Privilegios de la Iglesia ¿a discusión?

En Argentina estamos en este momento en la fase preliminar del debate para la reforma del Código Civil, al cual se pretende modernizar radicalmente, incorporando nuevos derechos e instituciones y prácticas no reconocidas o no previstas a fines del siglo XIX, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el llamado “alquiler de vientres”. Se están realizando audiencias públicas en distintos puntos del país, en las que exponen legisladores y expertos de distintas disciplinas convocados para opinar, además de organizaciones civiles de todo tipo.

En las audiencias, participando como cualquier otro aunque claramente no vistos de esa manera por quienes los convocaron, han aparecido los jerarcas de la Iglesia Católica (y sus testaferros) para dar su parecer (es decir, para exponer humildemente la Verdad Absoluta que el Creador del Universo les ha pasado a ellos por línea directa). No expondré aquí los argumentos que presentan contra los derechos reproductivos, contra las mujeres y los homosexuales, porque ya todos los conocemos hasta el hartazgo, al igual que sus refutaciones (o deberíamos). Sólo mencionaré dos asuntos sobre los cuales los obispos no han tenido nada para decir hasta ahora.

Uno de estos asuntos es la moción, presentada por la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), de que se le quite el estatus de “persona de derecho público” a la Iglesia Católica Apostólica Romana de Argentina. Tal estatus pone a la ICAR al nivel de una institución del Estado, lo cual, entre otros privilegios, implica que sus bienes son inembargables. No hace falta aclarar que ninguna otra religión o secta tiene esa calidad; todas ellas son de derecho privado, como una empresa o una ONG. Hasta ahora no he leído a ningún jerarca eclesiástico hablar de este tema, probablemente porque ningún periodista se ha animado a preguntarle.

El actual fermento social de rediscusión de las leyes fundamentales me lleva a hablar del otro asunto, que no pasa estrictamente por el Código Civil, pero que tiene que ver con éste y con la eliminación de privilegios institucionales. Un decreto-ley firmado por la última dictadura militar es el único fundamento por el cual el Estado nacional paga a obispos en actividad y obispos eméritos altísimos sueldos. No se trata, como algunos apólogos de la Iglesia insisten, del cumplimiento del vergonzoso artículo 2º de la Constitución Nacional, que impone al Estado el deber de “sostener” el culto católico: el decreto es de 1977 y los obispos se las habían arreglado hasta entonces. Tampoco parece muy correcto decir que sostener un culto es pagarle a sus funcionarios. El Estado sostiene de hecho al culto católico otorgándole exenciones impositivas, pagándole una asignación por cada seminarista (fruto de otro decreto militar) y sobre todo subsidiando indirectamente la enseñanza de la doctrina y el dogma católicos en las escuelas confesionales. La reforma del Código Civil tendrá que arrastrar consigo, imagino, a muchas leyes accesorias y relacionadas. El Estado argentino viene revisando y retirando rémoras de la dictadura desde hace un tiempo; cualquier disposición legal dictada por un gobierno ilegal puede y debería ser anulada cuando es manifiestamente injusta. Sin embargo los únicos reclamos en este sentido vienen de ONGs con escaso apoyo político o repercusión mediática.

Ningún periodista de alto perfil le ha preguntado recientemente, que yo recuerde, a un obispo si le parece correcto ganar un sueldo considerable pagado por el Estado. Ningún legislador nacional ha planteado, en la discusión sobre el Código Civil, la anulación de este privilegio, que es en parte consecuencia del tratamiento especial que recibe la Iglesia. (Elisa Carrió lo hizo en 2008, sin encontrar eco.) El Estado argentino abona los sueldos de funcionarios nombrados por otro estado —de hecho, nombrados por el líder monárquico y vitalicio de un estado teocrático— gracias a una concepción de la Iglesia como estamento fundamental de la Nación. En la Iglesia no han faltado voces en contra de esta potencialmente peligrosa mezcla de intereses, pero hasta ahora nadie las ha escuchado. Se dice que el mismo cardenal Jorge Bergoglio pretendía reformar la economía de la Iglesia argentina para que ésta pudiese sostenerse sola, pero no me consta, y por razones obvias no muchos de sus obispos habrán estado de acuerdo. Los que se permiten decidir sobre la vida, la salud y la felicidad de tantos que nunca los eligieron como representantes, ¿no tendrán nada que decir sobre sus propios privilegios? ¿O ya se creyeron sus propias excusas?

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