La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita salió a la calle esta lluviosa tarde de primavera para expresar “el rechazo unánime” a la Ley Wert y a los procesos de elitización de la Universidad, que en su momento se puso de manifiesto con dos huelgas generales y una larga campaña de manifestaciones.
La plataforma indicó en su manifiesto que los resultados de las elecciones del 20 de diciembre no llegaron a materializar un gobierno que respondiese a las reclamaciones de la ciudadanía y por eso, ahora, ante la convocatoria de nuevas elecciones, las organizaciones que defienden un modelo de Escuela Pública, laica y gratuita, “nos volvemos a movilizar para dirigirnos a los grupos políticos que se presentan a ellas y exigirlos la paralización de dichas leyes, decretos y de los recortes educativos impuestos, para, después, avanzar hacia un gasto del 7% del PIB, blindado institucionalmente frente a ataques a la calidad de la enseñanza como el sufrido en los últimos años”.
Aseguran que los recortes “han contribuido al desprestigio de lo público, buscando su deterioro para justificar las políticas del gobierno del Partido Popular, además de que han afectado a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y establecer mayores barreras para el acceso a la enseñanza superior”.
Alrededor de 150 burgaleses se han echado a la calle esta tarde para denunciar los recortes sufridos en al escuela pública y exigir a los políticos, ahora que entramos en campaña electoral, una serie de “mínimos” en materia de educación. Lo más importante es la derogación de la LOMCE, comenzando por una paralización de su aplicación, así como de las pruebas externas previstas para 3º y 6º de Educación Primaria. Una financiación adecuada, alcanzando el 7 por ciento del PIB, y ratios de alumnos por clase más bajos son otras de sus reivindicaciones.
La movilización, convocada por la Plataforma por la Escuela Pública, Laica, Gratuita y de Calidad de Burgos, se completará con una campaña de boicot a las pruebas de Primaria. El objetivo esconvencer a los padres para que presenten en los centros escolares cartas en las que se rechace estos exámenes. Isaac Marcos reconoce que se trata más de una acción “simbólica”, porque el “daño” ya está hecho, los profesores han cambiado este curso su forma de trabajar con los alumnos, a fin de prepararles para superar esas pruebas.
Las pruebas no respetan el ritmo de aprendizaje de cada escolar
Desde la plataforma defienden una evaluación continua e individualizada frente a lo que consideran unos exámenes que “responde a la ideología de las reválidas franquistas”. El profesor es el que mejor conoce a sus alumnos, puede evaluar cuáles son sus fortalezas y debilidades, el ritmo al que adquiere conocimientos, cuáles son sus necesidades educativas y, en función de ello, tomar decisiones. Sin embargo, las pruebas son una evaluación externa que no tiene en cuenta las particularidades del alumnado.
“No se respeta el ritmo de aprendizaje” de los escolares y se fuerza a cumplir con un temario, con independencia de los conocimientos que realmente se adquieran. Marcos insiste en que se trata de una “intromisión” del Estado en la educación con “tintes estalinistas”, obviando que lo importante no es llegar a un destino sino cómo se llega al mismo, y la educación “no puede ser una carrera de obstáculos”. Si se plantea de este modo, el fracaso escolar está asegurado para un alto número de escolares, que no van a poder soportar una “presión” para la que no tiene edad.
Más recursos
Sin embargo, la derogación de la LOMCE no es la única reclamación que realiza la Plataforma por la Educación Pública, Laica, Gratuita y de Calidad. El colectivo pide también ratios de alumnos por aula “adecuadas”, más similares a las que existen en otros países europeos puesto que no es de recibo que en Infantil se cuente con aulas con 25 niños. Igualmente, la plataforma reivindica más financiación para la educación, llegando al 7 por ciento del PIB, frente al 4,2 por ciento actual o al 3,8 por ciento que exige la Unión Europea.
