Ante la inminente aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), un colectivo de enseñantes invita al profesorado a enviar cartas personales a las Consejerías de Educación declarándose 'objetor de conciencia' de la nueva ley, como primer paso en una campaña colectiva de desobediencia civil.
Su finalidad es reunir a "todos los docentes que estemos dispuestos a comprometernos en una campaña de no-colaboración y desobediencia civil frente a esa Ley injusta y contraria al derecho universal a la educación", según se lee en la convocatoria.
Los promotores han elaborado una carta modelo que los docentes pueden utilizar si lo desean y que habría que enviar a los Departamentos de Educación, firmada y con los datos personales del autor, a partir del día de la publicación de la ley en el BOE.
"El nuevo marco normativo regulador del sistema educativo, que la mayoría parlamentaria ha establecido mediante la aprobación de la LOMCE, adolece de graves insuficiencias, tanto en razón de su contenido como por su elaboración a espaldas de la comunidad educativa, que impiden que pueda ser considerado un marco válido desde el punto de vista de la legitimidad democrática.
Las concepciones ideológicas –economicistas y excluyentes- que inspiran esta reforma legislativa, convierten a la LOMCE en una norma inaceptable para quienes entendemos la educación, no como una mercancía, sino como un servicio básico y esencial. Esta Ley favorece los procesos tendentes a la reconversión de nuestro cada vez más maltratado sistema educativo público hacia modelos mercantilistas y privatizadores. Siendo la finalidad de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana, debemos defender los principios de universalidad y equidad en el acceso a la misma, mediante un modelo de educación pública y laica. Este modelo se encuentra en grave riesgo por causa de la nueva Ley.
Se trata, por tanto, de una Ley injusta, que constituye una auténtica amenaza para el bien común, en un ámbito tan importante como es la regulación del derecho a la educación de las personas. No puedo ni debo colaborar en modo alguno en la aplicación de una Ley que genera esta injusticia.
Entiendo, por consiguiente, que mi responsabilidad, como ciudadano y educador, me lleva ineludiblemente a rehusar el cumplimiento de cualesquiera disposiciones derivadas del nuevo marco legal que pudieran entrar en contradicción con el derecho humano universal a la educación.
Considero que la aspiración a una sociedad verdaderamente democrática conlleva para sus ciudadanos la obligación de enfrentarse a las leyes injustas por medios no-violentos, siendo para ello legítimo el recurso a la desobediencia civil cuando esa injusticia transgrede los límites marcados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaro, pues, mi condición de persona objetora de conciencia a la LOMCE, y así lo hago saber a las autoridades educativas; declaración que formulo al amparo de las libertades y derechos constitucionalmente reconocidos, desde una inequívoca convicción política democrática, y con el propósito decidido de hacer inaplicable esa Ley, hasta conseguir su derogación".
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