Con el Gobierno de centro derecha, el presupuesto por curso bajó de los 114.000 euros de 2010 a los actuales 80.500, ahora la iglesia católica se moviliza y mueve a los padres de sus centros contra el gobierno.
El PC, socio del Gobierno socialista de António Costa, tiene controlado a los sindicatos; pero la paz callejera se ha roto por un lado insospechado. Desde hace unas semanas, padres de familia persiguen al primer ministro allí donde va, envían cartas de protesta, y representantes de la Iglesia católica se reúnen con el presidente del país para que medie ante el Gobierno. La cuestión es que el Ministerio de Educación pare su idea de recortar la financiación a la escuela concertada.
La decisión no es tan tajante y absoluta, pero ha bastado para que la Iglesia católica, con mayoría de los colegios afectados, proteste por los medios que puede. El Gobierno no quiere acabar con la concertada, pero busca atajar la redundancia de escuelas en áreas próximas. También poner fin al contrasentido de que haya escuelas públicas medio vacías por falta de estudiantes y muy cerca en esa misma zona, el Estado tenga que subvencionar a colegios concertados; cada uno recibe al año 80.500 euros por curso, según datos oficiales. El Gobierno ha presupuestado para este año un gasto en este capítulo de 139 millones de euros y espera ahorrarse en el siguiente unos 40 millones de euros.
El ministerio dirigido por Brandão Rodríguez, el más joven del ejecutivo, ha utilizado hasta Google Maps para medir las distancias entre centros de enseñanza redundantes. Después, técnicos del ministerio hicieron el recorrido entre los colegios con el fin de medir el impacto del transporte de los alumnos. No todos los cursos están afectados, sólo 5º, 7º y 10º.
En Portugal existen medio millar de colegios privados o de cooperativas, pero la medida solo afecta a 39 de los 79 colegios concertados de los cursos afectados, que no recibirán la subvención porque hay otro colegio en la zona que en esos cursos no cubre el cupo de alumnos. Se calcula que, debido a la medida, unos 10.000 alumnos deberán mudarse a un colegio público, pues los concertados ya han anunciado que irán al cierre en el caso de que acabe la ayuda del Estado.
La norma entra en vigor estos días, con la elección de colegios del próximo curso. Por ello, el ministerio establece en las normas de elección una nueva cláusula por la que impide que los centros concertados solo puedan admitir a “alumnos que residan en el área geográfica de la oferta que abarca el contrato”. Educación ha garantizado que tiene plazas públicas suficientes para todos los alumnos que las precisen.
La decisión gubernamental ha abierto la crítica más eficaz de los partidos de la oposición, el PSD y CDS-PP. Las juventudes del PSD han difundido carteles en donde se compara al ministro con Stalin, los padres se han echado a la calle con camisetas alusivas y la Iglesia católica —la más perjudicada porque gestiona gran parte de la concertada — mueve sus hilos en instancias más altas, concretamente ante el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que promete calmar las aguas.
Entremedias, también se han cruzado números que, según la fuente, en nada coinciden: los millones que se gasta el Estado en la enseñanza concertada, o lo que se ahorra el Estado gracias a los colegios semiprivados. Según laAsociación de Escuelas Privadas y Cooperativas (AEEPC), la escuela concertada le sale más barata al Estado que la Pública.
La asociación advierte que la medida adoptada por el Ministerio —que no estaba prevista ni en el programa electoral del PS ni en el del Gobierno— provocará el cierre de 39 colegios en este primer año y el despido de 4.000 personas, entre docentes y empleados, con un gasto público en indemnizaciones y subsidios de 54 millones de euros.
El recorte a la escuela concertada no llega con el Gobierno socialista. Durante la pasada legislatura, con gobierno de centro derecha (PSD-CDS), el presupuesto por curso bajó de los 114.000 euros de 2010 a los actuales 80.500, y de los 2.100 cursos subvencionados a los 1.700.
