El Grupo de Trabajo de Economía de Acampada Sol ha aprobado dos propuestas abiertas sobre gasto militar y financiación de la Iglesia, presentadas por el subgrupo de Política Económica, y cuyos fines son la transferencia de parte de los gastos que suponen ambas partidas a unos servicios públicos de calidad y a actividades sostenibles (inversión en energías renovables y ahorro energético).
Recordamos que definimos estas propuestas como "abiertas" porque consideramos que su proceso de construcción no está finalizado y entendemos que han de ser objeto de un mayor debate y desarrollo.
Asimismo, estas propuestas representan a las personas que las hemos elaborado y consensuado. No se pretende que sean las propuestas del movimiento ni de la ciudadanía, pues no nos otorgamos el derecho de hablar en nombre de nadie. Estas propuestas y sus argumentaciones pueden ser una herramienta que sirva a otras personas, grupos asambleas, movimientos u organizaciones como documento de información y debate, y que a su vez nos permita recoger nuevas opiniones y propuestas que enriquezcan nuestro trabajo.
Más información en los enlaces de cada apartado:
Propuesta abierta consensuada por el Grupo de Trabajo de Economía sobre financiación de la Iglesia
La Iglesia recibe del Estado en España cantidades de dinero que no tienen comparación en otros países occidentales. Todos y todas conocemos el dinero que la Iglesia recibe de su casilla del IRPF y que en principio está destinado a sufragar sus gastos de funcionamiento. Ese dinero, que en los últimos ejercicios fiscales rondó los 250 millones de euros, es lo que popularmente se asocia a la aportación del Estado a la Iglesia Católica, pero pocas personas sospechan que es en realidad una ínfima parte de lo que finalmente reciben por otras vías. El monto total, que supera los 6000 millones de euros, es muy difícil de evaluar con exactitud por causas que luego veremos, aunque la mayor parte corresponde al mantenimiento de sus centros educativos y asistenciales, concepto por el que reciben más de 5000 millones de euros. Todo este dinero público, que la Iglesia gestiona opacamente, la sitúa al nivel de las grandes empresas de este país, siendo comparable en 2010 al nivel de facturación de una gran empresa como Acciona, o 3 veces superior a Ferrovial.
La Iglesia argumenta que ese dinero se destina a fines sociales, pero resulta más que paradójico que en un Estado tan poco desarrollado en lo social como el español (ver notas 1 y 2), estemos cediendo gran parte de los presupuestos educativos y sociosanitarios públicos a la gestión por parte de una entidad con intereses particulares. En realidad, esta transmisión de presupuesto público a gestión privada supone una degradación intencionada de los servicios públicos, promoviendo la ideas neoliberales de mayor calidad de lo privado. Nosotros y nosotras abogamos por una Educación y Sanidad públicas de calidad, garantizadas ahora y en el futuro, que proporcionen a las personas verdadera igualdad de oportunidades y un bienestar acorde a la media europea.
Es también falso el argumento frecuentemente utilizado de que la Iglesia puede dar más con ese dinero. En un país como éste, con unos niveles de precariedad laboral que han desmoronado el consumo interno, nada es más necesario que dotar de seguridad y trabajo estable a todo el colectivo de educadores, educadoras y asistentes que trabaja en condiciones muy irregulares en los centros gestionados por la Iglesia. Aunque el gasto estatal subiera al absorber los servicios delegados en la Iglesia, el incremento quedaría justificado por el acercamiento a la media de gasto público en educación y sanidad de los países de la OCDE y por el retorno de la inversión a través de los impuestos y cotizaciones de las nuevas trabajadoras y los nuevos trabajadores públicos y su incorporación con dignidad al mercado laboral.
En detalle, las partidas por las que la Iglesia Católica recibe dinero del Estado son las siguientes (datos de 2009)
– El ya mencionado 0,7% del IRPF, con destino a la financiación de la Iglesia supone unos 250 millones de euros.
– También del 0,7% del IRPF, de la casilla ‘fines sociales’ varias ONG religiosas reciben decenas de millones de euros. De hecho, Cáritas hace campaña para que los ciudadanos marquen también dicha casilla de la declaración de la renta, ya que ellos obtienen financiación a través de ella.
– Las variadas exenciones tributarias municipales, autonómicas y estatales son difíciles de cuantificar, aunque algunos expertos las situaban en 2009 alrededor de los 900 millones de euros. Incluyen impuestos tales como renta, patrimonio, IBI, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y transmisiones patrimoniales
– A los 2400 colegios católicos concertados existentes ese año se destinó un presupuesto de 3500 millones de euros.
– Los profesores de religión, capellanes hospitalarios, carcelarios castrenses suponen más de 600 millones de euros adicionales.
– Los hospitales concertados, ambulatorios, centros de ancianos, discapacitados y orfanatos gestionados por la Iglesia recibieron del Estado más de 2000 millones de euros.
– Las donaciones de entidades públicas, ya sea en efectivo (a asociaciones antiabortistas, en defensa del ideario vaticano de familia, fundaciones educativas, etc.) o en terrenos urbanizables (piénsese en el complejo eclesiástico que se deseaba construir en las Vistillas, en pleno centro de Madrid, en terreno donado generosamente por el Ayuntamiento). Este dinero es muy difícil de rastrear, pues se encuentra repartido en miles de presupuestos públicos por todo el país.
– Ninguna de las partidas mencionadas es empleada por la Iglesia en el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico, por el que el Estado aporta una cantidad adicional de 200 millones.
Nota 1. En relación al PIB, los siguientes países nos superan en gasto educativo público: Suecia, Dinamarca, Francia, Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Noruega, Italia, Portugal, Luxemburgo, Gran Bretaña, Canada, Hungría, etc. Fuente: OCDE
Nota 2. En relación al PIB, los siguientes paises nos superan en gasto sanitario público: Francia, Austria, Alemania, Canada, Bélgica, Holanda, Portugal, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Islandia, Italia, Reino Unido, Noruega, etc. Fuente: OCDE
Por todo ello, pedimos:
-Eliminación efectiva a corto plazo de la asignación del 0,7% del IRPF y sustitución por un sistema de autofinanciación directa por parte de sus fieles. También se normalizará la situación fiscal de la Iglesia, poniendo fin a las prebendas de que disfruta con múltiples exenciones de impuestos en las diferentes administraciones públicas
– En el ámbito educativo se procederá a la supresión del concepto de colegio concertado, convirtiéndose cada centro en público puro o privado puro según el caso. Además, se eliminará el cargo al Estado de los costes de la asignatura de religión en los colegios públicos. Los centros estarán disponibles para la impartición de dicha asignatura por parte de la Iglesia, ya sea en forma gratuita o mediante el cobro a los padres que la deseen como actividad extraescolar.
– Eliminación de las subvenciones a centros sanitario/asistenciales religiosos, manteniendo la Iglesia aquellos que quiera y pueda costear con aportaciones de sus fieles y convirtiendo el resto en centros públicos adscritos al sistema público de salud, de residencias de ancianos o asignados al desarrollo de la ley de dependencia.
Propuesta abierta consensuada por el Grupo de Trabajo de Economía sobre gasto militar
El presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2011 fue fijado en los Presupuestos Generales del Estado en 8500 millones de euros. Esta cantidad, en principio, podría parecer modesta para un país como España si no fuera porque no es más que un artificio contable para esconder un presupuesto militar muy superior. Usando el mismo mecanismo que se le ha permitido a Grecia, el país en peor situación de la Zona Euro, esconder el cuarto mayor gasto militar del mundo, el Gobierno español reparte todos los años el presupuesto real de defensa en múltiples ministerios. Así, si contamos los gastos correspondientes a Guardia Civil (imputados a Interior), clases pasivas militares (a Seguridad Social), organismos militares internacionales (a Exterior) y los créditos a I+D militar (a Industria), nos encontramos con un incremento adicional de más de 16000 millones de euros, lo cual triplica el presupuesto hecho público. Este mecanismo tiene un doble efecto perverso: por un lado, oculta los impopulares gastos militares y, por otro, infla los presupuestos de otros ministerios que se pueden considerar más útiles para la sociedad, imputándoles gastos militares que se restan de su presupuesto real.
Desde este punto de vista, quizás el caso más sangrante es el de I+D militar. Escondido en un concepto tan atractivo como I+D, e imputado a un ministerio que se asocia con la promoción de la actividad económica y el trabajo como es Industria, desde 1997 se han estado otorgando créditos blandos a la industria militar al 0%. Los créditos son tan ‘blandos’ que de los casi 15000 millones de euros prestados desde aquel año, sólo se ha devuelto el 1%. Hay que señalar que el 11% de todo lo que España destina a I+D va a defensa. Esta cantidad es 1,5 veces todo el presupuesto de investigación científica (incluido todo el CSIC) y 3 veces la investigación sanitaria.
El presupuesto oficial de defensa que mencionábamos al principio (8500 millones de euros) supone sobre el papel un 7,7% de reducción sobre el del año anterior. Ya de por sí la reducción es inferior a la que se ha aplicado a otros ministerios de fuerte impacto social como son Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que rondan el 8,2% de recorte. Pero es que, además, todos los años se anuncia una reducción del presupuesto de defensa que finalmente nunca tiene lugar. Así en los presupuestos del año 2010 se anunció un recorte del 6,2% y, al finalizar el año, lo que había habido era un incremento del 10%. El motivo son las misiones militares en las que España está involucrada. Estas misiones siempre suponen gastos no previstos, que en el año 2010 incrementaron en más de 500 millones de euros el presupuesto inicial. Este año, por ejemplo, el bombardeo de Libia no estaba incluido en los presupuestos del 2011, con lo que el esperado descenso de gastos militares volverá a convertirse en un incremento.
Estas misiones militares, tales como la de Afganistán o Libia, no sólo nos salen caras en momentos de crisis sino que, sin abandonar un punto de vista de economía crítica, tras un pretendido humanitarismo sólo esconden el control y la apropiación de intereses energéticos y de zonas de alto valor geoestratégico.
Por todo ello, pedimos:
Financiación exclusiva del ejército por el Ministerio de Defensa, sin ocultación de partidas en otros ministerios. En este sentido, se exige la reducción del gasto de I+D militar para destinarlo a actividades sostenibles (energías renovables y ahorro energético, medicina, etc).
Creemos en una economía al servicio de las personas. Por lo tanto, nos negamos a intervenir en operaciones militares que bajo el paraguas de un supuesto humanitarismo tienen como única intención el control de intereses energéticos o geoestratégicos.
