El procurador Fernando Carillo advirtió que Colombia es un Estado laico y por tanto debe respetarse la libertad de cultos, esto a propósito del decreto que emitió la alcaldesa encargada de Yopal, Luz Marina Cardozo, que entregó simbólicamente las llaves del municipio a Jesucristo.
El procurador señaló que esa acción “es inconstitucional porque desconoce los principios de la Carta Política según los cuales Colombia es un Estado laico, no confesional y neutral ante cualquier credo religioso”.
Agregó que el decreto 036 del 2017 debe ser derogado porque la norma ignora el derecho a libertad de culto y recordó que la Corte Constitucional en la sentencia C-350 de 1994 dijo que la consagración oficial de Colombia al Sagrado Corazón violaba la Constitución Política.
“Las intenciones que tuvieron la alcaldesa y su equipo para expedir este decreto, obedecen a convicciones propias de su fuero interno que no deben interferir sus responsabilidades públicas. Hoy lo importante es que todos esperamos que Yopal logre escapar de las garras malignas de la corrupción, siguiendo la ruta de un servicio público íntegro que debe obedecer únicamente a valores establecidos en la Constitución y la ley, sin ningún tipo de connotación religiosa”, advirtió el Procurador.
Finalmente Carrillo exhortó a la alcaldesa a derogar el decreto y dijo que el Ministerio Público estará atento para iniciar las acciones disciplinarias a que haya lugar.
Jairo Torres, nuevo alcalde, revoca decreto que entrega llaves de Yopal a Cristo
El decreto de la saliente alcaldesa (e) de Yopal, Luz Marina Cardozo, que ordenó entregar las llaves del municipio a Jesucristo, fue señalado por el nuevamente mandatario de la capital de Casanare, Jhon Jairo Torres, como motivo de “vergüenza” y este miércoles revocó el decreto.
De acuerdo con el nuevo decreto, el acto expedido por Cardozo carece de fundamento jurídico y cita la Sentencia C350/94, que indica:
“En el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”.
