La Cámara de Senadores inició este primero de febrero los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones -el último de la presente Legislatura- con varios pendientes relevantes y con la obligación de revisar aquellas reformas que están en espera de ser dictaminadas. Una de ellas, la reforma del artículo 24 constitucional, aprobada el pasado 15 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Justo el día en que el Senado comenzó a sesionar, el Foro Cívico México Laico organizó un evento en el Hemiciclo a Juárez, donde tuvo lugar la lectura y firma de la Declaración Ciudadana México Laico, documento que expresa la preocupación de más de ochocientas iglesias evangélicas y más de mil seiscientos académicos, asociaciones civiles e intelectuales, entre los que destacan Roberto Blancarte, Jorge Carpizo McGregor, René Drucker y Elena Poniatovska.
Este acto de protesta fue en defensa del Estado laico y en pro de nuestras libertades. Como se sabe, la reforma en cuestión sienta las bases para el desmantelamiento de la laicidad del Estado mexicano y de aquellas principales reformas liberales que le costaron a México una guerra civil con innumerables pérdidas humanas. El triunfo de Juárez y de las fuerzas liberales sobre la Iglesia católica y su fiel aliado, el Partido Conservador, "reafirmó la soberanía nacional y el Estado logró la supremacía frente a la Iglesia".
La "intencionalidad" de la reforma es clarísima: "se pretende usarla como punta de lanza para modificar los artículos de nuestra Constitución que son pilares del Estado laico". Si la reforma prosperara, se estarían sentando las bases para el establecimiento del Estado confesional, en el cual habría privilegios sólo para la Iglesia católica, y sometimiento, discriminación e intolerancia para las minorías religiosas.
La Declaración Ciudadana -que ya fue recibida por el Senado de la República- destaca que "un punto central de esta cuestión es la redefinición de la 'libertad de religión' que pretende implantar la jerarquía católica, quien oferta un concepto tendencioso y sesgado de dicha libertad, asegurando que ella exige, entre otras cosas, impartir educación religiosa en las escuelas públicas".
Los autores de esta manipulación buscan privilegios; ellos saben perfectamente bien que la redacción del artículo 24 no necesita ser modificada para que los creyentes católicos gocen del derecho fundamental de libertad religiosa. El texto constitucional garantiza libertad de creencias y de culto, pero siempre en el marco de un Estado laico, que es el único terreno donde florece la genuina libertad religiosa.
Millones de mexicanos han levantado la voz para exigir que en nuestro país prevalezca el Estado laico, régimen jurídico que se encarga de otorgar libertades a todas las asociaciones religiosas, sin proporcionar un trato preferencial a una de ellas. La laicidad nunca ha sido del agrado de los jerarcas católicos, enemigos a ultranza de las reformas que menguan sus bienes y privilegios, y amantes de los regímenes donde el catolicismo tiene un lugar preponderante.
Finalmente, quiero hacer hincapié en el tercer punto de la Declaración Ciudadana, donde se menciona qué grupos sufrirán las consecuencias de la reforma del artículo 24 constitucional: las minorías religiosas. El documento señala: "La implantación de educación religiosa en las escuelas públicas ocasionará que los niños y adolescentes que profesan una fe distinta a la católica sean víctimas de actos de intolerancia y discriminación, lo que incrementará la deserción escolar. Así, la religión se convertirá en un factor de división entre los alumnos que profesan distintos credos, lo que con el tiempo será un elemento de polarización social que dañará gravemente nuestra convivencia".
Si con un Estado medianamente laico tenemos serios problemas de intolerancia y discriminación en algunos estados de la República, ¿se imagina usted lo que sería de nuestro país si se consuma el desmantelamiento del Estado laico? Hasta hace algunos años, los hijos de los Testigos de Jehová en edad escolar eran tratados cruelmente en las escuelas públicas porque por causa de su fe, se negaban a honrar los símbolos patrios. La intolerancia en agravio de éstos fue diversa: aislamientos, bajas calificaciones, expulsiones y calificativos denigrantes, tales como fanáticos, apátridas, sectarios, etcétera. Hoy en día, en muchas comunidades de San Juan Chamula, Chiapas, las escuelas públicas sólo son para los niños católicos. Los hijos de los evangélicos no tienen lugar en esos espacios públicos. Si queremos que nuestros hijos no experimenten sufrimientos como éstos, sigamos en pie de lucha.
