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PRD y PSD combatirán la ley antiaborto

Criticaron la intromisión de la jerarquía católica en asuntos de gobierno; el PSD exige a la izquierda defender al Estado laico; el sol azteca dice que el PRI actúa «como los de El Yunque».

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Socialdemócrata (PSD) buscan opciones legales para combatir la reforma aprobada por el Congreso de Jalisco este jueves, la llamada iniciativa antiaborto, como una controversia constitucional, informaron ayer representantes de ambos institutos políticos.

El jueves, en sesión plenaria, los diputados locales aprobaron modificar el artículo 4 de la Constitución local, para establecer la obligación del Estado en la protección de la vida, desde el momento de la concepción y hasta la muerte.

Los dos partidos criticaron la decisión porque, dijeron, pone en peligro la vida de mujeres que de todas maneras seguirán practicándose abortos clandestinos, opinión con la que, consultado aparte, coincidió ayer el director del Antiguo Hospital Civil (ver aparte).

Pero, además, tanto el PRD como el PSD denunciaron que decisiones como la del Congreso de Jalisco, y que están discutiéndose en otros poderes legislativos estatales, evidencian la intervención de jerarcas de la Iglesia católica en asuntos de gobierno, lo cual pone en peligro al Estado laico y podría configurar delitos electorales, de gravedad particular en tiempos de elecciones.

En el estado, el diputado local del PRD Carlos Orozco Santillán explicó que su partido revisa la procedencia de una controversia constitucional ante la reforma. Lamentó también la intervención del cardenal Juan Sandoval Íñiguez en la vida política de Jalisco. Esto, porque la iniciativa popular fue retomada —aunque ya se había acordado que no se discutiría hasta agosto, una vez que pasaran las elecciones locales— por los acuerdos entre el arzobispo de Guadalajara y el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Javier Guízar Macías, que fueron respaldados por el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

A los reclamos de Orozco se sumó el presidente del PRD en la entidad, Antonio Magallanes, quien criticó que los diputados desconocieron la existencia de un problema de salud pública, y anunció que el tema será llevado a las instancias nacionales del partido, para definir las acciones legales que emprenderán.

Magallanes dijo que el cardenal debería respetar los señalamientos de la Biblia, de dar “lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios”, y consideró que el prelado “está confundido” y se “está excediendo”. Le pidió, “con clemencia”, que “no se meta con lo que Dios manda”. Y agregó que es extraño que hace poco tiempo el PRI registró su plataforma definiéndose como un partido socialdemócrata y ahora actúe “como los de El Yunque”.

Orozco consideró que su partido tendrá que acordar una estrategia nacional “para detener la política electoral que desde el púlpito se está haciendo en diversas partes del país”. Insistió en que la reforma se aprobó con el falso debate de que existen actores políticos a favor de la muerte. Afirmó que “no conocemos ningún hombre o mujer de Estado que se oponga a la vida en este país; por eso participamos en la democracia”.

Carlos Orozco Santillán y Enrique Alfaro Ramírez, también diputado local del PRD, abandonaron el jueves la sesión plenaria antes de que se votara la reforma, mientras que su líder de bancada, Samuel Romero, se abstuvo, por lo que su voto se sumó al de la mayoría.

Gira por estados

El PSD, por su lado, iniciará acciones legales contra decisiones como la de los diputados de Jalisco. El presidente nacional, Jorge Díaz Cuervo, y su vicepresidente, Luciano Pascoe, iniciarán el lunes, en Tabasco y Pachuca, una gira para defender al Estado laico, pues, de acuerdo con este partido —que pugna por la despenalización del aborto—, casos como el jalisciense evidencian una “ofensiva de la derecha” en que la jerarquía eclesiástica interviene en decisiones de gobierno.

En entrevista telefónica, Pascoe señaló anoche que, para el PSD, la decisión de los diputados de Jalisco es “gravísima: es motivo de una gigantesca preocupación que en un estado tan importante como Jalisco se apruebe algo que contraviene el derecho de las mujeres a decidir”.

De hecho, planteó que la intervención de jerarcas católicos podría configurar delitos electorales, por la intromisión de la Iglesia en asuntos de materia electoral y política.

Explicó que el PSD también buscará interponer controversias constitucionales contra esta decisión y discusiones similares en otros estados y —sin conocer la postura planteada por los perredistas de Jalisco— dijo que preocupa “no sólo el silencio cómplice del PRI y de los partidos satelitales, sino además, de la izquierda: el PRD, Convergencia y el PT no parecen partidos que defiendan el Estado laico”.

De acuerdo con Pascoe, los partidos políticos sí tienen posibilidades legales de combatir jurídicamente los “blindajes” antiaborto, con recursos como la controversia constitucional, e insistió en las críticas: “Nos sentimos muy solos como partido: todos los demás están cuidando sus votos, pensando que es más barato para ellos quedarse callados que defender un principio tan importante y que nos costó tanto, que fue sacar a la derecha y a los curas de los Congresos”.

La controversia constitucional

La controversia es una acción legal que se puede emprender contra modificaciones a la Constitución, cuando se considera que contravienen sus principios o que se exceden

Aunque es una figura reservada en casi todos los casos para conflictos entre autoridades de los diferentes niveles, en el artículo 105 de la Constitución mexicana se prevé que puedan ejercitarla “los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales, y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo que les otorgó el registro”

El aborto en México

4 mexicanas mueren a diario por complicaciones vinculadas al aborto

1,000 legrados clandestinos se practican cada año en México

3 estados tienen legislaciones antiaborto: Sonora (gobernada por el PRI), Morelos (PAN) y Baja California (PAN); sólo está vigente en las dos últimas

La reforma en Morelos prevé cárcel hasta por cinco años, pero puede sustituirse por tratamiento médico o psicológico

En Baja California, la ley fue combatida por el ombudsman estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque viola los derechos de la mujer a la vida, la salud, la libertad y la autonomía reproductiva

Fuentes: ONU, OMS, códigos penales de Morelos y Jalisco

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