Prohibido cobrar en la concertada de la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana impide expresamente que los colegios exijan a los padres el pago de cuotas

Un informe de la Intervención advirtió hace dos años que había centros que cobraban indebidamente

«Se ha acabado la barra libre para los colegios concertados», dijo Vicent Marzàpoco después de desembarcar este verano en la Conselleria de Educación. Toda una declaración de intenciones tras el cambio de color político en la Generalitat Valenciana, donde PSOE y Compromís han puesto fin a dos décadas de PP que, en el ámbito educativo, supusieron una apuesta por la enseñanza concertada. Hasta hoy.

Porque el nuevo decreto de admisión escolar, que regula el acceso a los colegios públicos y concertados, introduce por primera vez la prohibición expresa de que los colegios puedan cobrar las llamadas cuotas voluntarias a los padres. Dicho con otras palabras, los colegios concertados, en la medida en que están sostenidos con fondos públicos, deberán ser verdaderamente gratuitos para las familias, algo que, en la práctica, no sucede.

Es más, un informe de la propia Intervención de la Generalitat ya advirtió hace dos años de que había colegios que cobraban indebidamente a los padres por el material escolar, pervirtiendo así el concepto de enseñanza gratuita. De ahí que el nuevo Gobierno valenciano quiera atajar esta situación.

El citado decreto señala así que en los centros «no se podrá exigir la adquisición de material o equipamiento escolar en determinados establecimientos», una práctica muy habitual, por ejemplo, para la compra del uniforme. Tampoco se podrá obligar a «la utilización de servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportaciones económicas por parte de las familias de los alumnos». La excepción serán las actividades extraescolares o complementarias que, en todo caso, tendrán que ser voluntarias.

En la misma línea, los colegios concertados «tampoco podrán imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones». No hay que olvidar que una parte importante de la financiación de los colegios concertados proviene de los ingresos por los pagos (en teoría voluntarios) a fundaciones religiosas o a asociaciones de padres.

El conseller Marzà se mostró ayer tajante con este asunto: «Que las familias sepan que los centros sostenidos con el dinero de todas y todos deben garantizar la gratuidad de los servicios educativos en todos los casos, sin excepciones».

Sin embargo, la presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, negó que la concertada cobre irregularmente a las familias. «No se cobra por enseñar», declaró. Otra cosa son las aportaciones que realizan los padres para otro tipo de servicios o actividades complementarias (comedor…), apuntó. En todo caso, se preguntó si son los directores de los centros los que tienen que pagar el material escolar de sus alumnos, teniendo en cuenta que en la escuela pública tampoco se regala el material.

El coste de la enseñanza no es el único asunto que la Conselleria quiere entrar a regular de la concertada. El mismo decreto finiquita el distrito escolar únicoimplantado por el PP, y que la izquierda había criticado por favorecer precisamente a la concertada.

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