Por qué una educación laica

Cuando nace la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) en el año 2011, aún no se tenía conciencia del alcance real que llegaría a poseer la movilización social por una mejor educación. Nuestras discusiones internas eran bastante básicas y se limitaban a demandas urgentes por reparar aquello que más necesitábamos como estudiantes en ese momento preciso, es decir, una educación gratuita y de calidad a la que todos pudieran acceder en igualdad de condiciones.

A medida que ha pasado el tiempo hemos ido madurando nuestra voluntad de cambio, y hemos llegado a entender la verdadera profundidad que tiene el debate educacional en nuestro país. No es sólo que el Estado se haga cargo de los establecimientos educativos y que los vuelva gratuitos para todos, sino que se trata de cómo transformar radicalmente las lógicas y dinámicas que animan a nuestro actual sistema de educación, con miras a la sociedad del futuro que queremos crear.

Es por la naturaleza de esta nueva sociedad que se requiere formar a los niños y jóvenes en una educación laica, pluralista y democrática.

¿Con base a qué decimos esto? ¿Qué es lo que buscamos? Permítame detallarlo con claridad.

El Chile republicano no se origina en medio de un remanso de paz y tranquilidad. Emerge de las bases fracturadas (pero no destruidas) del colonialismo español, y se forja en feroz disputa entre dos visiones diametralmente opuestas: la visión conservadora, que aspiraba a construir un país en que primara el respeto al orden, la autoridad y los valores católicos, versus la visión liberal, que pugnaba por un país laico, democrático y moderno.

Ambas posturas fueron anotándose victorias y derrotas, incluso desde el primer gobierno de José Miguel Carrera, joven liberal e independentista convencido. Es bajo su gobierno que, en el año 1811, nace el Instituto Nacional, ejemplo insigne de una educación pública, laica y de calidad. Al igual que Carrera, la gran mayoría de los próceres de América siempre entendieron que no era posible alcanzar la independencia definitiva del colonialismo y de todo lo que representaba – es decir, el dogmatismo católico, el feudalismo, el atraso técnico y valórico, etc.-.

A medida que pasaron los años y la contradicción entre clericales y laicos iba agudizándose, en el plano educativo es preciso destacar la fundación de la Universidad de Chile, en 1842, de impronta decididamente laica. 

Luego de varios años y de una serie de convulsiones históricas, el Estado de Chile fue ampliando su cobertura educativa, casi cien por ciento estatal, y entendiendo siempre que, en las escuelas y liceos fiscales, debían primar los valores republicanos y laicos, sobre todo durante el periodo del Estado Docente.

Esta educación era de gran calidad y un ejemplo a nivel internacional, si bien el fisco recaudaba recursos muy menores a los que recauda actualmente para destinarlo a su reforzamiento y cobertura. Con los dineros de todos los contribuyentes se construía una educación con miras a un país en desarrollo, que fue capaz de darnos dos premios Nobel y una educación que formaba ciudadanos.

Mucho se retrocedió en estos aspectos a partir de la dictadura militar, especialmente  en los años ochenta. El régimen pinochetista entendía a la educación como un simple negocio más, y no sólo abandonó a su suerte la educación pública, sino que la privatizó y se la entregó a empresarios poco pudorosos y a organizaciones religiosas, que harían de estos colegios una mezcla oprobiosa entre cuarteles y conventos. Los valores del laicismo y del pluralismo, tan necesarios para formar una sociedad sana y desarrollada, fueron barridos de las aulas, y reemplazados por el autoritarismo militarizado y moralista. ¿Cómo? De muchas formas, pero una de las más graves es el Decreto Ley 924.

En 1983, la Dictadura militar a través de su Ministra de Educación, doña Mónica Madariaga, promulgó el DL 924, por el cual se obligaba a todos los colegios a impartir dos horas semanales de clases de religión en todos los establecimientos del país, públicos y privados. Esto se traduce en la imposición para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile de estar presentes en su sala de clases oyendo la enseñanza de algún credo particular (catolicismo en la mayoría de los casos) o incluso la enseñanza de alguna corriente interna de ese credo en específico (como sucede en los colegios con influencia del Opus Dei).

Desde entonces, en la gran mayoría de las escuelas y liceos del país no existen alternativas para esos estudiantes, ni espacios para dedicar tiempo a otra actividad pedagógica. Esta carencia obliga a los estudiantes a permanecer en sala y soportar de todas formas la asignatura, como quedó de manifiesto con el reciente caso de un niño de Providencia, hijo de la apoderada Úrsula Eggers, la que denunció acoso y violencia hacia el niño por parte de un liceo público de la comuna, el cual, paradójicamente, no tenía alternativas a la educación católica y consideró apropiado perseguir al niño y su familia por su rechazo a esa norma.

Estas situaciones violan flagrantemente la actual Constitución de la República, que en su artículo 1º reza: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear todas las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”

También la Convención de los Derechos del Niño, firmada por nuestro país en 1990, que dice en su Artículo 14º: “1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades”.

Cuando una creencia se manifiesta en el espacio público y en las comunidades escolares de manera impositiva, aplastando visiones diversas en materias morales y valóricas, pasa a llevar tanto a los estudiantes como a sus padres.

Urge crear alternativas a las clases de religión, lo que pasa necesariamente por derogar el Decreto Supremo 924 de la dictadura de Pinochet. Como movimiento social por la educación nos comprometemos a seguir saliendo a las calles para construir una educación verdaderamente laica para Chile.

Resulta irrisorio que muchos que predican la libertad y la capacidad de elegir sean quienes más se opongan a la legítima autodeterminación de las personas en estos temas. Nadie está planteando la proscripción de ningún credo, o de su enseñanza en las escuelas; todo lo contrario. Estamos planteando la necesidad de tener alternativas, pues la simple imposición de una visión unívoca es propia de las dictaduras, como la que impuso la religión en nuestras escuelas.

Chile tiene una deuda enorme en materia de Derechos Humanos, déficits estructurales en materia de cultura democrática y civilidad, junto a una inusitada incomprensión para con las diferencias y la diversidad. Bien podría el currículum prescindir de la religión obligatoria e incorporar nuevas visiones al paradigma educacional de todas escuelas, y especialmente de las escuelas públicas, por cuanto les pertenecen a todos los chilenos.

Estas nuevas visiones pueden traducirse en una nueva asignatura que reemplace a la religión, una que incorpore educación en Derechos Humanos, formación ciudadana, drogas, género, afectividad y sexualidad, nutrición, entre otras temáticas de interés de los niños, y de importancia capital para la sociedad del futuro que queremos tener.

Es en la educación donde siempre se han formado, se forman y se formarán los hombres y mujeres del mañana, y estos seguirán mayormente los patrones con que sean formados, para bien o para mal.

Sólo miradas muy estrechas podrán negar la urgencia de educarnos en la cultura de la democracia y el pluralismo, y de abandonar autoritarismos anacrónicos heredados del autoritarismo y la dictadura.

Reivindiquemos, pues, el laicismo en la educación, el consenso universal de los Derechos Humanos y el respeto por nuestros niños, para que las salas de clase pasen a ser de todos los chilenos.

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