La última Semana Santa será recordada por reabrir el debate sobre la separación Iglesia y Estado. Una vieja polémica que ha vuelto con fuerza gracias a los alcaldes y concejales de grupos políticos que, a lo largo y ancho de toda España, han vuelto a poner sobre la mesa cuestiones espinosas como la laicidad del Estado y la presencia de autoridades públicas en actos religiosos.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sido el último en aprobar esta misma semana una moción presentada a instancias del PSOE „con el apoyo de IU„ sobre la promoción de la laicidad del Estado. Una medida que, a partir de ahora,permitirá al alcalde mirobrigense decidir a qué actos religiosos asistirán los concejales y a cuáles no.
Antes de que la polémica llegase a Ciudad Rodrigo, en Murcia más de un millar de personas se echaban a la calle para protestar contra la moción prolaicidad presentada por Cambiemos. Cofrades y representantes políticos del PP y Ciudadanos, además de cientos de vecinos, se concentraban a las puertas del ayuntamiento murciano bajo el lema “Derecho a nuestra libertad religiosa, tradiciones y cultura”. Mientras tanto, dentro del Consistorio dos de los ediles del PP colocaban los estandartes de sus respectivas cofradías a modo de protesta. Los votos en contra de PSOE, Ciudadanos y PP impidieron finalmente que la moción saliera adelante.
Muy polémico también fue el inicio de la Semana Santa en Pamplona, donde sólo Joseba Asirón, alcalde de la ciudad por la coalición Euskal Herria Bildu, acudía a la Catedral el Domingo de Ramos para cumplir con la tradición de las Cinco Llagas, una celebración que se remonta a 1600. No partiparon ninguno de los 9 ediles de Bildu, Podemos e I-E que conforman el equipo de gobierno municipal junto a Asirón, mientras que sí lo hicieron los representantes de UPN, Geroa Bai y PSN.
Prohibir no, restringir sí
También la Costa del Sol ha vivido su particular ´via crucis´ con esta cuestión. En el Ayuntamiento de Torremolinos, el alcalde (PSOE) acordó limitar a 3 el número de concejales por grupo político que acudiría a las procesiones en representación municipal. El PP, con 10 ediles, rechazó la propuesta y participó en las procesiones medalla al cuello.
También en la vecina localidad de Benalmádena, PP y PSOE „que gobierna en minoría„ se enfrentaban después de que la edil de Cultura limitara a dos concejales por partido la representación. Curiosamente, la propuesta contó con el beneplácito de los hermanos mayores de las cofradías que, eso sí, pidieron a los miembros de la corporación que los ediles que acudieran realizaran el recorrido completo y no aparecieran “solo para hacerse la foto” como años anteriores.
En Sevilla, la polémica se desató el 26 de febrero. Ese día, después de debatir los presupuestos, el representante de IU „apoyado por Participa Sevilla„ defendía la separación entre Iglesia y Estado laico. Una moción que suponía que los concejales no podrían acudir a las procesiones, al menos en representación del Consistorio. La propuesta incluía también el pago del IBI por parte de la Iglesia y dejar de nombrar a calles con nombres religiosos. Tampoco aquí la moción salió adelante.
