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Por un Estado Laico. Propuesta de Ejes Programáticos de IU

6. POR UN ESTADO LAICO

El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho de los individuos al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad. En un Estado de Derecho, esta libertad debe estar protegida frente a cualquier tipo de imposición e injerencia que la anule o restrinja, así como frente a cualquier discriminación o privilegio por parte de personas o instituciones en función de sus convicciones ideológicas. Recogemos las reivindicaciones de los movimientos sociales por una sociedad laica y las hacemos nuestras como condición necesaria para una ciudadanía digna de tal nombre.

En el estado español, a día de hoy, no existen tales condiciones, puesto que el carácter aconfesional formalmente aludido en la Constitución viene inmediatamente negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esas relaciones se siguen sustentando en el Concordato franquista del año 53, su renovación en los Acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 y en leyes como la de Libertad Religiosa de 1980 que, en la práctica, amparan subvenciones, privilegios fiscales, presencia y simbología religiosa en las instituciones públicas, etc., negando de raíz el principio elemental y democrático de la separación entre Iglesias y Estado.

Dentro de este marco, intocable durante más de treinta años de Transición, se mantienen leyes en las distintas administraciones del Estado normas y costumbres que contravienen el principio de igualdad de los ciudadanos y el respeto a todas las conciencias, otorgando un trato de favor a la Iglesia Católica – al que aspiran también otras confesiones religiosas – con total menosprecio para las ideas y convicciones de los no creyentes, en clara contradicción con los fundamentos de derecho que se dice defender.

Por todo ello proponemos:

Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas así como a sus Actividades.

Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos públicos y en los espacios de titularidad pública (ayuntamientos, centros cívicos y culturales, escuelas, universidades, hospitales, cárceles), que tampoco podrán ser utilizados para actividades de culto o de proselitismo.

La formación religiosa, para quien la dese, debe quedar fuera de la enseñanza oficial, esto es, fuera del currículo, del expediente y del horario lectivo.

Respetar en el ámbito escolar el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia del alumnado y del profesorado, suprimiendo cualquier adoctrinamiento religioso en los centros escolares así como la exhibición de símbolos confesionales.

No puede haber financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión y segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado.

Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil, escolar, administrativa, etc., incluida la declaración del IRPF.

Cualquier persona adulta podrá hacer valer, consciente y libremente, su derecho a unirse o renunciar formalmente a determinada adscripción religiosa con la cancelación de sus datos personales.

Excluir de los centros públicos sanitarios, residencias,… la presencia institucional de clérigos.

Garantizar en toda la red sanitaria pública la atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el derecho a una Muerte Digna y a las disposiciones del Testamento Vital.

Facilitar que cualquier ceremonia civil (acogida, matrimonio, funeral,…) pueda celebrarse dignamente al margen de connotaciones religiosas.

Crear Oficinas de Defensa de los Derechos y Libertades de los Ciudadanos con el objetivo de facilitar códigos de diálogo y de convivencia cívica entre las distintas opciones filosóficas e ideológicas, así como para la defensa y protección de derechos y libertades.

Con el fin de fortalecer dicha convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: incorporar conmemoraciones de carácter civil al calendario laboral y escolar, nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, fechas fijas y denominación neutra de las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato y espacio concedido a sectores confesionales.De forma análoga, los actos de naturaleza confesional específica no tendrán carácter “oficial”, por lo que ningún funcionario público deberá participar, y menos ser obligado a ello, en su condición de tal.

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