Se desconoce el número de propiedades de la Iglesia en Galicia. Desde la reforma hipotecaria de 1998, en todo el estado, la Iglesia Católica ha registrado una gran cantidad de edificios y terrenos. El gobierno central ha exigido una lista de todas las propiedades. Esta lista aún no se ha hecho pública y algunos temen que haya negociaciones entre el gobierno y los representantes eclesiásticos.
La reforma de la ley hipotecaria hecha por el gobierno de José María Aznar en 1998 permitió a la Iglesia registrar lugares de culto, por lo que podría tener la propiedad de templos y lugares anexos que hasta entonces estaban en una casta de limbo legal. Esto significó que en algunos lugares los residentes y los ayuntamientos, los ayuntamientos y las asociaciones cívicas exigieron la declaración de dominio público de algunas de estas propiedades ante los tribunales. Algunos casos se resolvieron a favor de los demandantes, otros quedaron en manos de la Iglesia con un fallo a favor.
El hecho es que en 2014 se anunció otra reforma de la ley de hipotecas, que elimina ciertos privilegios que los obispos han tenido desde 1946. El estado, anunció la reforma, dará a las autoridades eclesiásticas un año para catalogar y recopilar toda la información y datos sobre sus posesiones. Esta información está en manos del Gobierno, y las estimaciones indican que la cantidad de artículos que componen este catálogo de propiedades está entre 30,000 y 40,000.Pero debe reconocerse que todavía son datos especulativos. Hasta la apertura de estos documentos, no se sabrá qué tan lejos está la capacidad patrimonial de la Iglesia.
Primeros pasos
En 2007 estalló el escándalo. La Iglesia lo ha registrado (ha sido mencionado como su propiedad) con interés cultural en Andalucía, como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Además, también se registran viñedos y otros tipos de tierras rústicas y no rústicas. Al menos siendo propiedad pública, las protestas llegaron al gobierno central.
Todo esto vino de lejos. En 1946, el régimen franquista decidió compensar a la Iglesia por las “pérdidas” derivadas de la “nacionalización de bienes llevada a cabo por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931” , según explicó el Grupo Conjunto de Izquierda (anteriormente In Tide) en una apelación del 12 de noviembre. de 2018.
Esta compensación se realiza a través de una ley hipotecaria que otorga poderes a los obispos, similar a los de un notario. Simplemente tenía que presentar un certificado con su sello y firma para reclamar cierta propiedad. Todavía había lugares de culto que finalmente podrían registrarse con la reforma de la ley de hipotecas de 1998. “Esto hace que miles de propiedades sean nombradas en la iglesia pagando 30 euros, que es lo que vale cada registro”, dice Gómez.
“No sabemos el número de registros realizados por la Iglesia. Hay una lista que los ejecutivos de Rajoy’s y Sánchez han prometido publicar por mandato del Congreso de los Diputados ”, dice Antonio Gómez, de la asociación Europa Laica. “Se registrarían 40,000 propiedades aprovechando la reforma de la ley hipotecaria realizada durante el gobierno de Aznar, y de ese total, calculamos que 18,000 propiedades pueden ser templos, el resto no sabe lo que pueden ser”.
“Nuestro objetivo es buscar la invalidez de los registros realizados, así como que los templos que tienen interés histórico y artístico se conviertan en el estado”, dice Gómez, quien también señala que “es un escándalo porque no ocurre en ningún otro lugar del mundo, que el patrimonio histórico artístico está en manos de la Iglesia “.
En 1979 se firmaron los llamados Concordatos entre España y la Santa Sede (Vaticano). Algunos puntos de los acuerdos previos entre el Estado español y el papado fueron así reformados. ¿Existe una relación entre estos Concordatos y el registro de bienes? “No tiene nada que hacer”, declara Antonio Gómez.
Sin embargo, en el sitio web de la Conferencia Episcopal Española, podemos leer que “los Acuerdos de 1979 establecen, para las instituciones de la Iglesia en sentido estricto, una lista cerrada de bienes inmuebles con exención de Contribución Urbana, hoy IBI. Estas son las parroquias, sus lugares y la Curia Diocesana, Seminarios y Universidades de disciplinas eclesiásticas, así como las casas parroquiales, la residencia del Obispo y los edificios para la residencia de las Órdenes y Congregaciones religiosas “. Las casas particulares de los sacerdotes permanecieron fuera.
Por otro lado, la Iglesia también utiliza la ley de mecenazgo, señalando que “en su artículo 15.1. que estarán exentos del Impuesto sobre la Propiedad los bienes de los que sean propietarios en los términos previstos en los reglamentos que regulan las Tesorerías Locales, las entidades sin ánimo de lucro excepto aquellas afectadas por operaciones económicas que no están exentas del Impuesto sobre Sociedades ”. Resumiendo “las entidades sin fines de lucro y la Iglesia también están exentas de pagar IBI por aquellos bienes donde se llevan a cabo las actividades mencionadas anteriormente”.
Iniciativas en Galicia
Desde el Parlamento gallego ha habido varios llamamientos tanto al gobierno autónomo como al central para que abran al público toda la información sobre las propiedades de la Iglesia. Así, Luis Bará, del BNG, había presentado una iniciativa parlamentaria para “hacer públicos los registros realizados por la Iglesia entre 1946 y 1998”.
“También pedimos que la Xunta de Galicia establezca una oficina para estar al tanto de las personas que pueden verse perjudicadas por estos registros”, dice Bará. Los afectados pueden ser personas individuales como “comunidades de vecinos y municipios e individuos”. Pero Bará no es muy optimista porque “el PP no hará nada que perturbe menos a la Iglesia. El PSOE también navega allí con cautela, tampoco quiere entrar “. Cuando se le preguntó por qué el PSOE no querría profundizar en este asunto, Bará señala que los parlamentarios socialistas han comentado que “se debe tener cuidado de no tener problemas legales, no quieren que el gallinero se revuelva”.
Al preguntarle el diputado de BNG por qué no divulgan los datos recopilados sobre propiedades eclesiásticas, respondió que “no están interesados, porque expondría todas las trampas, ilegalidades e irregularidades que se han realizado bajo estos cambios legales”. Si se abrieran todos los archivos, los reclamos serían miles. “Hay ciertos sectores del estado que conspiran y protegen los intereses de la Iglesia, que tiene todo tipo de privilegios a pesar de ser un estado secular”.
Otra cosa que se destaca es la restauración de esos activos con dinero público y luego la Iglesia cobra por el acceso al templo o parte de ese templo. Como “la maniobra de la Catedral de Santiago, aparte de la propiedad del templo, los trabajos de restauración se realizaron con fondos estatales, la Xunta de Galicia y contribuciones de fundaciones privadas”, dice Bará. “Esto debería conducir a un acceso gratuito porque es un interés cultural de dominio público”.
Multa y acusación de privilegios
En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos multó a España con 600,000 euros por no salvaguardar los derechos de igualdad y seguridad jurídica. Según Europa Laica esta frase “denunció el tratamiento del favor de la Iglesia por la ley española”.
Por otro lado, en la misma queja presentada por el Grupo Común da Esquerda (anteriormente En Marea, antes de la división parlamentaria), se estima que desde 1998 la Iglesia “ha registrado alrededor de 4.500 bienes inmuebles de diversos tipos”. En el mismo documento indican que “a pesar de la impresionante cifra, solo el 10% de la propiedad registrada por los obispos desde la década de 1940. Entonces, ¿por qué el PSOE se enfoca solo en las apropiaciones después de 1998?”
La pregunta se relaciona con el hecho de que la iniciativa de reclamar información sobre propiedades eclesiásticas, instó al Gobierno a solicitar al Colegio de Registradores de Propiedades “una lista de todos los registros realizados bajo la sección 2006 de la Ley de Hipotecas, que fue derogada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de la Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la derogación mencionada ”. Quedarían fuera casi cincuenta años de apropiaciones de la Iglesia.
El PSdeG-PSOE acusó al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, de mantener privilegios para la Iglesia con la intención de “perdonarles el pecado original de la corrupción del PP”. La diputada socialista, Patricia Vilán, dejó en claro estas palabras después de que Feijóo declarara en el acto de Conmemoración del XXV aniversario del Consejo de Cuentas y en el escaño parlamentario, en el que “aludía a la corrupción como característica característica de la raza humana alusiva a la manzana de Adán y Eva”.
Vilán agregó además que la Iglesia no debe ser tratada como una institución pública sino privada. Señaló que “existe una desgravación fiscal del 0.7 por ciento del impuesto sobre la renta personal, exenciones y exenciones fiscales como el IBI, y en qué medida y tiempo la Iglesia tiene la intención de seguir siendo beneficiario del dinero público, tiene que someterse al principio de transparencia y control por parte de la Junta de Cuentas ”.
Las conclusiones en este momento son que para tener una idea de lo que es o no propiedad de la Iglesia, uno tendría que ir caso por caso. Es decir, solo si el Gobierno Central que salga de las elecciones del 10N, se decide a hacer públicas las propiedades registradas por los obispos y otros funcionarios eclesiásticos. Por otro lado, el reclamo de ciertos bienes inmuebles, como iglesias o catedrales como propiedad pública, tendría sentido cuando no se sabe, en muchos casos durante cientos de años, quién sería o no el propietario.
Traducción del gallego: Asturias Laica
