Progreso en unidad

A finales del pasado año, casi simultáneamente, tuvieron lugar dos acontecimientos multitudinarios y estentóreos en nuestro país. En el estadio bilbaíno de San Mamés se celebró un partido de fútbol entre las selecciones de Euskadi y Cataluña, donde con pretexto deportivo se atacó al Estado de Derecho en que vivimos…Pocas horas después, tuvo lugar en la plaza madrileña de Colón una concentración «en defensa de la familia» donde los manifestantes contaron con un obispo y medio cardenal por cada diez mil personas, lo cual es un privilegio eclesiástico no pequeño. En ese acto, con pretextos piadosos, se atacó también a la democracia.

A finales del pasado año, casi simultáneamente, tuvieron lugar dos acontecimientos multitudinarios y estentóreos en nuestro país. En el estadio bilbaíno de San Mamés se celebró un partido de fútbol entre las selecciones de Euskadi y Cataluña, donde con pretexto deportivo se atacó al Estado de Derecho en que vivimos, se insultó a sus instituciones, se vitoreó al grupo terrorista ETA (la lucha armada es el caminoŸ ¿en catalán!) y se hicieron otras varias patochadas, no por ridículas y adolescentes menos irritantes. Quizá nada demasiado grave, desde luego, pero todo un síntoma de arrogancia separatista a tener en cuenta.

Pocas horas después, tuvo lugar en la plaza madrileña de Colón una concentración en defensa de la familiaŸ donde los manifestantes contaron con un obispo y medio cardenal por cada diez mil personas, lo cual es un privilegio eclesiástico no pequeño. En ese acto, con pretextos piadosos, se atacó también a la democracia especialmente en uno de sus ingredientes básicos, el laicismo, tan necesario para ella como el sufragio universal. Por supuesto no se trataba en realidad de defender la institución familiar católica, que nadie ataca ni se puede señalar la mínima merma en sus derechos, sino más bien de agredir a las otras formas de familia posibles (homosexual, uniparental, etcétera), tan decentes en la sociedad española actual como la más tradicional de las vigentes.

Pues bien, esos dos akelarres (por cierto, palabra vasca relacionada con los rituales de la brujería), perfectamente legales ambos -digo yo- y no por ello menos detestables, son síntomas evidentes de dos de los principales extremismos ideológicos, antiliberales, disgregadores y sectarios que afectan a nuestro país. Por un lado, el resurgir de un radicalismo nacionalista que viene malbaratando todas las posibilidades de modernización democrática en España desde el Siglo XIX y que parecía amortiguado -salvo por la pervivencia del terrorismo etarra, último vestigio patológico del franquismo- desde los comienzos de la transición democrática y su generosa pulsión autonomista; por otra parte, el regreso envalentonado del nacionalcatolicismo que aromatizó con su incienso integrista los años del franquismo, aunque su triste influencia antiliberal y retrógrada en la historia de España viene de mucho antes.

Sería muy deseable que de las próximas elecciones generales españolas saliera una mayoría política suficiente para impedir el auge de esas dos amenazas. Es decir, para luchar -no retóricamente, sino con reformas institucionales, educativas y hasta constitucionales, llegado el caso- en defensa de la unidad del Estado de Derecho y a favor de su laicidad (de la cual es elemento indispensable una buena educación cívica en los centros escolares). Es imperativo defender la igualdad de todos los ciudadanos españoles, sea cual fuere la comunidad en que vivan o las creencias o incredulidades que practiquen. Porque es bueno que España sea plural, pero es malo que se proyecte despedazarla en nombre de la pluralidad. Resulta increíble que a estas alturas del Siglo XXI alguien se trague la interesada fábula de que la diversidad irreductible de nuestras regiones e ideologías es un destino espontáneo al que nada puede oponerse, mientras que nuestra unidad esencial es un fenómeno coactivo y por tanto indeseable. Lo que cuenta en un Estado democrático contemporáneo son los ciudadanos, no los 'pueblos' ni los dogmas teocráticos en cuyo nombre siempre hablan los nigromantes de la xenofobia y la intolerancia.

Desdichadamente, ninguno de los dos grandes partidos nacionales parece capaz hoy de afrontar con éxito estas cuestiones. Los socialistas han apoyado con mayor o menos fervor las reivindicaciones nacionalistas, a veces hasta en matices inequívocamente separatistas, proporcionándoles un barniz de respetabilidad pseudoprogresista. Por lo visto resulta que la izquierda, cuyo himno más conocido es 'La Internacional' y que ha sido internacionalista en todas las épocas y circunstancias, acaba de descubrir en España el potencial revolucionario del nacionalismo que se propone disgregar el Estado de Derecho existente. El PSOE gobierna con grupos nacionalistas, incluso nacionalistas radicales, en Cataluña y Galicia. En el País Vasco mantuvieron encuentros públicos y privados con representantes de Batasuna, el brazo político de ETA, confiriéndoles de hecho el estatuto de interlocutores válidos para negociar con el Estado. Aunque no cedieron a sus demandas -entre otras cosas porque no estaba en su mano hacerlo- les tributaron un reconocimiento político que rompió la estrategia antiterrorista que había demostrado mayor eficacia hasta la fecha. Después, en vista de que ETA no renuncia a la violencia y naturalmente su brazo político la apoya, han aplicado de nuevo la política policial y judicial de tratar como ilegales a quienes en efecto están fuera de la ley: pero queda la duda fundada de si, pasada la coyuntura electoral y sus precauciones, volverán a las andadas.

Por otra parte, el PP mantiene una actitud por lo menos dudosa ante el laicismo del Estado democrático y no oculta sus estrechos vínculos ideológicos con la Conferencia Episcopal española, en cuestiones de educación, familia, financiación de la Iglesia, etcétera. Es poco probable imaginar que el PSOE acometa la necesaria revisión de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede, pero es sencillamente impensable que la lleve a cabo el PP. Lo más alarmante es el apoyo casi ciego que el partido de la oposición ha dado a la campaña de inspiración clerical contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, vigente de un modo u otro en gran parte de nuestros principales socios europeos. Se ha negado con los despropósitos más flagrantes el derecho de la escuela pública a educar en valores cívicos a los futuros ciudadanos, en nombre de un supuesto derecho irrestricto de los padres a monopolizar la formación moral de lo hijos que -de ser cierto, cosa que afortunadamente no es ni en España ni en ninguna parte- consagraría la perpetuación irremediable de los prejuicios y las supersticiones de los progenitores en las generaciones venideras. Además de esta notable falsificación, el PP ha lanzado en plena campaña electoral el proyecto de un contratoŸ para los inmigrantes en el que deberían comprometerse a respetar las leyes (¿?) y las costumbres (¿¿¿!!!) españolas, con una formulación argumental que hace dudar seriamente de que sepan en qué consiste la obligación general de las unas y la libertad individual de las otras.

Para quienes no se reconocen ni en el PP ni en el PSOE (los males que representa IU son los del PSOE pero agravados por el oportunismo) y no quieren votar en blanco, queda la opción del nuevo partido UPyD, Unión Progreso y Democracia. Estamos comprometidos en la defensa de la unidad del Estado de Derecho, porque lo que cuenta es la ciudadanía común y no las diferentes pertenencias étnicas o folclóricas. Reivindicamos que el Estado recupere aquellas atribuciones -especialmente en el terreno de la educación- cuya fragmentación autonómica no ha resultado positiva para el conjunto del país, sin excluir en cambio que otras competencias puedan serle aumentadas a las autonomías. Por supuesto, es importante reforzar constitucionalmente el derecho de todos los ciudadanos a ser educados en la lengua castellana, oficial en todo el Estado e indispensable para la participación política de todos, sin perjuicio de respetar el derecho a recibir también educación en las restantes lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Y defendemos el laicismo del Estado en todas las esferas públicas, que comporta un respeto igual pero sin privilegios para las diferentes confesiones religiosas y para la convicción de quienes las rechazan por razones filosóficas o científicas. Los de UPyD estamos convencidos de que en democracia no es obligatorio atenerse al menú político vigente; es posible comer a la carta, siempre que cada cual esté dispuesto -llegado el caso- a colaborar en la preparación de platos nuevos y más sabrosos que los obligatoriamente ofrecidos.

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