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Presentan un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Perú

La propuesta incluye la opción de que los médicos sean objetores de conciencia

El oficialista Partido Morado, de corte liberal y centrista, presentó este jueves un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Perú, a raíz del caso de Ana Estrada, quien mantiene un proceso judicial para que se le reconozca su derecho a una muerte digna.

La iniciativa legislativa contempla la posibilidad de que la eutanasia sea solicitada por todo aquel paciente con una enfermedad en fase terminal o incurable que le provoque gran sufrimiento físico y psicológico.

En el momento de la solicitud, el enfermo debe ser consciente de su situación irreversible y haber recibido información de todas las alternativas de tratamientos existentes y de los recursos disponibles, según establece texto de la propuesta legislativa.

También señala que el solicitante deberá ser capaz de manifestar su propia voluntad, o en caso que no pueda en ese momento, haberla dejado previamente expresada ante notario o haber designado a otra persona para que tome la decisión en su lugar.

Asimismo, el proyecto de ley ofrece la posibilidad de que el solicitante revoque su petición de eutanasia “en cualquier momento y bajo cualquier modalidad” sin necesidad de indicar razones.

Objeción de conciencia para médicos

En el caso de los médicos, estos podrán acogerse a la objeción de conciencia para negarse a atender la solicitud del paciente, el mismo que será derivado con otro médico de la misma especialidad y capacidad que esté dispuesto a proceder con la petición del enfermo.

Para los médicos objetores de conciencia habrá un registro, mientras que aquellos profesionales sanitarios que apliquen la eutanasia estarán exentos de responsabilidad penal, según remarca el proyecto de ley.

La iniciativa legislativa comienza así su curso en un Congreso donde tendrá férreos opositores, pues en el atomizado hemiciclo hay legisladores ultraconservadores e incluso está presente el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), un partido profundamente religioso y mesiánico.

Por ahora, hay pena de cárcel

Hasta ahora la eutanasia está criminalizada en Perú, pues el delito de homicidio piadoso contempla hasta tres años de prisión para “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores”.

Frente a esta consideración hay en curso una demanda de amparo presentada por Ana Estrada con el apoyo de la Defensoría del Pueblo para dejar sin efecto ese artículo del código penal, despenalizar la eutanasia e instar al Estado a regular los protocolos y requisitos para este procedimiento.

El debate de la legalización de la eutanasia irrumpió en Perú de la mano de Estrada, una psicóloga de 44 años que a los 12 le diagnosticaron polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que le debilita paulatinamente los músculos y va poco a poco inhabilitando su cuerpo.

Emblemático caso

Desde los 20 años debe usar silla de ruedas y actualmente pasa la mayor parte del tiempo postrada en la cama de su habitación con la asistencia permanente de una enfermera, sin apenas poder hablar debido a la traqueotomía que tiene cuando estuvo por cerca un año hospitalizada.

Desde ese momento inició una campaña para legalizar la eutanasia en Perú y así conseguir acceder al derecho de poder elegir cuándo morir si el avance de la enfermedad la lleva a un etapa insoportable.

Por eso, al conocer la presentación de este ansiado proyecto de ley para ella, Estrada no pudo ocultar su alegría y emoción. “Vamos avanzando”, dijo a EFE.

A modelo de España, Chile y Colombia

La eutanasia es actualmente legal en solo seis países del mundo: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y España, el último de ellos en unirse a este reducido grupo tras la aprobación de la ley de eutanasia en diciembre pasado en el Congreso de los Diputados.

Colombia es el único país de Latinoamérica, donde de momento es legal la eutanasia, aunque próximamente se le puede unir Chile, ya que allí la Cámara de los Diputados aprobó en diciembre un proyecto de ley que está pendiente de ser ratificado en marzo por el Senado.

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