Proponen una reforma constitucional para que Costa Rica sea un Estado laico

Plantean que «el Estado será neutral en materia religiosa y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley».

Un grupo de diputados costarricenses de partidos de la oposición presentó hoy un proyecto para reformar la Constitución con el fin de que Costa Rica deje de ser un Estado confesional, con el catolicismo como religión oficial, y pase a ser un Estado laico.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda) María Eugenia Venegas, principal impulsora del proyecto, explicó en una rueda de prensa que principalmente habría que reformar el artículo 75 de la Carta Magna, que establece que "la religión católica, apostólica romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento".
 
La propuesta es que la Constitución, que data de 1948, establezca que "el Estado será neutral en materia religiosa y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley".
Venegas subrayó que esta modificación pretende poner al país en línea con la doctrina universal de los derechos humanos de que no pueda haber diferencias entre los ciudadanos por su credo religioso.
 
"La neutralidad religiosa del Estado parte del principio de igualdad y no discriminación, donde todas las denominaciones tienen igualdad de condiciones y el Estado se limita a la defensa y garantía de la libertad de conciencia", dijo.
 
El diputado del Movimiento Libertario (ML, derecha), Carlos Góngora, aclaró que con la declaración de un Estado laico, Costa Rica "no pasará a ser un Estado ateo", mientras que para el izquierdista José María Villanta, del Frente Amplio, la reforma es necesaria para respetar "la diversidad de creencias" de toda la población.
 
"El Estado no puede tener religión, lo que no significa una cruzada contra Dios ni la eliminación de ninguna creencia religiosa. El Estado laico es la norma en el mundo moderno", argumentó.
 
Costa Rica es uno de los pocos países del mundo con una religión oficial por disposición constitucional, una distinción por la cual el Estado financia a la Iglesia Católica, que además goza de beneficios fiscales y su doctrina es enseñada en las escuelas públicas.
 
Villalta dijo a Efe que en caso de aprobarse esta reforma, tendrían que crearse nuevas leyes para definir la situación de la Iglesia Católica en cuanto al pago de impuestos y en el sistema educativo público.
Actualmente el Ejecutivo costarricense negocia un concordato con el Vaticano de cuyos aspectos no se han dado detalles, aunque las autoridades han dicho que su objetivo es "modernizar las relaciones" entre ambos Estados.
 
Para que una reforma constitucional sea efectiva, la correspondiente propuesta debe ser aprobada por el Congreso en dos períodos de sesiones (2 años) diferentes, aparte de tener el visto bueno del Gobierno.

Los diputados que impulsan esta reforma creen que en el mejor de los escenarios podría prosperar para el 2014.

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