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Principios constitucionales incumplidos y amenazados

La responsabilidad de toda esta gravísima situación es compartida por quienes, desde la política, han conformado los poderes ejecutivos y legislativos durante estos 33 años

La Constitución de 1978 se construyó junto a un momento que situaba a personajes e intereses del viejo régimen, de la noche a la mañana, en la democracia, sin costo alguno, negociando con líderes de la denominada 'oposición democrática' altamente timoratos y complacientes, con una transición que, desde una perspectiva histórica, no fue tan modélica como se ha pretendido hacer ver.
De ahí la enorme ambigüedad calculada que aparece en el texto constitucional. Por cierto en algunas de sus ideas básicas, todavía no resuelta, ni desarrollada, como por ejemplo, entre otros muchos, todo lo relativo al apartado de la 'administración local', hecho que pesa como una losa y que es fruto de algunos de nuestros males estructurales.
En este breve espacio de reflexión sólo podemos constatar algunos de los principios y derechos que se incumplen radicalmente y otros, muy importantes, que corren un enorme riesgo, en estos tiempos de un liberalismo feroz e insaciable, en donde la ley del más fuerte prima sobre la justicia social y en donde la codicia ha sobrepasado todos los límites.
La monarquía católica impuesta por el antiguo régimen, nada menos que en el capítulo II, es uno de los apartados, en mi opinión, más aberrantes de la Constitución. A ello hay que unir la cita de una corporación religiosa 'iglesia católica' (16.3), única entidad privada que -expresamente- aparece en el texto. Sólo con estos dos hechos se explica el nacionalcatolicismo que todavía pervive y como se ha enterrado la 'memoria histórica' de quienes el régimen franquista represalió y asesinó impunemente. Hechos no resueltos, todavía y que no tiene similitud con otras democracias.
El derecho a la vivienda digna y adecuada de cada persona (artículo 47) es uno de los principios que los distintos gobiernos han hecho 'estallar' con políticas vergonzantes, que han atentado contra la dignidad de las personas y contra la economía del Estado: la denominada 'burbuja inmobiliaria'. ¡Y los responsables políticos de este hecho, no han sido demandados, ni imputados, ni, por supuesto, condenados?! La a-confesionalidad del Estado está enterrada por muchos líderes políticos, atentando la libertad de conciencia de muchas personas, proclamada por la propia Constitución. Así como la justicia tributaria, que junto a una gestión nefasta de las cuentas públicas, ha llevado a la quiebra al Estado, cuyas 'factura' están pagando los ciudadanos y ciudadanas más desprotegidos, con el paro o la precariedad del trabajo, con el cierre de pequeños negocios y con la amenaza y la pérdida de derechos cívicos básicos, conquistados durante años de lucha, como la sanidad universal para todos; la enseñanza pública gratuita democrática, laica, inclusiva y universal para todos, las pensiones o los servicios sociales básicos y universales.
Por lo tanto, derechos y principios incumplidos, otros muy amenazados y, lo grave, es que el tejido social que podía hacer frente a ello, está roto, fruto de unas muy hábiles 'políticas del pesebre'.
La responsabilidad de toda esta gravísima situación es compartida por quienes, desde la política, ha conformado los poderes ejecutivos y legislativos durante estos 33 años y de las organizaciones sociales complacientes con todo ello.
Yo, personalmente, asumo mi parte de responsabilidad política de esta situación, en los primerísimos años de la democracia, aunque en mi descargo podría citar mi oposición interna, casi siempre en minoría.
Un presente y un futuro lleno de dudas, de especulaciones?
Yo espero, sinceramente, que se sienten las bases, para que los principios y derechos básicos sigan siendo prioritarios, cueste lo que cueste y que no nos ciegue un economicismo vergonzante y antisocial.
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