Preparan amparo contra la censura al libro de ciencias

Tres organizaciones defienden los derechos de los alumnos de secundaria en cinco estados del país donde los gobiernos locales intentan censurar el tema de la sexualidad en el libro de ciencias aprobado por la Secretaría de Educación Pública

Organizaciones civiles de defensa de los derechos sexuales y reproductivos interpondrán demandas de amparo en contra de los funcionarios y gobiernos de los estados que han anunciado que mutilarán o retirarán el libro de ciencias del primer grado de secundaria.

Con esa actitud, dijo José Aguilar Gil, presidente de la Red Democracia y Sexualidad, las autoridades violan el derecho constitucional a la información que tienen los niños, en este caso, a recibir educación sexual. Es en extremo grave, agregó, porque incurren en tal ilegalidad quienes deberían ser los principales promotores y defensores de los derechos de las personas, en este caso, los niños.

En entrevista, el activista planteó que detrás de la oposición de los grupos conservadores y de la Iglesia al contenido sobre sexualidad del texto, se esconde su interés por presionar, desde ahora, al próximo gobierno federal para que les permita introducir sus propios temas en los programas educativos.

Señaló que el único cambio que hay en el ciclo escolar que inicia es el nombre de la materia. Desde 1999 y hasta el año pasado, los temas de sexualidad estaban incluidos en formación ética y cívica, pero con la Reforma a la Educación Secundaria (RES) aplicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se incorporaron a la materia de ciencia y tecnología.

Lo anterior porque formación ética se impartirá únicamente en los dos últimos años de secundaria. Aguilar Gil recordó que durante el proceso de consulta que realizó la SEP, las organizaciones civiles tuvieron acceso a los proyectos de nuevos programas.

En realidad, apuntó, las agrupaciones sociales querían que hubiera una actualización de los temas relativos a la sexualidad, pero ante la inminencia de su desaparición en el primer año, lo que lograron fue que quedaran igual, pero en otra materia.

De otra forma, indicó, se habría abierto un vacío entre la enseñanza de quinto y sexto de primaria y el segundo y tercero de secundaria.

Para el especialista, el contenido sobre sexualidad no tiene nada de grave, y "para nosotros, le falta", dada la realidad que viven los niños y niñas de esa edad (12 a 13 años).

De ahí que el análisis que hacen las organizaciones concluye que las acciones de rechazo a la educación sexual se inscriben en un momento político importante para la derecha, para El Yunque, y "a río revuelto, ganancia de pescadores".

Entre algunos de los aspectos que impugnan los grupos conservadores está que el texto se refiere a que existen diferentes preferencias sexuales: entre personas de sexos opuestos o del mismo sexo, con lo que según dicen, se estaría fomentando la homosexualidad, lo cual es una barbaridad, indicó.

También se oponen a que el libro señale que además de vaginal, el coito puede ser por vía anal u oral. Pero no tienen razón, comentó Aguilar, porque existen claras evidencias de que los abusos sexuales en contra de niños y niñas son justamente, orales y/o anales.

Otro aspecto cuestionado es el relativo al inicio de la vida sexual, cuando según los grupos opositores se tendría que hablar sólo del amor y el matrimonio. Pretenden ignorar que a la edad de 12 a 13 años, los niños ya se masturban, y en algunas zonas del país, inclusive, ya han tenido relaciones sexuales.

Así, explicó Aguilar Gil, los temas que aborda el libro de ciencia son lo mínimo que deben saber los niños del primer año de secundaria. Por eso, y ante las acciones que han emprendido ya varios gobiernos de los estados para mutilar los textos o sustituirlos por otros, Demysex, la Red de los Derechos de la Infancia y la Federación Nacional de Padres de Familia presentarán demandas de amparo en contra de dichas autoridades.

Por lo pronto, está en preparación el recurso en contra funcionarios de Sonora, Yucatán y San Luis Potosí. En Querétaro, el gobierno inició un diálogo con las organizaciones civiles. Y es que, dijo Aguilar Gil, las autoridades de esta última entidad saben que es incorrecto e ilegal lo que hacen.

No es de extrañar el rechazo de los grupos conservadores, lo grave -subrayó el presidente de Demysex- es que sean los gobernantes quienes nieguen a los niños el derecho a la información y asuman la causa de la derecha como propia para, inclusive, atentar contra la laicidad del Estado.

Esto es un aviso, advirtió, de lo que pudiera ocurrir con un nuevo gobierno federal panista, porque esos mismos sectores conservadores querrían introducir sus propios temas en los programas educativos, con lo que la laicidad estaría en grave peligro.

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