PSOE. Compromiso electoral con Comunidad Educativa 2015

Convencidos de que lograr los importantes retos que se presentan ante el futuro y del necesario acuerdo social que exige la educación reafirmamos nuestro compromiso a seguir manteniendo el proceso de diálogo y participación con las organizaciones educativas para la construcción de la alternativa de Gobierno. Fruto de esta voluntad y este trabajo el PSOE se compromete a incluir estas medidas en su programa electoral para las elecciones generales:

 

  1. Derogar la LOMCE   y construir la educación desde el diálogo

Elaborar una ley de educación que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa, y que tenga vocación de permanencia, abierta al lógico progreso y evolución de la sociedad. Para ello se paralizará de forma inmediata la implantación de la LOMCE y se procederá a su derogación junto con los reales decretos de desarrollo. La nueva norma educativa se acompañará de una memoria económica que garantice su viabilidad y los objetivos acordados.

  1. Recuperar y ampliar el sentido constitucional del derecho a la educación

El auténtico sentido de la educación como derecho universal implica ordenar el sistema educativo para que sea, a la vez, asequible, accesible, adaptable y aceptable para todos. La escuela pública debe articular el derecho constitucional a la educación, permitiendo la adecuada escolarización de todo el alumnado.

  1. Garantizar la igualdad de oportunidades.

Derogaremos las normas que han contribuido al deterioro de las condiciones en los centros educativos y al sufrimiento de las familias. La derogación de estas normas vendrá acompañada de un paquete de ayuda a las familias, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que alivie la gravísima situación por la que atraviesan.

Los criterios de escolarización deben favorecer que el alumnado pueda acceder a los centros más próximos a su entorno familiar y, a la vez, promover la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos.

Solo se consigue con una educación totalmente gratuita, con libros y materiales en los centros educativos, con bibliotecas en los centros que permitan al alumnado utilizarlas para las lecturas obligatorias.

Promoveremos un análisis sobre los tiempos, y ritmos idóneos para que todo el alumnado consiga el éxito escolar centrando el objetivo en el mayor beneficio para él.

Suprimir cualquier tipo de copago por parte de las familias por cualquier concepto que no sea una tasa aprobada y publicada mediante el correspondiente procedimiento legal.

Garantizar la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar de residencia, también el medio rural granizando el derecho al transporte.

Recuperar un sistema de becas, concedidas a todo el que cumpla los requisitos de la convocatoria, es decir, sin régimen de concurrencia competitiva, ayudas y precios públicos ( incluidos los de tasas universitarias) que permitan el acceso o la continuidad de los estudios al alumnado con independencia de su situación económica). En este sentido, se modificará la normativa reglamentaria que establece el régimen de becas, sus cuantías y los umbrales de renta y patrimonio familiar aplicables para recuperar el concepto de beca como derecho.

Concesión directa de ayudas a las familias en proceso de desahucio, o con desahucio ejecutado, mediante la concesión de beca de comedor durante todo el curso escolar, en el centro educativo en el que esté escolarizado o en caso de cambio de centro por cambio de domicilio, además de todo el material escolar y los libros de texto necesarios.

  1. Reforzar el compromiso con la educación pública garantizando una oferta suficiente de plazas públicas entre los 0 y los 18 años

Hemos avanzado mucho en nuestro sistema educativo y el futuro desarrollo pasa por aumentar la fronteras de los niveles en los que debemos extender la cobertura en dos capítulos esenciales: la educación de 0 a 3 años, en el primero ciclo de la educación infantil y el aumento de nuestra tasa de titulación en etapas postobligatorias, especialmente en la Formación profesional. Estos dos objetivos deben constituir un objetivo compartido en el que el éxito en su consecución solo puede ser el resultado de las voluntades compartidas del Estado, comunidades autónomas, municipios y comunidad Educativa.

Las Administraciones deben hacer todo lo posible para que ninguna persona salga del sistema educativo antes de la mayoría de edad si no ha obtenido la titulación básica y una cualificación profesional de grado medio

Impulsar una Formación Profesional flexible, atractiva, con plazas suficientes, adaptada al requerimiento del sector productivo, coherente con las necesidades de nuestro país y trabajando para que exista el reconocimiento que se merece por parte del conjunto de la sociedad. Impulsar una Formación profesional que prepare al alumnado de forma integral y le permita acceder con éxito al mercado laboral o conectar con el resto de niveles educativos. En esta misma línea dar un impulso decidido al proceso de acreditación de competencias laborales.

  1. Fortalecer la cooperación institucional entre las administraciones públicas y la comunidad educativa.

El modelo autonómico, basado en la distribución de competencias entre la administración central y las Comunidades Autónomas que ha funcionado bien, debe ser mejorado. Bastaría sencillamente con fortalecer la cooperación entre las Comunidades Autónomas dotando a la Conferencia Sectorial de Educación de una mayor capacidad operativa y haciendo de los Programas de Cooperación Territorial instrumentos de política educativa que nos comprometan a todos en la búsqueda de soluciones eficaces a problemas comunes.

  1. Diseñar y desarrollar marcos curriculares orientados al aprendizaje de capacidades y competencias

Buscamos promover otra metodología en el aula con clases más participativas, aprendizaje cooperativo, abandonando el modelo memorístico y repetitivo, que permita poner el acento en el desarrollo de competencias y saberes relevantes para el siglo XXI.

La sociedad del conocimiento nos plantea un reto de gran envergadura: la alfabetización múltiple. Es decir, la necesidad de formarse en la interacción con distintas tecnologías para adquirir las competencias necesarias para participar activamente en el desarrollo de un proyecto de vida propia y en una sociedad más justa. Esta tecnologías incluirían desde la lectura y la escritura en distintas lenguas naturales (bilingüísmo o plurilingüismo) hasta la utilización del lenguaje matemático, el lenguaje gráfico, el lenguaje visual, o distintas combinaciones de ellas, utilizando tanto los instrumentos tradicionales (lápiz, papel) como los nuevos instrumentos (aplicaciones informáticas).

La alfabetización múltiple debe permitir a cualquier persona desenvolverse eficazmente en los espacios físicos (medio rural y urbano) como en los espacios simbólicos (literatura, pintura, cinematografía…etc.) o en los espacios digitales (plataformas y redes de comunicación). En definitiva, estos procesos de alfabetización múltiple nos obligan a considerar que la capacidad de aprendizaje, la educabilidad, se transforma en un gran valor.

  1. Religión y Educación

Defendemos una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas. La escuela debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos que consideramos la base de nuestra ciudadanía, y que, por ello, han de ser cursados por todo el alumnado. De ahí, que en nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículum ni en el horario escolar de enseñanzas confesionales. Para ello se promoverá las reformas del marco legal actual necesarias, así como de los acuerdos internacionales.

  1. Recuperar la formación Ético-Cívica como un derecho de todos los alumnos

Recuperar para el currículo una materia relativa a la formación ético-cívica que vele por el aprendizaje de conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, la justicia, la igualdad y los derechos civiles con el fin de preparar a los estudiantes para una ciudadanía activa. La escuela debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos y cívicos Derechos Humanos, Derechos Universales garantizando el bien superior del menor que consideramos la base de nuestra ciudadanía, y que, por ello, han de ser cursados por todo el alumnado.

  1. Asegurar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad

Cada alumno debe disponer de los medios para poder desarrollar al máximo sus capacidades, especialmente los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, uno de los propósitos principales del Gobierno será reafirmar su compromiso en materia de becas para que ningún estudiante abandone el sistema educativo por motivos económicos.

  1. Impulsar la democratización de la educación y la participación de la comunidad educativa

En este contexto de superación de los grandes retos que tiene planteados la educación y de ampliación de sus fronteras actuales, nos comprometemos a promover nuevos instrumentos y procedimientos para la participación cívica, y a revitalizar los Consejos Escolares, ampliando el propio concepto de la misma y haciendo posible la participación efectiva para que todos los sectores de la comunidad educativa tengan garantizado su derecho a intervenir en la gestión y el control de los centros educativos. Creemos que es necesario desarrollar compromisos de los centros educativos que faciliten la participación de la las familias, del alumnado y otros agentes sociales en actividades que permitan la mejora educativa y que haga posible una educación más interrelacionado con su entorno urbano como los barrios y municipios.

  1. Un modelo de profesionalización docente basado en la mejora permanente de la práctica

En la próxima legislatura debemos impulsar un nuevo modelo de profesionalización del profesorado basado en un sistema de contrato de prácticas de formación para postgraduados universitarios en el que formación, prácticas y selección acceso estén relacionado y sigan un criterio progresivo. Al tiempo, definir cómo será la progresión de sistema de acceso, evolución de una carrera docente y cómo se organiza la entrada y salida al vida laboral del docente, serán temas centrales en la aprobación del Estatuto Docente.

El nuevo modelo partirá de la derogación de los reales decretos que han deteriorado las condiciones laborales de los docentes y tendrá en cuenta la experiencia docente y su evaluación, dentro del marco de los criterios de acceso a la función pública. Una formación del profesorado que también incluirá resolución pacífica de conflictos, detección de acoso escolar de todo tipo, especialmente el homófono y en una práctica escolar íntimamente ligada a la participación de las familias.

  1. Recuperar el dialogo y los medios para la Universidad

Fortalecer el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado como espacios de concertación y acuerdo desde los que reconstruir el consenso que requiere la mejora del sistema universitario. Asimismo acordar un marco de financiación estable que asegure la calidad, suficiencia y equidad de la institución y promueva su eficacia, eficiencia y transparencia.

Paralizásemos y derogaremos el Real Decreto de 30 de Enero de 2015, en el que se modifican los RD de 2007 y 2011 sobre las enseñanzas universitarias oficiales y las relativas al doctorado, y proponemos que el Gobierno solicite un informe al Consejo de Universidades sobre los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y que promueva en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitario una comisión que elabore asimismo un informe sobre los efectos de la reforma promovida por el Ministerio de Educación en la financiación pública y privada de las universidades, la subida de tasa universitarias, en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo de los titulados.

  1. Garantizar una financiación adecuada: un suelo común del 5% y el objetivo para alcanzar 7%.

Proponemos establecer un suelo del 5% del Gasto del PIB destinado a educación y buscando el objetivo de alcanzar un 7% en un período de 8 años. Es cierto que para alcanzar un sistema educativo plenamente comprometido con la educación como un derecho universal no sólo es necesaria una buena financiación, también son necesarias otras condiciones. Sin embargo, el compromiso de todos debería ser ofrecer unos niveles aceptables en el servicio público garantizando un suelo común de inversión.

  1. Apoyo a la Escuela Rural

La escuela rural es una realidad específica dentro de nuestro sistema educativo. Su singularidad, características y necesidades hacen que sea necesario un tratamiento específico para asegurar el derecho a la educación en todo el territorio y que no opere como factor de desigualdad. Para ello se promoverá la elaboración de un plan específico de apoyo a la escuela rural en el seno d el a Conferencia a Sectorial y con la colaboración de los Ayuntamientos en el que se analice los recursos necesarios, la formación específica de los docentes, los servicios complementarios y con especial atención a garantizar las necesidades de transporte y apoyo material a los alumnos.

  1. Recuperar un sistema educativo estable, de calidad y que recupere la equidad

En definitiva, construir un sistema educativo estable, de calidad y que recupere la equidad; organizado desde el consenso con los actores educativos y con la necesaria colaboración institucional para hacer de la educación la mejor política social y económica, y de nuestros estudiantes los hombres y mujeres que devolverán en forma de progreso social e igualdad de oportunidades lo recibido durante su período de formación.

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