El borrador de la nueva normativa de admisión de alumnos permite suprimir unidades para “adecuar la planificación a la demanda”
Vincula la organización del sistema a la “demanda social”, en línea con la Lomce y las reclamaciones de los grupos educativos católicos
Un informe técnico alertó del margen de discrecionalidad que creaba la normativa, lo que ha llevado a la Junta a corregirla
La Junta de Andalucía prepara una fuerte sacudida al mayor sistema escolar de España. El Gobierno autonómico de PP y Cs impulsa una reforma que sujeta la planificación de las plazas a la “demanda social”, lo cual beneficia a la educación privada concertada en detrimento de la pública y coincide con lo que reclaman organizaciones como la Conferencia Episcopal y Escuelas Católicas.
La Consejería de Educación y Deporte del Gobierno de Juanma Moreno (PP), departamento dirigido por Javier Imbroda (Cs), trabaja ya con dos borradores, uno de un decreto y otro de una orden, cuya aprobación cambiaría el modelo educativo andaluz. Los delegados de Educación en las distintas provincias podrán, una vez finalizado el plazo de solicitudes para el curso siguiente y antes de resolver las admisiones, modificar el número de unidades de los centros públicos para “adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias”, según recoge la orden, actualmente en tramitación.
La reforma da cumplimiento a los programas electorales de PP, Cs y Vox, así como al acuerdo de gobierno entre PP y Cs, que también se han comprometido a extender los conciertos al Bachillerato. Es previsible que estos cambios susciten un vivo debate en la política de Andalucía, así como en su comunidad educativa. La nueva normativa se pone sobre la mesa justo cuando la Junta es objeto de críticas, por parte de la oposición y los sindicatos y organizaciones de izquierdas, por la “reducción” de unidades públicas. ¿Qué son las unidades? Cada una de las clases autorizadas para cada curso. Por ejemplo, en un colegio en el que haya –digamos–, tres clases de 4º de Primaria (4ºA, 4ºB y 4ºC), habría tres unidades de 4º.
El modelo impulsado por PP y Cs Andalucía se sitúa así en estela del desarrollado en Madrid y el blindado por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que vincula la planificación educativa a la “demanda social”. Tanto PP y Cs, que gobiernan juntos la Junta, como Vox, su socio parlamentario, comparten una cerrada defensa de la “libertad de elección” de centro educativo. Con esta expresión se hace referencia a su defensa de la obligación de la Administración a sufragar con fondos públicos las opciones educativas que decidan los padres para sus hijos, aunque estos quieran que estudien en la privada. Es lo que se llama en España educación concertada, una opción blindada legalmente desde 1985 que consume más de 6.000 millones de euros públicos al año y está en constante crecimiento.
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