Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigimos al Estado Nacional y a los Estado provinciales, la ejecución de políticas públicas que garanticen nuestros derechos, en especial, el acceso al aborto legal en caso de riesgo para la salud o la vida o en casos de violación, como lo establece el artículo 86 del Código Penal desde 1921.
Nos preocupa que la reacción de la Iglesia Católica haya sido más fuerte que la garantía de derechos de las mujeres como política de aplicación de las legislaciones vigentes, ante los anuncios del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, sobre la formación de un equipo de profesionales de la salud en dicha provincia para la concreción de los abortos no punibles en casos en los que no sean posibles de realizar en los hospitales públicos donde todos los profesionales son objetores. Nos resulta inaceptable que se hagan este tipo de anuncios y luego se retroceda por el accionar de grupos religiosos, en detrimento del cumplimiento de la legislación vigente y los tratados de derechos humanos.
Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires ya ha sido observada por el Comité de Derechos Humanos en el caso L.M.R., por no haber permitido que esta joven accediera al aborto no punible que le correspondía. Hace unos meses atrás, también reclamamos que se garantice la salud integral de otra niña, en este caso, de la localidad de Moreno, ante el incumplimiento en el Hospital Mariano y Luciano De la Vega respecto del protocolo de Abortos no Punibles por la causal violación. Aborto que las organizaciones de mujeres garantizamos, y frente al cual el Ministerio de Salud de la Provincia no ha tomado medidas frente a los profesionales que no sólo negaron el aborto legal, sino que además maltrataron a la niña, su madre, y a trabajadores del hospital que las estaban auxiliando.
La única respuestas a estos incumplimientos fue el inicio de los debates en el marco de mesas de diálogo entre organizaciones sociales e integrantes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que buscan canalizar los reclamos del movimiento de mujeres para trabajar en forma conjunta sobre nuevas políticas públicas, por las que se garantice el acceso a los derechos a todas las mujeres. Sin embargo, nos encontramos con que los pequeños avances logrados, como el equipo móvil -el mismo equipo que resolvió el aborto legal por causal violación de una mujer que la Jefa de Servicio de Obstetricia del Hospital San Martín de La Plata obstaculizaba- no se terminan de afianzar por falta de compromiso político, del gobernador Daniel Scioli y los funcionarios del ministerio de salud, bajo la dirección del Dr. Collia.
No podemos desconocer además, que la mayor parte de las provincias aun no ajustaron sus protocolos de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. del año 2012; así como también observamos que se siguen obstaculizando el acceso a diferentes métodos anticonceptivos. Por ejemplo, en Santiago del Estero, Salta y otras provincias las jerarquías eclesiásticas han lanzado su ofensiva pública contra un anticonceptivo seguro que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable está proponiendo a las adolescentes que han pasado por un evento obstétrico, sea parto o aborto, para que estén protegidas correctamente y luego poder evaluar el nivel de adherencia a dicho método. Las Jerarquías eclesiásticas siguen juzgando bajo su moral la libertad sexual de las mujeres. Otro clara muestra de la falta de decisión política de los poderes ejecutivo nacionales y provinciales, y en particular del Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, para hacer cumplir la ley vigente, y denunciar a los grupos que intentan obstaculizar ese cumplimiento.
Insistimos además en la importancia y la urgencia de que el Congreso de la Nación debata y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado en abril de este año por quinta vez, con el aval de más de 60 diputados y diputadas de distintos bloques parlamentarios, un paso ineludible para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
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