Para el investigador Roberto Blancarte, existe un riesgo de violentar el Estado laico en México, al eliminar el obstáculo que impedía la participación de organizaciones religiosas en la creación del Plan Nacional de Desarrollo.
Al integrar a representantes de grupos religiosos a los trabajos para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría violentar el principio constitucional del Estado laico, sostuvo el investigador Roberto Blancarte.
En entrevista en Aristegui en Vivo, el catedrático de El Colegio de México criticó la manera en cómo la nueva administración modificó “de manera muy oscura” el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, dando cabida a la participación de asociaciones religiosas e iglesias, “en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz”, una condición que podría contravenir a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución.
Aunque comprende la gravedad de la situación de descomposición social y violencia que atraviesa el país, Blancarte considera preocupante que la participación de los grupos religiosos no sea neutra, en el sentido de que todas representan y promueven una serie de valores morales que podrían modificar las políticas públicas del país en temas tan importantes como los derechos sexuales y reproductivos, así como en la planificación familiar.
Citó como ejemplo la reciente votación del Congreso de Sinaloa en contra del matrimonio igualitario, en gran medida, debido a la influencia e intervención de las iglesias en el ámbito legislativo.
Para el investigador, un indicador de la influencia que estos grupos podrían ejercer sobre los asuntos de gobierno es la incorporación de elementos religiosos que los miembros de la nueva clase política están teniendo en sus en sus discursos.
En términos prácticos, Blancarte alertó sobre el interés que podría haber detrás de dicha participación, pues “los favores que se hacen, las colaboraciones que se prestan, luego requieren y suponen también un intercambio en el que el Estado mexicano tendrá que conceder cosas a las agrupaciones religiosas”.
“Todas ellas tienen una agenda en materia social que han afectado a los derechos y las libertades de muchos grupos de mexicanos”.
