Exigen a las Administraciones Públicas que investiguen las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y que el Patio de los Naranjos se recupere como un lugar de dominio público “no vinculado al circuito turístico de visita de la Catedral”
Más de doscientas personas se han concentrado este mediodía, junto a la Puerta del Perdón que da al Patio de los Naranjos, para exigir que dicho espacio vuelva a ser “una plaza-jardín público, de libre acceso y no vinculado al circuito turístico de visita de la Catedral, ni como salida como actualmente, ni como centro de acogida y entrada de los miles de turistas que cada día visitan la catedral”.
El manifiesto, promovido por la ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’, defiende que el Patio de los Naranjos debe volver a ser de todos los y las sevillanas “como lo fue desde que fue construido en el siglo XII como patio de abluciones de la Mezquita Mayor de Sevilla”.
Según el texto, con el pretexto de la exposición ‘Magna Hispalensis’ celebrada en el marco de la Expo92 “el Cabildo Catedralicio impuso por decisión unilateral una regulación de los usos que se traduce en el control del acceso, mediante el pago de una entrada que permite una visita cultural al templo y que concluye en el Patio de los Naranjos”.
Los promotores defienden que “la jerarquía eclesiástica se equivoca cuando se autoproclama como autoridad superior y legítima para definir los usos y restringir el acceso al Patio de los Naranjos” y es que “este espacio ha sido durante 800 años de toda la ciudadanía sevillana”.
“La prepotencia de la jerarquía católica”, continúan, “se agrava con la inmatriculación de la Catedral y de sus dependencias anexas en el año 2010”. Según la plataforma, esa inscripción en el registro de la propiedad se hizo “valiéndose de una normativa franquista que homologaba a la Iglesia Católica con la Administración pública, permitiendo que el propio diocesano hiciera las veces de funcionario público”.
El texto presentado esta mañana, que ya es público en la web www.patiodelosnaranjos.com, cuenta con adhesiones de varias asociaciones de vecinos de la capital hispalense y de personalidades del mundo de la cultura, catedráticos y profesores de universidad; así como diferentes activistas afincados en Sevilla como Rubén Sánchez, portavoz de Facua, o José Chamizo, anterior Defensor del Pueblo Andaluz.
El manifiesto exige, además, que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía investiguen de oficio la inmatriculación de la Catedral y sus dependencias anexas (Patio de los Naranjos y Giralda) y soliciten la reversión de su inmatriculación y su inscripción a favor del Estado; así como que se elabore el Plan de Uso y Gestión del Conjunto Catedralicio que exige la UNESCO para los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
Esta concentración y la presentación del manifiesto se ha convocado en el marco de la IV Asamblea de la Coordinadora Recuperando, que se celebra este fin de semana en Sevilla y que ha reunido a más de una veintena de colectivos ciudadanos con la vista puesta en la publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica y la devolución de aquellos cuya titularidad no pueda ser demostrada fehacientemente por los obispos.
¡Recuperemos el Patio de los Naranjos!
Hace un año, en un gran cartel expuesto en la Avenida de la Constitución, el rostro del arquitecto Vázquez Consuegra nos interpelaba: ¿Es lícito que la Iglesia se apropie del Patio de los Naranjos, un espacio público que siempre ha sido de libre acceso y que está considerado uno de los patrimonios irrepetibles de la ciudad?
Los abajo firmantes consideramos que NO, no es lícito y que el Patio de los Naranjos debe volver a ser de todos los y las sevillanas, como lo fue desde que fue construido en el siglo XII como patio de abluciones de la Mezquita Mayor de Sevilla. Desde ese momento y hasta el año 1992, el Patio de los Naranjos ha sido de acceso público y, al menos desde el Siglo XVII, “una plaza más de la ciudad, jardín, lugar de esparcimiento y patio de juegos de la chiquillería del barrio circundante”.
En 1992, y con el pretexto de la exposición “Magna Hispalensis” celebrada en el marco de la Expo92, el cabildo catedralicio impuso por decisión unilateral una regulación de los usos “que se traduce en el control del acceso, mediante el pago de una entrada que permite una `visita cultural´ al templo y que concluye en el Patio de los Naranjos como última etapa del circuito y vía de evacuación de turistas”. Esa regulación, que iba a ser provisional, sigue en vigor. Como señala el profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla Javier Hernández Ramírez, “la operación ha supuesto un cambio drástico en la relación de los ciudadanos con este patrimonio y más concretamente con el Patio de los Naranjos que, desde sus orígenes, había funcionado como una plaza pública abierta gran parte del día, al tiempo que un espacio interior de la ciudad con profundas connotaciones sentimentales, sociales y simbólicas”.
Diversas plataformas ciudadanas han batallado desde entonces para recuperar el carácter público y abierto del Patio de los Naranjos. La respuesta del Cabildo Catedralicio ha sido que esta institución es la única que “bajo la superior autoridad del arzobispo” cuenta con atribuciones legítimas para definir los usos y restringir el acceso al Patio de los Naranjos. Los abajo firmantes creemos que eso no es así. La jerarquía católica no puede ser la única con derecho a decidir sobre el uso y disfrute de un espacio que ha sido durante 800 años de toda la ciudadanía sevillana.
En el año 1987 la Catedral, junto con el Alcázar y el Archivo de Indias, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Como tal, debe contar con los planes de uso, protección y conservación que establece la Ley de Patrimonio y exige la UNESCO, siendo la Junta de Andalucía responsable de su aprobación, seguimiento y control de su ejecución. Esos planes de uso y gestión, hoy por hoy inexistentes, deben ser elaborados por las Administraciones Públicas de manera transparente y en defensa del interés general y no por la jerarquía de la Iglesia Católica. Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo Andaluz en una reciente Resolución dirigida a la Junta de Andalucía en respuesta a una Queja presentada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla.
La prepotencia de la jerarquía católica se agrava con el hecho de la inmatriculación de la Catedral “y dependencias anexas” en el año 2010. Esa inmatriculación, o inscripción por primera vez en el registro de la propiedad, pudo llevarse a cabo gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y al artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947 que, en plena dictadura franquista, homologaban a la Iglesia Católica con la Administración pública permitiendo que el propio diocesano hiciera las veces de funcionario público y extendiera una certificación de propiedad sobre los bienes hasta entonces no registrados.
Esos artículos fueron derogados ante la presión social en el año 2015, sin reconocer que eran inconstitucionales y por lo tanto nulas de pleno derecho las inmatriculaciones realizadas por la Jerarquía católica al menos desde el año 1978. Se estableció así una “amnistía registral” que otorga a la Iglesia Católica la propiedad de innumerables bienes que forman parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país, entre ellos la Catedral de Sevilla y sus “anexos” la Giralda y el Patio de los Naranjos.
Por todo ello, los abajo firmantes pedimos:
- Que el Patio de los Naranjos vuelva a ser una plaza-jardín público, de libre acceso y no vinculado al circuito turístico de visita de la Catedral, ni como salida como actualmente, ni como centro de acogida y entrada de los miles de turistas que cada día visitan la catedral, uso incompatible con las funciones de plaza pública para la ciudadanía sevillana que debe recuperar.
- Que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía investiguen de oficio la inmatriculación de la Catedral de Sevilla y sus dependencias anexas – Patio de los Naranjos y Giralda – y soliciten donde proceda la reversión de su inmatriculación y su inscripción a favor del Estado y del Patrimonio Nacional como bien de dominio público.
- Que la Administración Pública competente elabore el Plan de Uso y Gestión del Conjunto Catedralicio que exige la UNESCO para los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
