Propuestas para una sociedad laica. Posición de Europa Laica ante la Plataforma ciudadana por una sociedad laica

PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD LAICA.

Al preparar estas notas sobre "educación y laicismo", me proponía hacer un breve análisis de la situación actual, fruto de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979, y exponer las posiciones del movimiento laicista y, en especial, de "Europa Laica" en el ámbito educativo. Un acontecimiento reciente me obliga, sin embargo, a abordar de diferente manera la misma problemática.

Por vías diferentes ha llegado a nuestra asociación un documento sin firma titulado: "PLATAFORMA CIUDADANA POR UNA SOCIEDAD LAICA. MANIFIESTO." Junto a él, o de manera simultánea, una serie de cartas o de llamadas de amigos y asociados preguntando sobre la implicación de nuestra asociación en este manifiesto y sobre la conveniencia de adherirse.

Por lo que se refiere a la primera pregunta, me parece un deber urgente deshacer cualquier malentendido emanado de la circulación de un documento sin firma: la asociación "Europa Laica" es totalmente ajena a la elaboración del mismo. Por otra parte, tampoco tengo constancia de que ninguna de las organizaciones presentes en el Primer Encuentro por la Laicidad (Motril, julio de 2001) y en el Segundo Encuentro por la Laicidad (Barcelona, julio de 2002) haya sido invitada a participar o formalmente consultada.

En cuanto a la conveniencia de firmarlo, es obvio que cada uno, a título personal, dispone de su libre albedrío. La Junta Directiva de "Europa Laica", reunida el pasado día 6 en Talavera de la Reina, desautoriza, sin embargo, cualquier adhesión a este documento que se haga en nombre de nuestra asociación y, en todo caso, aconseja rechazarlo.

A la hora de exponer las razones que movieron a adoptar esta decisión, sí entro de lleno en la temática que nos ocupa: el laicismo en el ámbito educativo, sin que este asunto pueda aislarse de su consideración política global.

A los asociados y amigos que han mostrado su entusiasmo ante un manifiesto que, de manera tajante, pretende eliminar la religión de la educación pública, debería, en primer lugar, agradecerles su buena fe y su deseo de avanzar hacia la escuela laica. De hecho, no sólo se formula esta reivindicación, sino que se hacen otras muchas afirmaciones que constituyen postulados básicos de nuestro movimiento. ¿Cuál es, pues, el problema? Ocurre que cada una de las propuestas que podríamos asumir queda anulada, dentro del mismo manifiesto, por otras que la imposibilitan.

EL LAICISMO MODERNO.

El documento se ampara, en lo que a su ideología se refiere, en el llamado "laicismo moderno", que en Francia se vende como "laicidad abierta" y aquí ha llegado también con el nombre de "laicidad inclusiva". Y ha llegado precisamente de la mano del PSOE, que la alberga en sus páginas oficiales de internet (ver la sección CRISTIANOS EN EL PSOE).

Recordemos brevemente el asunto: el "Manifiesto por la laicidad inclusiva", traducido del francés, es un alegato contra la decisión de Jospin de oponerse en el año 2000 a las presiones clericales para la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pretendían estas presiones, plasmadas en el primer borrador, que tales derechos aparecieran como "herencia religiosa". Jospin, a quien a laicidad francesa no debe gran cosa pero que en este asunto se merece un aplauso, consiguió que los términos se sustituyeran por "herencia espiritual". Si consideramos la significación que la palabra "espíritu" tiene en francés, como sinónimo de "inteligencia" (lo que permite a Sartre decir "l'esprit est à gauche"), parece que hablar de "herencia espiritual" no excluye a nadie. Aquí cabe toda la tradición humanista europea: la de corte religioso y la de corte no religioso. La laicidad inclusiva, sin embargo, excluye de la génesis de los derechos humanos nada menos que todas las corrientes ateas, agnósticas y deístas (es decir, no adscritas a ningún teísmo religioso), cuyo papel en la generación de los valores de libertad y de igualdad todos conocemos. ¿Cuál es, pues, la laicidad excluyente: la laicidad francesa sin adjetivos o ese invento llamado "laicidad inclusiva", ahora sostenido por el PSOE?

En cuanto al denominado "laicismo moderno", vale la pena detenerse un instante para saber qué es. Los términos, como los de "laicismo actual", han sido ampliamente utilizados en los últimos años por Luis Gómez Llorente. Me remito a un artículo de 1999 titulado "El papel de la religión en la formación humana", publicado en la Revista Iglesia Viva y ahora exhibido también en las páginas CRISTIANOS EN EL PSOE y en el sitio internet de la Fundación Cives.

Para Gómez Llorente y para su "laicismo moderno", la oposición entre Estado laico y Estado confesional queda resuelta y superada por el Estado aconfesional (donde "aconfesional" no significa lo que nuestra competencia idiomática nos dice: que el Estado no tiene confesión religiosa alguna). Éste sería un Estado formalmente separado de la Iglesia en su constitución, pero que devuelve a la Iglesia su papel en la vida pública y en el derecho público mediante un concordato. Y a continuación se entrega a la apología de los acuerdos de 1979.

Por lo demás, el idioma se fuerza también con el adjetivo "moderno", porque en español eso significa algo más reciente, más actual que el laicismo a secas, que aparecería como "antiguo".

Pues bién, la solución mágica hallada por Gómez Llorente data, nada menos, de Napoleón Bonaparte, cuando dejó de ser un adalid de la Revolución Francesa para embarcarse en su egolatría, devolviendo para ello a la Iglesia Católica, mediante el Concordato de 1801, la mayor parte de los privilegios perdidos con la liquidación del Antiguo Régimen. El concordato de 1801, el más antiguo de todos ellos, sigue hoy vigente en Alsacia y Mosela. No es de extrañar, pues, que el arzobispo de Estrasburgo se permita decir que no hay en Francia nadie más laico que él, ya que la "laicidad abierta" es precisamente eso.

El laicismo sin adjetivos, la laicidad francesa sin adjetivos, son, pues, posteriores al "laicismo moderno", que sólo tiene de reciente la coletilla, y se han fraguado en la lucha por la libertad y la igualdad durante todo el siglo XIX, en la oposición a todos los concordatos de corte fascista del siglo XX: el de Mussolini de 1929, el de Hitler de 1933, el de Franco de 1953…, todos ellos vigentes, aunque pasados por ciertas revisiones.

LA PLATAFORMA CIUDADANA POR UNA SOCIEDAD LAICA MANTIENE, SIN DECIRLO, EL MODELO CONCORDATARIO.

Fiel, pues, a esta ubicación en el llamado "laicismo moderno", el manifiesto que nos ocupa finge denunciar el vigente Concordato, pero sólo se mencionan en él los acuerdos de 1979. El acuerdo de 1976 permanece intangible. Con éste, como sabemos, se comienza la revisión, en la etapa preconstitucional, del Concordato de 1953. Mantenerlo asegura la pervivencia del modelo concordatario en las relaciones Iglesia-Estado. De lo que se trata es de renegociar aspectos concretos de su desarrollo, de los acuerdos de 1979, si es necesario directamente con la Conferencia Episcopal Española, y en especial lo que se refiere a enseñanza y asuntos culturales.

LA PLATAFORMA CIUDADANA… PRETENDE ERRADICAR EL ADOCTRINAMIENTO RELIGIOSO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, PRESERVANDO LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS ACTUALES 27.000 PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA.

En efecto, se afirma en el manifiesto la necesidad de denunciar el Acuerdo de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales porque éste permite el despido de los profesores de religión católica. Los militantes del laicismo podríamos pensar que lo denunciable es que el Estado se vea obligado a ofertar la asignatura de religión católica en todos los centros sostenidos con fondos públicos, desde la educación infantil hasta el Bachillerato, y a convertir en miembros de pleno derecho del Claustro de profesores a los individuos designados por los obispos. La situación así generada, que va desde la toma de rehenes de los alumnos no católicos durante las horas de religión hasta el maltrato moral, en muchos casos, de estos niños en educación infantil y primaria, constituye el elemento lesionador de derechos. El hecho de que los profesores de religión católica estén ahí en virtud de la idoneidad otorgada por el obispo y, en consecuencia, puedan ver retirada dicha idoneidad es algo que sólo afecta a sus intereses corporativos.

Se nos plantea, sin embargo, un nuevo interrogante a la hora de leer el manifiesto de la Plataforma Ciudadana… ¿Cómo pueden pensar sus autores que sea compatible sacar la enseñanza doctrinal de la escuela pública y mantener intocables los puestos de 27.000 catequistas, motivo por el que, según ellos, en nombre del "laicismo", se deben revisar los acuerdos de 1979?

Pues bien, la solución es obvia: convirtiéndolos en funcionarios públicos y, en su caso, en empleados acogidos al régimen general en la enseñanza concertada. Como un Estado aconfesional no puede franquear el acceso a la función pública al adoctrinador de una confesión particular, se trata de habilitar una asignatura especial para ellos.

Ésta es una reivindicación que ya viene de lejos, aunque aquí nos remontemos únicamente al último Congreso de la Asociación de teólogos "Juan XXIII". El propósito se continúa en la reunión de "expertos" del PSOE en la Fundación Pablo Iglesias, cuyas conclusiones aparecieron en el "EL PAÍS" del pasado 25 de marzo. Allí se pedía la inclusión en el currículo oficial de una asignatura no confesional de religión. En el manifiesto que ahora analizamos, se trata de una asignatura de educación ético-cívica común y obligatoria para todos los alumnos.

En buenas manos nos dejaría, a los profesores y a los padres de alumnos no católicos, tener como funcionario, en el departamento de Filosofía o en el de Ética y Civismo, al cura con alzacuellos, a la monja de turno o al teólogo seglar. Hasta ahora podíamos optar por una Actividad Alternativa, con la rabia de que nuestros alumnos y nuestros hijos sean tomados como rehenes, pero luchando con todas nuestras fuerzas para que no se les imponga una vivencia de segregación o de maltrato moral. Ahora tendríamos que aceptar, sin posibilidad de defensa, que sean adoctrinados en la "laicidad inclusiva", que se falsifique la historia, que se les diga que el humanismo ateo carece de toda propuesta ética y que nada ha tenido que ver en la génesis de los derechos humanos, que son de herencia exclusivamente religiosa…

Si algo hay que reforzar, ganando las dos horas lectivas semanales consagradas a religión, es la presencia de asignaturas clásicas, como la Historia y la Filosofía, capaces de garantizar una auténtica formación humanista. Pero ello obligaría a los actuales catequistas a competir, en términos de igualdad, con todos los licenciados que se presentan a dichas oposiciones.

LAS REIVINDICACIONES APARENTEMENTE LAICISTAS DE LA PLATAFORMA CIUDADANA…, EN ESPECIAL LA DE SACAR LA RELIGIÓN DOCTRINAL DE LA ESCUELA PÚBLICA, PRETENDEN AMPARARSE EN LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 1980.

Este es el mayor engaño dirigido al ciudadano de buena fe que pretende dar pasos hacia la escuela laica. La mencionada Ley Orgánica no sólo no permite sacar la enseñanza de la religión católica de la escuela pública, sino que se hizo con la intención de interpretar, sesgando su enunciado, el artículo 27.3 de la Constitución. Incluyendo otras tres religiones (el judaísmo, el islamismo y el protestantismo) cuyos representantes, en virtud de esa ley, han firmado acuerdos con el Estado, se pretende abonar la cuota de pluralismo.

La asociación "Europa Laica" ha denunciado la oposición de esa Ley Orgánica de 1980 a la noción de libertad de conciencia que, en términos precarios pero a los que podemos acogernos, viene enunciada en la Declaración Universal de 1948, en el Convenio Europeo de 1950, en la Constitución Española de 1978 y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, sin permitir ninguna desigualdad entre creyentes y no creyentes.

¿Qué capacidad de maniobra real deja, pues, la Ley Orgánica de 1980 a quienes prometen eliminar la religión doctrinal de la escuela pública? Sólo una: sacarla del horario lectivo. Con ello tendremos religión por partida doble: la de los actuales catequistas, integrados en la asignatura de educación ética y cívica, y la de los que, por diferentes razones, no puedan ingresar por esta vía, más los catequistas que se designen después, también financiados por el erario público, que impartirían la religión confesional como materia no evaluable.

Que éste es el designio de los autores del manifiesto examinado puede constatarse leyendo el reportaje aparecido en "EL PAÍS" el día 25 de marzo, que recoge las conclusiones de los "expertos" del PSOE reunidos en la Fundación Pablo Iglesias y el comunicado de prensa de la Fundación Cives firmado el 9 de mayo de 2002.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

El laicismo sin adjetivos, el de rabiosa actualidad, el que propugna la libertad de conciencia bajo el principio de igualdad de todos los ciudadanos, no está en absoluto interesado en una nueva revisión del Concordato de 1953. Lo que propugna es su revocación y la derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, reclamando la misma consideración en materia de derechos fundamentales para creyentes y no creyentes.

Los sectores interesados por la revisión nada tienen de laicistas. Son tres:

-De una parte, la derecha clerical, la derecha de siempre, y la propia Conferencia Episcopal Española, para quienes el Acuerdo de 1979 sobre asuntos económicos ha caducado. El sostenimiento del clero diocesiano se hace (y ahora se prolonga hasta el 2005) de manera completamente ajena a nuestra legislación y al propio Concordato, ignorando la voluntad de los contribuyentes en el IRPF. Hay que garantizar, de una manera menos escandalosa que la actual, los sueldos de obispos y de curas.

-De otra parte, los sectores de la Iglesia Católica que pretenden disputar parcelas de poder a los obispos, como es el caso de la asociación "Juan XXIII". Las querellas internas de la Iglesia atañen a sus fieles, y nada tiene de laicismo solucionar las reivindicaciones corporativas de los actuales 27.000 catequistas embutidos en la enseñanza financiada con fondos públicos.

-El PSOE, que desde sus páginas oficiales en internet ha optado sin ningún tipo de ambigüedades por recristianizar España y juega a rentabilizar las diferencias entre católicos (ver CRISTIANOS EN EL PSOE, y acceder desde ahí a DOCUMENTOS). Las mismas personas que negociaron en el mayor secretismo y en el chantaje político los acuerdos de 1979 (aspecto que Gonzalo Puente Ojea puso de manifiesto en su libro Elogio del Ateísmo), son otra vez comisionados para vender la nueva revisión.

Lo que la asociación "Europa Laica" propone queda explicitado en su Carta Programática y en su campaña contra la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

Juan Francisco González Barón,

Presidente de la Asociación "Europa Laica".

 

PLATAFORMA CIUDADANA  POR UNA SOCIEDAD LAICA

MANIFIESTO

         En el último cuarto de siglo la sociedad española ha experimentadoprofundas trasformaciones sociales y culturales. Uno de los cambios más significativos ha sido el proceso de secularización y la aparición de un pluralismo moral que no admite imposiciones dogmáticas de ningún tipo en el ámbito de los valores y las normas morales individuales y sociales. Así, la religión católica que, durante muchos siglos, fue en España la base de las convicciones morales de gran parte de la población, ya no es en la actualidad el único referente ético para una mayoría de los ciudadanos.

El fenómeno del pluralismo moral está unido en nuestro país al creciente peso de la moral laica y a la aparición del pluralismo religioso, vinculado, en gran medida, al creciente fenómeno de la inmigración. En estas condiciones los viejos privilegios de la Iglesia Católica pueden conducir a situaciones absurdas.

         Ante  estos nuevos fenómenos,la vertebración de una sociedad laica recobra actualidad, porque el ideal de la laicidad, como ya se ha demostrado en otros países, es una garantía de libertad y de integración democrática de las diversas creencias religiosas y morales que conviven en una sociedad. El laicismo como filosofía y como movimiento social sostiene que la libertad de conciencia, la libertad ideológica y la libertad religiosa son un eje fundamental de las leyes democráticas de un país y que el Estado debe ser neutral en materia religiosa; es decir, que ninguna religión debe gozar de ningún trato de favor ni de ningún privilegio (económico, social, jurídico) en sus relaciones con el poder político. Esta filosofía política defiende que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivos ideológicos ni religiosos.  El objetivo de la laicidad es que cada ciudadano pueda ejercer libremente sus opciones morales, siendo la neutralidad expresa del Estado el mejor modo de garantizar una efectiva, e igual, libertad de conciencia para todos. 

         Otra aportación importante del modelo de sociedad laica essu positivo significado moral. Muchos enemigos del laicismo y de la laicidad esgrimen el argumento de que sus defensores son hostiles y se dedican al enfrentamiento con la religión; sin embargo el laicismo es, ante todo, una ética ilustrada que promueve los valores de la libertad, de la igualdad y de la justicia entre todos los seres humanos, con independencia de su adscripción religiosa. Por eso, la filosofía de la laicidad defiende que en los países democráticos debe admitirse el pluralismo desde una perspectiva abierta que integre a todos los ciudadanos en la sociedad, al amparo de las mismas leyes y disfrutando de los mismos derechos. El concepto de ciudadanía debe mucho a la filosofía laicista, ya que sostiene la igualdad de trato para todos y la obediencia a unas mismas leyes democráticas que han sido hechas entre todos y que obligan a todos por igual. Ser ciudadano es ser sujeto de derechos y de obligaciones en el marco de una convivencia democrática, regulada por el respeto a la ley. El origen étnico, cultural o religioso de cada persona puede y debe quedar integrado en el derecho de ciudadanía. Por todo ello, y en consonancia con la perspectiva de un laicismo moderno, consideramos además que éste es un compromiso de acción social orientado a remover los obstáculos objetivos, -económicos y culturales-,  que impiden en la práctica el ejercicio de la libertad de conciencia y la autonomía moral.

La Constitución establece el carácter aconfesional, es decir, laico del Estado español, y de todas sus instituciones, servicios y centros públicos. Sin embargo dicha aconfesionalidad se ve continuamente limitada o perturbada por la permanencia de usos confesionales de carácter oficial que la contradicen y sobre todo por la vigencia de los Acuerdossobre Asuntos Jurídicos, Económicos, Educativos y Culturales de enero del año 1979, firmados como tratados internacionales entre el Estado español y el Vaticano y que en consecuencia gozan del carácter de ley positiva. La mayor parte de los conflictos y problemas que han saltado últimamente a la opinión pública, desde los despidos de profesores de religión hasta ciertas inversiones realizadas en Gescartera, tienen su origen en la pervivencia de un sistema concordatario históricamente superado y predemocrático de relación entre la iglesia y el Estado. La vigencia de tales Acuerdos se ha demostrado en muchos aspectos incompatible con los valores constitucionales, como es el caso del libre despido que se aplica a los profesores de religión católica, el establecimiento de las distintas religiones confesionales como materia fundamental en los planes de estudio, o el privilegio de poder obligar a quienes no sigan una asignatura de religión confesional a realizar actividades académicas simultáneas, quieran o no quieran, lo que vulnera la libertad de elección, de conciencia y religiosa. El Acuerdo sobre Asuntos Económicos, según sus propios términos, debería haber finalizado ya su vigencia. Por el contrario, aún estando vigente una Constitución que no contempla, a diferencia de otras que si lo contemplaron, la financiación de la Iglesia por el Estado, la realidad es que el presupuesto general del Estado sigue incorporando la financiación de la Iglesia, incluida la de miles de profesores de religión católica, y sin olvidar, que una buena parte de las subvenciones asignadas a “otros fines sociales” con cargo al 0.5 del IRPF, también van a parar a entidades religiosas, por citar sólo algunos ejemplos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto  con el ánimo de extender a toda la sociedad española un impulso de los valores del laicismo, nos comprometemos a llevar adelante una serie de acciones conjuntas para:

1ª) Reclamar la denuncia de los Acuerdos suscritos entre el Estado español y el Vaticano el 3 de enero de 1979, especialmente los de Enseñanza y Asuntos Culturales, y el de Asuntos Económicos, y su sustitución, en su caso, por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica y restantes confesiones en condiciones de igualdad, conforme a lo previsto en el artículo 16.3. de la Constitución española, y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, sin que dichos Acuerdos de Cooperación signifiquen merma alguna de la aconfesionalidad del Estado, ni adquisición o mantenimiento de situaciones de privilegio de ningún género por ninguna de las Confesiones Religiosas.

2ª) Garantizar legalmente, la libertad de conciencia y religión, y aplicar la aconfesionalidad del Estado, para lo que resulta necesario promulgar, como desarrollo de aspectos sustanciales de nuestra Constitución, un Estatuto de Laicidad, que garantice la neutralidad ideológica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones, establecimientos, centros y servicios públicos, incluidos los concertados  que dependan del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales (universidades, centros escolares, hospitales, servicios asistenciales, de ocio o de acogida, infantiles, de la mujer o de tercera edad, centros penitenciarios, cuarteles de las Fuerzas Armadas o de seguridad, etc…). En todos ellos, ningún ciudadano podrá ser discriminado, positiva o negativamente, en razón de sus creencias, ni se podrán realizar actividades de proselitismo. La asistencia religiosa y/o moral que demanden los ciudadanos usuarios de tales centros o servicios podrá realizarse respetando el principio de aconfesionalidad que deberá regir la actuación del centro, servicio o institución pública, y la designación de sus empleados y órganos de gobierno.

3ª) Exigir que la asignatura de religión confesional salga de la escuela pública y reivindicar la introducción en el curriculum de la enseñanza Primaria y Secundaria de una educación ético-cívica común y obligatoria para todos los alumnos, como medio para garantizar un adecuado conocimiento y una práctica real de los valores y normas morales propios de las sociedades democráticas, tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Asimismo, es preciso fomentar la participación escolar como el mejor instrumento práctico para lograr esta educación ético-cívica de los alumnos.

4ª) Reivindicar la supresión de la Disposición Adicional 2ª del Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza por cuanto pretende establecer el Área o Asignatura obligatoria de Sociedad, Cultura y Religión, con dos versiones, una confesional que en realidad incluye la clase de religión, y otra aconfesional y obligatoria para los que  no asistan a clase de religión confesional.

Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica

Madrid, 20 de septiembre de 2002

 

(RELACIÓN DE ENTIDADES QUE FIRMAN LA PLATAFORMA POR ORDEN DE ADHESIÓN)

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