las torres de las iglesias cristianas, la estrella de David, el crucifijo o la media luna manifiestan visiones del mundo que pertenecen solo al ámbito privado de los ciudadanos.
NADIE quiere suprimir el crucifijo, pues en todas las iglesias y ermitas de España, así como en todas las casas que lo deseen, puede haber tantos crucifijos y estatuas de vírgenes y santos como se desee. Lo que realmente se busca con la antedicha proposición no de ley no es eliminar los símbolos religiosos, sino hacer que los espacios públicos (incluida la escuela pública) sean realmente de todos y para todos, sin distinción ni discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 14 de la Constitución española). Quienes interpretan como una agresión la retirada del crucifijo de la escuela quieren ignorar que el Tribunal Europeo de Derechos ha dictaminado recientemente, a petición de una madre italiana que no quería que hubiese símbolos religiosos en el instituto público donde estudiaban sus hijos, que la presencia de crucifijos en las aulas constituye "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y "una violación de la libertad religiosa de los alumnos".
Sin embargo, la timorata ambigüedad del Gobierno ha llevado a que Rodríguez Zapatero declare que este asunto no está en la agenda del Gobierno y que sólo se retirarán los crucifijos si y cuando lo establezca una futura ley de libertad religiosa. Como si cualquier ley no estuviera ya subordinada de antemano a la Constitución; como si la libertad religiosa no estuviese enclavada en la inapelable libertad de conciencia de cada ciudadano.
A su vez, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, deja el asunto en manos de los consejos escolares de cada centro, como si a ellos competiese dirimir el carácter aconfesional y laico de todo centro y lugar público del Estado. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se refugia en futuribles exegesis de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, y en la bizantina distinción entre centros de enseñanza con y sin ideario (como si la laicidad del Estado y sus instituciones dependiesen de idearios privados; como si la Constitución no debiese ser el ideario incondicional de cualquier otro ideario). El presidente del PP, Mariano Rajoy, ve en el asunto solo un río revuelto donde obtener demagógicamente ganancias, y declara que el Gobierno "no debe jugar a dividir a los españoles, sino por el contrario debe trabajar para unirlos". Cuesta imaginar qué poder de unión tiene un símbolo católico para creyentes judíos, musulmanes, protestantes, ortodoxos, o para agnósticos, indiferentes y ateos. Sorprende sobre todo pensar por qué no dejamos en paz a los escolares: por mucho que se empeñen los adultos, los niños no son creyentes o no creyentes, sino, a lo sumo, hijos de católicos, musulmanes, judíos, agnósticos, ateos o evangelistas. (Hey! Teachers! Leave them kids alone!, cantaba hace años Pink Floyd).
OTRO TANTO pasa con la clerecía hispana. Rouco retuerce la vía argumental y acusa a los partidos políticos, "sobre todo al PSOE", de olvidar que "la democracia funciona con la libertad, no con la imposición". Olvida así la libertad de cuantos no coinciden con sus ideas, ignora también que la única vía para garantizar a todos por igual el ejercicio de sus derechos y libertades (libertad de conciencia y religiosa incluida) es un Estado aconfesional, laico, universal, a disposición y al servicio de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.
