Propuesta de IU «Por el laicismo del Estado y las Administraciones Públicas en defensa de los derechos y libertades

Por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara , el Grupo Parlamentario Izquierda Verde- Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación.
 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Propuesta de Resolución nº
POR EL LAICISMO DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.


   En los últimos años la sociedad española ha experimentado una profunda secularización, sin embargo no ha sucedido lo mismo con el Estado. Los sucesivos gobiernos del Estado Español han mantenido unas relaciones políticas con la institución de la Iglesia Católica que la han garantizado una situación claramente privilegiada en numerosos aspectos sociales, educativos, culturales y económicos.
   La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo General de 1976 que revisaba el Concordato de 1953. Un acuerdo que fue completado con el "Acuerdo so bre Asuntos Culturales y Educativos" (Acuerdo de la Santa Sede). Este Acuerdo data de enero de 1979, aspecto nada baladí teniendo en cuenta que tan sólo un mes antes fue aprobada la Constitución española y que este protocolo se negoció con el Vaticano por un gobierno preconstitucional.
   Con respecto al contenido del acuerdo, una de las cuestiones fundamentales es la situación de privilegio (que no de derecho), de la Iglesia en el sistema educativo. Una pacto que determina que la
asignatura de religión tendrá el mismo rango que el resto de asignaturas fundamentales, es decir, será tan importante como las matemáticas, el inglés, la historia. Del mismo modo se establece que la asignatura de religión católica siempre se impartirá en el período lectivo, sus libros son los únicos que no pueden ser revisados por la autoridad educativa y los profesores de religión son elegidos por los obispos y pagados por el Estado (son los únicos a los que la administración les permite educar sin que la propia administración compruebe su preparación para ello).
   Este protocolo es producto de un contexto histórico superado por nuestra democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía un poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el
franquismo. Una cuerdo que le ha servicio como cadena de hierro con el que maniatar a los gobiernos democráticos, que aun hoy sigue vigente y lamentablemente tras las últimas declaraciones del gobierno
del señor Zapatero, no tiene visos de ser revisado.
   A pesar del mantenimiento de los privilegios de la institución católica sobre la educación y otros aspectos, la reforma del sistema educativo planteada por el actual gobierno, las recomendaciones del
Consejo Escolar del Estado y determinadas iniciativas legislativas a favor de los derechos civiles y las libertades, como son el reconocimiento del matrimonio y adopción de parejas homosexuales, han provocado toda una campaña desde la Conferencia Episcopal contra los derechos y libertades, llamando a sus fieles a la movilización apelando a una supuesta agresión desde el Estado y el gobierno.
   Un Estado democrático debe defender, sin ambigüedades, la laicidad de las Administraciones Públicas. El laicismo es consustancial al Estado democrático, por lo que deben ser rechazadas todo tipo de injerencias dogmáticas sobre el Estado de derecho, al igual que las imposiciones morales propias de cualquier religión al conjunto de la sociedad ya que ésta debe regirse por una ética civil en la que no tenga cabida ningún tipo de discriminación. Las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado y, por tanto la enseñanza religiosa debe quedar al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo escolar. La escuela debe ser un espacio público donde el adoctrinamiento religioso e ideológico quede a sus puertas. Es necesario un modelo de Escuela Laica que eduque sin dogmas en valores humanistas, científicos y universales. Una escuela para la formación de la ciudadanía y la educación en la igualdad, donde se sientan cómodos tanto no creyentes como creyentes de las diversas religiones o creencias.
   En la Constitución y, en la práctica, España debe ser un Estado laico que garantice la libertad de pensamiento, que fortalezca la enseñanza pública en los valores cívicos y constitucionales y que respete los distintos credos y religiones.
   Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato franquista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre asunto Culturales y Educativos de 1979,
negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado.
2. Adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la restitución del IRPF no recaudado por el tesoro público y la modificación de la regulación del mismo impuesto en la perspectiva de la eliminación del impuesto religioso.
3. Que en la tramitación de la reforma educativa la enseñanza religiosa quede al margen de la enseñanza obligatoria y fuera del currículo y del horario escolar.
4. Reformar/Modificar la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa con el fin de acabar con la actual injusticia, regulando la Libertad de Conciencia como un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos que no discrimine ni compartimente a los mismos,  en función de sus convicciones y restableciendo así  este derecho fundamental.
5. Habilitar partidas presupuestarias en los Ministerios de Educación y Justicia  y canalizadas por las asociaciones laicistas, humanistas y ateas, para promover valores humanistas y laicistas en la sociedad y en las escuelas. 
6. Modificar el Código Civil en materia de matrimonio con el fin de suprimir los efectos directos civiles del matrimonio canónico católico.
7. Crear una comisión interministerial para el estudio y acción contra las prácticas que atenten contra las libertades individuales y derechos fundamentales en el interior de las organizaciones privadas, sean éstas religiosas o de cualquier otro tipo, en especial sobre aquellas prácticas autoritarias que se ejercen contra los jóvenes y niños. 
Palacio del Congreso de los Diputados Madrid a 13 de mayo de 2005
Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo                                 Fdo.: Joan Herrera  Torres
Pte.Portavoz del G.P.IV-IU-ICV                                 Portavoz del G.P.IV-IU-ICV

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