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la prohibición del velo en la escuela no solo es necesaria para preservar los valores de igualdad y neutralidad.
La propuesta de Junts en el parlamento autonómico de prohibir el velo islámico en las escuelas y el burka y niqab en los espacios públicos ha desatado, como era de esperar, un torbellino de críticas. En buena medida porque se ha visto la iniciativa como una estrategia por parte de los posconvergentes para restar fuerza al auge de la islamófoba Aliança Catalana. No obstante, este debate no puede abordarse con tibiezas ni simplismos. Desde una perspectiva laica y feminista, la prohibición del velo en la escuela no solo es defendible, sino necesaria para preservar los valores de igualdad y neutralidad que sustentan nuestra democracia.
El laicismo, lejos de ser una postura antirreligiosa, es la garantía de que el espacio público permanezca como un terreno común, libre de símbolos que puedan perpetuar divisiones o desigualdades. El velo islámico, especialmente en sus formas más integrales como el burka o el niqab, no es una mera prenda o moda de vestir: en muchos casos, representa una barrera simbólica y práctica que dificulta la interacción social y refuerza roles de género.
Como ha señalado la escritora Najat El Hachmi, el velo puede ser «la punta del iceberg» de un sistema que limita la autonomía de las mujeres, especialmente cuando se impone a menores en las escuelas o se normaliza en la esfera pública. Prohibirlo no es un ataque a la libertad religiosa, sino una defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Quienes se oponen a la medida, amparándose en la libertad individual o en el relativismo cultural, pasan por alto un punto crucial: la libertad no existe en el vacío. Muchas mujeres musulmanas, especialmente en contextos de presión familiar o comunitaria, no eligen libre y conscientemente llevar burka o niqab. Permitir su uso en el espacio público, lejos de empoderarlas, puede perpetuar estructuras de opresión que el humanismo combate.
La escuela, como espacio de formación de ciudadanos libres e iguales, debe ser el primer bastión de esta lucha. En Cataluña, donde la población musulmana supera las 600,000 personas, la integración no puede basarse en la tolerancia pasiva de prácticas que contradicen los principios de igualdad de género.
La prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, además, responde a una lógica de cohesión social y seguridad. Estas prendas, que cubren el rostro, dificultan la identificación y la interacción, elementos esenciales en una sociedad abierta. Aunque su uso es minoritario, su impacto simbólico es innegable: representan un modelo de relación entre géneros que choca con los valores democráticos.
Francia, con su ley de 2010, demostró que estas medidas, aunque controvertidas, son viables cuando se prioriza la convivencia. La Unión de Comunidades Islámicas ha calificado la propuesta de Junts de «discriminatoria», y no cabe duda de que cualquier medida debe aplicarse con sensibilidad para evitar la estigmatización. El diálogo es imprescindible, pero no debe traducirse en una cesión ante prácticas que, en el fondo, refuerzan la desigualdad y el encierro identitario.
